CIVIO | Un BOE extraordinario publicado poco antes de la medianoche recoge, en nueve órdenes ministeriales y una instrucción, las primeras medidas añadidas que desarrollan el estado de alarma decretado hace 24 horas. Todas han entrado en vigor en el momento de su publicación.
Sanidad moviliza a médicos residentes, jubilados y estudiantes de último año como apoyo a la crisis. Por su parte, Defensa e Interior hacen lo propio con todos los efectivos disponibles. Desglosamos las medidas por departamento.
Sanidad
El incremento de casos positivos entre los profesionales sanitarios y de personal sometido a cuarentena es una de las grandes preocupaciones de esta crisis. Por ello, la primera orden tiene como objetivo garantizar la “existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por este virus”. Con ese objetivo, Sanidad autoriza la prórroga de los contratos de los residentes que se encuentren en su último año de formación, pero solo en el caso de especialidades que tengan que ver con la atención sanitaria de pacientes con coronavirus.
Además, las comunidades autónomas podrán contratar a las personas que aprobaron el examen MIR en 2018 para el acceso en 2019 y que se quedaran sin plaza. En el caso de los profesionales sanitarios de otros países, el ministerio da luz verde a la contratación de especialistas de fuera de la Unión Europea que hubieran sido evaluados de forma positiva o hubieran superado las pruebas teóricas. Y, para aquellas personas que procedan de estados de la UE, Sanidad decide ponerse las pilas y señala que garantizarán los mecanismos para completar los procedimientos de reconocimiento de títulos.
Además, los profesionales sanitarios jubilados o eméritos podrán reincorporarse a la práctica clínica, compatibilizando el trabajo con el cobro de la pensión. Pero Sanidad pone dos condiciones: que sean menores de 70 años y que se reincorporen, de forma preferente, en atención primaria, donde podrán ayudar, por ejemplo, en la atención domiciliaria de pacientes afectados por coronavirus. El Ministerio también admite la reincorporación voluntaria de profesionales sanitarios que estuvieran desempeñando funciones sindicales. Los estudiantes de último año de los grados de medicina y enfermería también podrán ser contratados para desempeñar tareas de apoyo y siempre bajo supervisión.
El ministerio dirigido por Salvador Illa también establece que las personas que trabajen en la sanidad privada pasen a disposición del sistema público. Y las comunidades autónomas podrán disponer de los centros y establecimientos sanitarios privados, junto con otro tipo de locales -públicos y privados- que puedan ser habilitados para atender u hospitalizar a pacientes. La movilización de recursos privados para ayudar a combatir el coronavirus se centra en los profesionales sanitarios.
Pero el Gobierno también pide información a entidades y empresas para que, en el plazo de 48 horas, proporcionen información sobre la disponibilidad de material sanitario, equipos de protección y kits de diagnóstico para realizar las pruebas de detección del virus.
Además, Salvador Illa también obliga a las comunidades autónomas a proporcionar los datos relacionados con los casos confirmados y hospitalizados, las pruebas realizadas o las camas disponibles y ocupadas -incluidas las de cuidados intensivos-, así como información sobre el material y los recursos humanos disponibles.
Defensa
El Ministerio que dirige Margarita Robles ha aprobado una instrucción que establece que todos los miembros de las Fuerzas Armadas estén a disposición del Gobierno para colaborar en la gestión de la crisis bajo el mando único del Jefe del Estado Mayor (JEMAD). Incluye al personal en la reserva, que podrá ser llamado. Y, especialmente, al personal sanitario militar, que será de carácter crítico: además de llamar a reservistas se reducirán los permisos al mínimo.
Interior
El Ministerio de Grande-Marlaska ha aprobado tres órdenes ministeriales. En la primera de ellas regula la coordinación de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que incluye Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas y locales, todos ellos bajo el mando del ministerio. De hecho, las distintas unidades deberán enviar un parte diario de novedades que incluya número de contagios entre sus efectivos y actuaciones realizadas, entre otros datos.
Todos los efectivos trabajarán para que los límites a los movimientos y las actividades se cumplan, como apoyo a los servicios sanitarios, para garantizar el abastecimiento de elementos básicos y para, si es necesario, intervenir empresas y servicios o requisar bienes. De hecho, para poder centrarse en la gestión de la crisis, limitarán el resto de tareas que no sean imprescindibles.
A quienes incumplan las prohibiciones establecidas se les impondrán las multas de entre 601 y 30.000 eurosincluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa norma establece que es sanción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito”. En el caso de que la infracción sí se considere delito, se les aplicarán cárcel de uno a cuatro años, lo que marca el Código Penal para el atentado contra la autoridad, la resistencia y la desobediencia. En el caso de que quien incumpla sea una autoridad pública, se les puede cesar.
La segunda de las órdenes de Interior veta las visitas a los presos y los permisos penitenciarios. Quienes estén en tercer grado podrán salir de prisión solo para acudir a los lugares no incluidos en el veto a los movimientos, como el lugar de trabajo.
La tercera coordina los distintos sistemas de protección civil bajo un único mando e insta a movilizar a los voluntarios en caso de ser necesario. Ese mando único, el Sistema Nacional de Protección Civil, será el encargado de coordinar también los mensajes y avisos a la población, así como a ordenar su inserción en los medios de comunicación.
Transportes
El Ministerio de José Luis Ábalos también ha aprobado tres órdenes. En la primera, para facilitar el trabajo de los transportistas, establece que podrán hacer uso de los baños de gasolineras y espacios de carga y descarga y que los espacios con servicios de comidas pondrán a su disposición un cátering.
En la segunda, obliga a las compañías aéreas, ferroviarias, marítimas y de autobuses, así como a cualquier entidad de venta de billetes con origen o destino cualquier ciudad española, a incluir desde esta noche en sus páginas un aviso a quienes pretendar viajar. El aviso debe incluir los límites a los movimientos acordados en el estado de alarma y el siguiente mensaje: “Se desaconseja viajar salvo por las siguientes razones inaplazables”.
La última orden permite a las autoridades locales y autonómicas reducir el volumen de los transportes de su competencia y les obliga a informar al Ministerio de las medidas acordadas. Las estatales o con obligación de servicio público ya han recortado su volumen de viajes a la mitad. En el caso de Renfe, además, se ha establecido un máximo de un tercio de ocupación para permitir mantener la distancia mínima, como ha informado Ábalos en la rueda de prensa previa a la publicación de estas medidas.
Esta información fue publicada originalmente en Civio
