Cuando la ciudadanía podía salir a la calle y, de hecho, salía para protestar, también había vulneración de las libertades. Es el resumen del informe anual elaborado por Amnistía Internacional sobre Europa, en el que denuncia las violaciones de derechos humanos ocurridas en la región, también en España, en 2019.
“En 2019 hubo personas discriminadas, amenazadas, intimidadas, sometidas a un uso excesivo de la fuerza por la policía y procesadas en toda la región de Europa y Asia Central. Sin embargo, la movilización de grupos de base formados por personas valientes que se atrevieron a alzarse ante los Estados y exigirles rendición de cuentas hace surgir un rayo de esperanza en el futuro”, afirma Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa.
Sobre España, la organización destaca los obstáculos para acceder a la vivienda y a los servicios de salud: «Pese a las recientes reformas, las personas migrantes en situación irregular han seguido encontrando trabas para obtener atención sanitaria. También han continuado los desalojos tanto por impago de hipotecas como de alquileres y otros motivos, algo que ha afectado a más de 54.006 personas, quedándose muchas de ellas sin alternativa habitacional».
Además, las autoridades han seguido recurriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer sanciones administrativas a manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. «En algunos casos, estas medidas han seguido restringiendo de manera ilegítima el derecho de estas personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica y su derecho de acceso a la información», sostiene Amnistía, que destaca también las penas de prisión impuestas a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y a siete altos cargos catalanes en noviembre de 2019 tras el 1 de octubre. «Son consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español y de la interpretación, excesivamente amplia y peligrosa, de esta definición que ha hecho el Tribunal Supremo», denuncia Amnistía Internacional.
Tras la publicación de esta sentencia condenatoria, se produjeron actos de protesta en Cataluña: «Aunque estas manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, se registraron varios incidentes violentos, durante los cuales cientos de personas resultaron heridas. Entre ellas figuraban 318 agentes de las fuerzas de seguridad, uno de ellos con lesiones graves. En varios casos, la policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes. Al menos 367 personas necesitaron atención médica y, según informes, cuatro de ellas perdieron la vista de un ojo, tras haber sido alcanzadas por balas de foam y pelotas de goma disparados por la policía». Estas son las principales denuncias del informe.
La independencia del poder judicial
En Polonia, el partido gobernante tomó medidas más drásticas para controlar la judicatura y los tribunales. Miembros de la judicatura y la fiscalía se vieron expuestos a sufrir acciones disciplinarias por pronunciarse en defensa del poder judicial, y a ser ellos mismos víctimas de violaciones de derechos humanos, denuncia el informe. Muchos fueron objeto de campañas de desprestigio en redes sociales y medios de comunicación estatales.
En mayo, la Comisión Europea advirtió a Rumanía de que debía abordar asuntos como la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial o podía enfrentarse a la suspensión de algunos de sus derechos como Estado miembro por violación persistente de los valores fundacionales de la UE. En Turquía, aunque el Parlamento aprobó un conjunto de reformas judiciales, estas no abordaban la extrema presión política ejercida sobre el poder judicial ni ponían fin a los enjuiciamientos y fallos condenatorios injustos y basados en motivos políticos. En Hungría, el gobierno también persistió en sus intentos de socavar la independencia del poder judicial, concluye el informe.
Libertad de reunión pacífica
Hubo manifestaciones multitudinarias en numerosos países de Europa, entre ellos Francia, Austria, Polonia, Rumanía, República Checa y Hungría, en las que la población protestaba por las medidas de austeridad y la corrupción y en defensa de la justicia social y la independencia del poder judicial. Las manifestaciones y huelgas para exigir a los gobiernos que tomaran medidas contra el cambio climático adquirieron carácter periódico en importantes ciudades europeas.
«Muchos Estados reprimieron las manifestaciones con medidas que violaban los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. En Francia, Austria y España, cientos de personas resultaron heridas por la policía durante las protestas. La policía hizo uso excesivo de la fuerza en Francia y disolvió violentamente reuniones pacíficas en Turquía, donde se recurría habitualmente a la prohibición general de las reuniones para negar el derecho a la libertad de reunión pacífica», denuncia Amnistía Internacional. Con frecuencia, prosigue, los Estados no exigieron rendición de cuentas a sus fuerzas de seguridad por la violencia ejercida durante las manifestaciones.
El informe destaca el caso de Moscú y otras ciudades de Rusia, donde multitudes de manifestantes pacíficos protestaban por la negativa de las autoridades a permitir candidaturas de la oposición en las elecciones municipales. «Como parte de la represión resultante se dictaron sentencias condenatorias contra una veintena de participantes, solo por ejercer su derecho de protesta». Las autoridades polacas también hostigaron o degradaron a varios miembros de la judicatura que trabajaban en casos relacionados con protestas.
Migración
Los Estados europeos continuaron eludiendo la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos resultantes de sus políticas migratorias “externalizando” el control de las fronteras en países con un dudoso historial de derechos humanos. «En 2019, las políticas migratorias seguían anteponiendo la protección de las fronteras a la protección de vidas humanas. A pesar de la creciente inseguridad en Libia, los países europeos continuaron cooperando con este país para contener allí a migrantes y solicitantes de asilo».
En noviembre, el gobierno de Italia prorrogó otros tres años su acuerdo migratorio con Libia, a pesar de las pruebas continuadas de que se cometían violaciones sistemáticas de derechos humanos –incluidas torturas– en los centros de detención de Libia. «Ni los informes sobre graves violaciones de los derechos humanos de personas refugiadas y solicitantes de asilo ni el hecho de que se les siguiera negando acceso a protección disuadieron a la UE de asociarse con Turquía para contener la migración mediante el acuerdo UE-Turquía de 2016», denuncia.
Antes de la incursión de Turquía en el noreste de Siria en octubre, Amnistía Internacional asegura que llevó a cabo decenas de entrevistas que apuntaban a que cientos de personas sirias probablemente habían sufrido deportación desde Turquía, entre mayo y septiembre, disfrazada de “retorno voluntario”. Además, el acuerdo está causando niveles de hacinamiento sin precedentes en los campos de las islas del Egeo, donde decenas de miles de personas viven en la miseria.
Ataques a las personas que defienden los derechos humanos
Periodistas, miembros de la sociedad civil y otros responsables de exigir rendición de cuentas a los gobiernos también sufrieron presiones en 2019. “Su labor para exigir a las autoridades que rindan cuentas será todavía más importante durante la crisis de la COVID-19 y después de ella. La humanidad y solidaridad que demuestran hacia los sectores más marginados de nuestras sociedades son ahora más necesarias que nunca, y seguirán siendo fundamentales en el periodo de recuperación tras la pandemia”, ha añadido Marie Struthers.
