Es de sentido común que cualquier dictador, golpista, genocida o responsable de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad no debe permanecer enterrado en monumentos públicos o lugares que supongan un enaltecimiento de sus personas, de sus actos o de sus ideologías. A menudo se toma como ejemplo a Alemania por su gestión de los restos mortales de los jerarcas nazis. Las autoridades alemanas se pusieron en contacto con los familiares de Rudolf Hess para que exhumaran sus restos mortales de una tumba que ya se había convertido en lugar de peregrinación de neonazis y los trasladaran a un lugar más discreto. Tras una primera reacción negativa, el 20 de julio de 2011 se desmanteló su tumba, se incineraron sus huesos y sus cenizas fueron esparcidas en alta mar. «Esperamos no volver a tener este fantasma», dijo un cargo electo de la comunidad. Previamente había sido demolida también la cárcel de Spandau.
Tras una larga polémica, los restos mortales de Erich Priebke recibieron sepultura en 2013 en el cementerio de una cárcel italiana bajo una lápida sin nombre, solo identificada por un número marcado sobre una cruz de madera. El Centro Simon-Wiesenthal consideró que la incineración es la «solución más eficaz para que no quede rastro de un criminal nazi como Priebke», el capitán de las SS responsable de la matanza de 335 civiles en las Fosas Ardeatinas en Roma en 1944.
Adolf Eichmann, el responsable de la logística de la «solución final» murió ahorcado en 1962 tras su juicio en Jerusalén. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el mar Mediterráneo.
Las cenizas de Martin Bormann, secretario particular de Hitler, se dispersaron en el mar Báltico, fuera de las aguas territoriales alemanas, en 1999. La fiscalía de Fráncfort hizo incinerar sus restos en secreto para «evitar a cualquier precio que se erija un memorial en alguna parte».
Joseph Goebbels se suicidó en 1945, en el Führerbunker, junto a su esposa, tras envenenar a sus hijos. Sus cuerpos fueron colocados en cajas de madera y llevados al sector ruso donde permanecieron secretamente enterrados bajo un jardín de un cuartel en la ciudad de Magdeburgo y sólo algunas autoridades de la NKVD sabían dónde estaban. Más tarde fueron exhumados, incinerados y las cenizas fueron lanzadas al río por orden de Yuri Andrópov, en 1970.
Heinrich Himmler fue envuelto en una red de camuflaje y enterrado en el Brezal de Luneburgo en un lugar no señalado. El cuerpo de Hermann Goering, antiguo comandante en jefe de la Luftwaffe, que se suicidó en 1945 durante el juicio de Nuremberg, fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el río Isar, afluente del Danubio.
Pero Spain is different, tal y como rezaba el lema ideado para promocionar la imagen de España durante el franquismo. Aquí han yacido o aún yacen en espacios públicos o de especial relevancia pública golpistas o jerarcas franquistas como Emilio Mola, José Sanjurjo, Gonzalo Queipo de Llano, José Moscardó, José Antonio Primo de Rivera y el propio Francisco Franco, y la gestión de sus restos ha corrido y corre diversas suertes.
En realidad, para afrontar su retirada de tales espacios solo es necesario tener un claro criterio político, así como la seguridad y la valentía para tomar una decisión correcta, democrática y desprejuiciada. Sin embargo, uno de los factores que antes se han interpuesto en dichas exhumaciones ha sido la apelación al sentimentalismo más barato y a la corrección política más inaudita.
El equipo de Gobierno de Pamplona/Iruñea, dirigido por su alcalde Joseba Asiron (EHBildu), decidió exhumar los restos mortales de los generales Mola y Sanjurjo del llamado Monumento a los Caídos, oficialmente denominado «Navarra a sus muertos en la Cruzada». El propio exalcalde justifica su criterio en una reciente nota en su cuenta de Facebook: «Desde aquellas primeras reuniones en el despacho de alcaldía decidimos que iba a ser un proceso presidido por la discreción más absoluta, y que había de culminar con la entrega privada, ordenada y respetuosa de los restos a sus descendientes. Que no iba a ser un circo mediático». Discreción, privacidad, orden, respeto y familia como valores fundamentales. Lo cierto es que ni la discreción ni el respeto a las familias de los generales golpistas debió ser nunca la cuestión prioritaria.
Por el contrario, en vez de dichos valores, el objetivo de un gobierno municipal democrático en un asunto como este tuvo que ser la ejecución de las exhumaciones priorizando los grandes puntales de la justicia transicional: verdad, justicia y reparación para las víctimas, sin perder de vista las exigencias irrenunciables de la memoria histórica, desde luego sin ensuciarlas con concesiones a la nula honorabilidad de los genocidas y sin elevar las opiniones de las familias respectivas ni las de ciertas instituciones como la Iglesia católica al rango de auténticos derechos de veto, que dificultaron enormemente las exhumaciones trufándolas con diversos pareceres y trabas, incluso judiciales. Las familias habrían comprendido y acatado perfectamente una acción mucho menos respetuosa, pero más democrática. Ellos ya saben por qué.
Erró el exalcalde cuando decidió, amparándose en una cuestión de supuesto respeto humano y de una injustificada discreción, alejar las exhumaciones de Mola y Sanjurjo de la mirada de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Aquellos generales golpistas que fueron inhumados en la cripta del Monumento a los Caídos el 17 de julio de 1961 tras un militarizado y solemne recorrido procesional desde la Catedral y ante miles de personas, fueron exhumados durante la noche, sin la presencia de testigos ni periodistas. Así nadie pudo contemplar cómo salían literalmente por la puerta de atrás del infausto monumento aquellos que recibieron un funeral de gala ante su puerta principal, que tuvo su capítulo correspondiente en el NODO, para que toda la población tuviera que verlo repetidamente en las salas de cine de todo el país.
La ciudadanía tiene derecho a saber y a contemplar lo que sucede en sus calles y plazas, a conocer lo que se decide sobre su propio devenir político y a opinar públicamente -aplaudiendo, gritando o abucheando-, sobre aquello que le afecta. La opacidad informativa es un gravísimo síntoma de falta de democracia, por eso las democracias homologadas necesitan permanentemente de luz y taquígrafos, de testigos independientes que cuenten los hechos, no de ceremonias secretas a discreción de los gobernantes de turno, y aún menos amparadas en un malentendido e inmerecido respeto a quienes jamás respetaron a nadie, sino que fueron responsables del genocidio de miles de personas.
De hecho, en un rocambolesco ejercicio de ‘casual’ opacidad, la noche del 16 de noviembre de 2016, en el mismo instante en que se realizaban las labores de exhumación en la cripta del Monumento, los medios de comunicación locales se encontraban en un centro comercial cubriendo un simulacro de atentado yihadista al que hacían frente Policía Foral, Guardia Civil, servicios de atención médica, etc. Excepto dos documentalistas/activistas ocultos en un coche y José Fermín Garralda, miembro de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que intentó acceder sin éxito a la cripta para impedir la exhumación, nadie fue testigo de la llegada paulatina de los familiares de algunos de los exhumados para llevarse sus restos, ni de la presencia en el lugar del alcalde Joseba Asiron o de Aritz Romeo, concejal delegado de Seguridad Ciudadana.
El equipo de Gobierno municipal prohibió tomar imágenes de las labores de exhumación en el interior de la cripta, pero inopinadamente permitió hacerlo a los propios familiares de los exhumados. Curiosamente una de las familiares era asimismo redactora de Diario de Navarra, por lo que las imágenes que obtuvo aparecieron publicadas al día siguiente en dicho medio, casualmente el periódico que organizó el golpe de Estado junto al general Emilio Mola y el que publicó su bando de guerra el 19 de julio de 1936.
Intentar evitar lo que el ex alcalde considera un «circo mediático» es loable, pero no está en su mano, sino en la de los diversos medios de comunicación que decidan informar sobre el asunto. Allá cada cual con su comportamiento y con la manera en que decida gestionar la información que difunde y cómo lo haga. La ciudadanía se lo reprochará si así lo considera oportuno, pero no necesitamos de gobernantes con complejo de monitor de guardería que nos traten como a criaturas y que nos digan constantemente qué es lo que no se dice, qué es lo que no se mira y qué es lo que no se toca.
Alaba el exalcalde el comportamiento del Arzobispado de Pamplona/Tudela, que considera ejemplar, llegando incluso a decir que «quienes tuvimos oportunidad de participar en aquellas conversaciones pudimos comprobar, en primera persona, que la fama de la diplomacia vaticana es bien merecida». Sin embargo, quienes tuvieron la desgracia de asistir durante aquellas jornadas a dichas exhumaciones pudieron comprobar justamente todo lo contrario.
El equipo de Gobierno municipal se dedicó, con la colaboración de Carlos Ayerra, deán del Arzobispado, a confundir el trabajo de los periodistas allí presentes a base de constantes maniobras de distracción y de difundir puras falsedades. En ningún momento se transmitió información veraz ni se facilitó la labor de los informadores. Como guinda del pastel, en el anochecer del día 16 de noviembre, el teniente de Alcalde Joxe Abaurrea y el propio Carlos Ayerra aseguraron a los periodistas presentes que ya no quedaba ningún resto humano y que se daban por finalizados los trabajos, retirándose ellos mismos también del lugar. Sin embargo, tras permanecer durante más de una hora en las cercanías de la Parroquia de Cristo Rey, colindante con la cripta del Monumento, dos periodistas pudieron comprobar cómo Carlos Ayerra regresaba andando al lugar y tras una serie de señales convenidas, se extrajo de la Parroquia una caja con los restos de José Sanjurjo y se introdujo en un turismo. A los dos periodistas les tomó filiación un agente de la Policía Municipal de Pamplona que trató de impedir sin éxito que grabaran imágenes de dicho traslado.
