Menores: cuando el sistema también es un agresor machista

Puedes leer las historias de PorTodas aquí.

Las personas menores de edad son las más vulnerables e indefensas en los entornos de violencia machista. Son también las más ignoradas y maltratadas por el sistema. Solo un 2,9% de las medidas de protección dictadas sobre casos de violencia machista en 2018 incluían la suspensión del régimen de visitas de los maltratadores con sus hijos e hijas, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Más de un 73% de las mujeres víctimas de feminicidio entre 2013 y 2017 tenían hijos o hijas menores, según ha estimado la Fundación Mujeres.

La vivencia del maltrato por razones de género y, en mayor medida, la experiencia de un feminicidio, resulta demoledora para niños y niñas en muchos sentidos. Les puede acarrear graves consecuencias a lo largo de toda la vida, no solo a causa de las acciones de los agresores machistas, también por la violencia ejercida por la administración que denuncian, entre otros, asociaciones de supervivientes de todo el Estado, agentes sociales e instituciones como Justicia de Aragón y la Sindicatura de Greuges valenciana.

A menudo «se olvida que estas niñas y niños no son meros testigos de la violencia machista sino víctimas», apunta la fiscal de violencia de género de Valencia, Rosa Guiralt. Pueden ser las vidas sobre las que se descarga la violencia vicaria –las agresiones o asesinato de niños y niñas para infligir daño a las madres–, o el arma que los agresores machistas utilizan, aprovechando la desprotección de los menores, para matar en vida a las mujeres, como sostiene la fiscal. 

Hasta tal punto se llega a obviar la huella de la violencia de género sobre las niñas y niños que la violencia vicaria que afecta a menores se está juzgando, en la mayor parte de los casos, fuera de los juzgados especiales de violencia de género, es decir, en juzgados ordinarios sin profesionales especializadas. De hecho, por el momento solo se conocen en España tres sentencias de violencia vicaria contra menores dictadas por juzgados específicos. 

“Si los y las menores no han sido agredidos física o psicológicamente de forma directa por el agresor, la violencia de la que son víctimas directas simplemente como testigos se tiene en cuenta como agravante de la pena que pueda ser impuesta por la violencia sufrida por sus madres, pero no ocasiona una pena directa por la violencia sufrida por cada menor”, explica Pilar Gil Cabedo, jurista experta en violencia de género y en atención a las víctimas. 

De 2013 a diciembre de 2019, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha registrado 34 niños y niñas asesinadas, de las cuales 31 –el 91%– lo fueron por sus padres biológicos. Según la misma fuente, desde 2013 –primer año en que el Ministerio de Igualdad registra estos datos– hasta diciembre de 2019, 278 menores se han quedado huérfanas o huérfanos por el feminicidio de sus madres, sin contar aquellos cuyas madres fueron asesinadas por hombres con quienes estas no tenían una relación de pareja.

Puedes continuar leyendo aquí: