Cuando casi todos los focos están puestos en el avance y la gestión de la crisis de la COVID-19, las restricciones en el acceso al aborto vuelven a ser un tema principal en Polonia. Su Parlamento, con el partido ultraconservador Ley y Justicia al frente, ha debatido esta semana –miércoles y jueves– sobre dos proyectos legislativos con los que se buscaba, por un lado, acotar todavía más los casos bajo los que se puede interrumpir legalmente un embarazo y, por otro, prohibir la educación sexual dirigida a menores de edad. Las propuestas –polémicas en muchos aspectos, pero también por ser votadas en plena pandemia– han sido finalmente enviadas a comisión parlamentaria y su aprobación queda así estancada, conforme a la decisión de Ley y Justicia.
Sobre el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, el Gobierno pretendía suprimir el supuesto de anomalía fetal severa e irreversible para acceder al aborto legal. De aprobarse esta restricción, las únicas razones para interrumpir un embarazo de forma legal en Polonia serían dos: cuando este sea resultado de una violación o cuando la vida de la mujer embarazada corra peligro. A efectos prácticos, «este proyecto de ley resultaría en una prohibición total del aborto», apunta la Federación Internacional de Planificación Familiar –IPPF, por sus siglas en inglés– en un comunicado.
Según esta organización, la aprobación de esta norma «obligaría a las mujeres y a las familias a pasar por embarazos contra su voluntad en los casos de anomalías fetales incompatibles con la vida, en un momento de inestabilidad económica dramática y sin el apoyo social del Estado«.
En el mismo comunicado, la Directora Regional de la IPPF, Caroline Hickson, ha apuntado uno de los mayores problemas que entrañan las restricciones en la interrupción voluntaria de un embarazo. «Sabemos que cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a la atención del aborto, en su desesperación recurren a resolver el asunto por sus propias manos, a menudo con consecuencias trágicas», explica.
Otras organizaciones por los derechos humanos también se han manifestado en contra de este proyecto de ley. Entre ellas, Amnistía Internacional. Desde AI Polonia critican el momento en el que se están llevando estas medidas al Parlamento: «Intentar aprobar estas leyes absolutamente retrógradas sería vergonzoso en cualquier momento, pero apresurarse a hacerlo ahora, aprovechando la crisis de COVID-19, es intolerable». En la misma línea se manifiestan desde la IPPF: «Aprovecharse de la crisis sanitaria para atacar la atención médica a las mujeres es imprudente, cruel y una garantía de sufrimiento humano agravado».
A este hecho se han referido también 170 representantes del Europarlamento en una carta en la que piden al Gobierno polaco que rechace estos proyectos de ley. En ella, recuerdan además que las medidas que se pretenden aprobar son «contrarias a los compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por el Estado polaco».
En una situación de parálisis como la que experimentan la mayor parte de países europeos, con restricciones de las congregaciones públicas, es difícil que la protesta social frente a este proyecto de ley se materialice en las calles, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en Polonia por iniciativa del movimiento feminista. Sin embargo, algunas activistas por el derecho al aborto sí convocaron este martes una manifestación desde sus coches en Varsovia en la que exhibieron paraguas desde las ventanillas. En las redes sociales se insta también a que este símbolo de la lucha en favor de la legalización del aborto en Polonia se coloque en ventanas y balcones como señal de protesta.
Contra la educación sexual
Además de lo referente al aborto, el Gobierno polaco decidió estos días sobre otro proyecto de ley que atañe a las actividades que tienen que ver con las acciones de información y educación sexual a menores de edad. En este caso, lo hace, dicen desde la IPPF, «con la excusa de luchar contra la pedofilia». De aprobarse este proyecto de ley, quienes las realicen, se enfrentarían a varios años de cárcel, tal y como explican desde la IPPF.
Sobre este asunto, los 170 parlamentarios y parlamentarias que firman la carta anteriormente mencionada concluyen que «estas propuestas criminalizan a las personas que realizan educación sobre sexualidad y estigmatizan aún más la educación sexual, casi inexistente ya en el país».
Información actualizada por última vez el viernes 17 de abril a las 11h30.