El Gobierno del PSOE presidido por Pedro Sánchez también se planteó desde el inicio de su mandato la exhumación de Franco de la basílica del llamado Valle de los Caídos, en Cuelgamuros. El Gobierno socialista también entabló negociaciones directas con sus familiares y se encontró desde un primer momento con una fuerte oposición a la exhumación que tuvo un gran recorrido en el ámbito judicial, que de hecho hizo imposible realizar la exhumación hasta el pasado 24 de octubre. Los monjes benedictinos que gestionan la basílica ofrecieron también una enconada y esperpéntica resistencia a la exhumación.
Mientras se solucionaban los pleitos y recursos judiciales interpuestos, el Gobierno diseñó un dispositivo a todas luces erróneo. A diferencia del Consistorio pamplonés, decidió exhumar a Franco a plena luz del día y en presencia de diversas autoridades del Estado, sin duda para transmitir a la opinión pública la idea de que era ese Gobierno en concreto quien finalmente había tomado la decisión de exhumar al dictador y efectivamente lo estaba realizando. Sin embargo, al igual que el Ayuntamiento de Pamplona, optó por impedir el libre acceso a los medios de comunicación, excepto a RTVE y a la Agencia EFE, que trabajarían en régimen de pool, distribuyendo las imágenes al resto de medios. Una vez más, amparándose en evitar un supuesto circo mediático o la espectacularización de un acontecimiento, un gobernante impidió las miradas y los relatos independientes y abocó a toda la sociedad a una indeseable y sospechosa versión oficial. Pero es que además el diseño de dicha versión oficial fue un boomerang que se volvió en su contra, por varios motivos.
En primer lugar, y al igual que el equipo municipal pamplonés, decidieron sucumbir a última hora a un injustificado respeto a la familia Franco, otorgándoles el beneficio de sacar al dictador a hombros desde el interior de la basílica hasta el coche mortuorio, cuando lo propio habría sido realizar toda la operación en la más absoluta asepsia técnica, sencillamente a manos de los técnicos funerarios o funcionarios correspondientes, sin cortejos solemnes, banderas sobre el féretro o saludos militares al descender del helicóptero.
Al igual que en el caso de Mola y Sanjurjo, el objetivo prioritario tenía que haber sido la humillación de esas personas que se rebelaron en armas contra un Gobierno legítimo y democrático, que asesinaron a decenas de miles de civiles inocentes, que arrastraron al país a una sangrienta guerra civil y a una dictadura militar que duró cuarenta años. Ninguno de ellos merece trato amable ni consideración alguna, sino la humillación colectiva, el desprecio popular y el escarnio público. El Gobierno socialista se preocupó por aparecer en las imágenes de la exhumación como responsable de la misma, pero se olvidó de la enorme vinculación del acto con la memoria histórica y de las enormes exigencias que esto suponía.
En segundo lugar, ya decidida la no presencia de los medios de comunicación, la estrategia visual elegida para la retransmisión oficial fue ruinosa, lo que demuestra la enorme trascendencia de tomar ciertas decisiones técnicas aparentemente banales. Se decidió fotografiar el trayecto del féretro de Franco a hombros de sus familiares utilizando benévolos y cómplices teleobjetivos en las cámaras de televisión, lo que provocó un “calentamiento” de la escena y una natural empatía hacia los protagonistas del acto. Caras compungidas en primer plano, gestos serios, rostros de personajes habituales de las revistas del corazón, indumentarias elegantes y sobrias en el acto de transportar a hombros el féretro de un ser querido. Pero no era un ser querido cualquiera, sino un ser querido solo para ellos, y un ser despreciable para el resto de una sociedad democrática.
Un acto de esas características habría requerido de una distancia visual mucho más amplia, de utilizar objetivos de tipo gran angular para abrir el plano hasta dejar el lamentable cortejo fúnebre reducido a una minúscula mota en la amplitud de la explanada vacía de Cuelgamuros, para que quedara clara la enorme distancia que nos separa de ese dictador y lo lejano que nos resulta cualquier gesto de respeto hacia él, ni siquiera tratándose de un cortejo fúnebre. Las decisiones sobre los objetivos utilizados en las cámaras son decisiones políticas que dicen mucho acerca de quién las toma y que tienen consecuencias más trascendentes de lo que parece. La misma consideración merecen todos los planos en directo hasta el entierro en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que se retransmitió de la misma manera que se puede retransmitir un partido de fútbol, un evento social o una rueda de prensa. Se perdió una oportunidad de oro para que los únicos medios autorizados a retransmitir la exhumación lo hicieran tratándola visualmente como se merecía, convirtiendo la retransmisión en un auténtico reproche político público al genocida.
Desde la noche de los tiempos todo tipo de gobernantes, caudillos, césares, emperadores, faraones y dictadores han utilizado la veneración a los muertos para legitimar su supremacía política o tratar de perpetuarse en la memoria de sus pueblos sojuzgados, a menudo a través de monumentos enormes, pirámides imponentes o edificios funerarios desmesurados. En la conciencia política de las sociedades democráticas está el deber de saber deshacerse eficazmente de tales sátrapas, de sus restos mortales, de los monumentos que levantaron y de su envenenada herencia a través de políticas de memoria eficaces y valientes que persigan la verdad histórica, que procuren la justicia frente a sus desmanes y que efectúen una reparación real a sus víctimas.
