La derogación de la Ley andaluza de violencia de género era, como recogen los argumentarios de Vox a los que ha tenido acceso La Marea, una línea roja sin la cual no sería posible el apoyo del partido de extrema derecha a la conformación del gobierno andaluz de coalición del PP y Cs. Finalmente, la formación de Santiago Abascal cedió sin el compromiso de la supresión de la norma, pero el discurso plagado de datos falsos y manipulados que elaboraron para aquellos primeros días de negociaciones de 2019, ha sido reciclado para atacar a la primigenia: la pionera Ley de protección integral a las víctimas de violencia machista, promulgada en 2004 por el gobierno de Zapatero.
La mayor parte del discurso sobre violencia de género de Vox está destinado a desacreditarla y pedir su derogación. Así lo demuestran los argumentarios elaborados por su equipo de comunicación para la intervención de su presidente, Santiago Abascal, en el programa de Antena 3 Espejo Público; de su presidenta en la comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en el debate organizado con motivo del 8 de marzo en Hora 25, de la Cadena Ser, y otros seis documentos sobre esta cuestión a los que ha tenido acceso este medio.
Estos son algunos de los juicios y opiniones más recurrentes en los argumentarios escritos para negar la validez de la Ley contra la violencia de género y sembrar escepticismo y sospecha sobre la credibilidad de las mujeres maltratadas que denuncian. Desmontamos con hechos y datos un argumentario muy similar en su misoginia al divulgado por otros líderes ultraderechistas, como Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos.
“La ley de violencia de género NO protege a las mujeres. No ha salvado ninguna vida. Y desprotege a los hombres, a los que les quita la presunción de inocencia. Queremos que la ley sea igual para todos. Lo contrario es volver al delito de autor propio de la Alemania de los años 30”, leemos en el argumentario preparado por los ultraderechistas para la participación Rocío Monasterio en el debate del 8-M de Hora 25.
Para acompañar de datos esta valoración, enlazan el argumento a un tuit de Luis del Pino, locutor de una tertulia de Periodista Digital, reconocido por su esforzada dedicación a alimentar las teorías conspiranoicas sobre el 11-M a través de las ondas y de un par de libros. El conductor radiofónico considera “la infame ley” un malgasto de dinero porque la media de mujeres asesinadas antes y después de su aprobación en 2004 ha pasado de de 58,4 a 59,4. Un argumento que se desmonta fácilmente si atendemos a la población de España, que pasó en ese periodo de 42,7 a 46,6 millones de personas. Además, omite interesadamente el resto de resultados que ha logrado esta norma, gracias también a la presión social que la ha acompañado a lo largo de estos años, hasta convertir las violencias machistas en uno de los grandes temas del debate público.
Desde la aprobación de la Ley de violencia de género, las denuncias interpuestas por terceras personas han pasado de ser insignificantes a un 20% de las registradas en 2018; el número de denuncias interpuestas aumentó un 3% en 2018 con respecto al año anterior; en 2018, siete de cada 10 condenas por violencia de género fueron por primera vez condenatorias, el número de mujeres inscritas como víctimas de violencia de género en el Ministerio de Justicia aumentó un 7,9% con respecto a 2017; y de las 47 mujeres asesinadas en el último año, la cifra más baja en los últimos 15, por primera vez el 30% de ellas había denunciado. Todas estas, cifras impensables antes de la promulgación de la ley de 2004.
Pese a ello, este rechazo a la Ley contra la violencia de género no es nuevo. Ya en 2004 fue duramente criticada por el Partido Popular, entonces en la oposición, y especialmente por su portavoz en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, Susana Camarero –posteriormente, secretaria de Estado de Igualdad–: «Es una mala ley, ineficaz e inoportuna y que excluye a los mayores, a los hombres, a los niños o a los homosexuales».
Exactamente el mismo argumento que retomaba una década después Cs, que en su programa electoral de 2015 prometía reformarla para acabar con la “asimetría penal por cuestión de sexo y la ineficacia de la propia ley. Ya entonces, el PP no se pronunció a favor de esta propuesta. Una legislatura después, su actual líder, Pablo Casado, mintió al declarar durante esta última campaña electoral que había sido su partido el que había promovido la normativa.
Ahora Vox acusa en su argumentario a ambos partidos de comprar las “leyes ideológicas de la izquierda”, que no busca “acabar con la violencia contra las mujeres, (sino) quiere defender sus premisas ideológicas y seguir viviendo de las subvenciones de los lobbies de género”, según leemos en el documento que prepararon para una entrevista de Santiago Abascal en Espejo Público. Sostienen esta opinión en supuestas reuniones mantenidas con sindicatos policiales, cuya identidad no aclaran, y “expertas abogadas como Yolanda Carril”, una letrada conocida por defender a hombres acusados por violencia de género y por sus declaraciones públicas, dirigidas siempre a sembrar escepticismo y sospecha sobre las mujeres denunciantes.
Escriben en ese argumentario que “se está utilizando esta ley para conseguir ayudas, ventajas económicas y obtener la custodia de los hijos”, cuando como bien explica la fiscal delegada de violencia de género de València, Rosa Guiralt, uno de los principales problemas que tienen las mujeres maltratadas para denunciar es la falta de recursos: “les estamos dando una casa de acogida –¿cuánto? ¿seis meses?–, una contraprestación de 400 euros –¿dónde va con 400 euros? ¿Quién va a denunciar, como dicen, por ese dinero?–. No le puedo ofrecer nada: no le damos un trabajo, ni una vivienda, así que no ven futuro”.
Vox repite en sus argumentarios que “basta una denuncia para llevar a un hombre al calabozo, echarle de su casa y quitarle la custodia de sus hijos”, un bulo que lleva años instalándose en el imaginario social. Bien saben las mujeres maltratadas lo difícil que es que le quiten la custodia de los hijos a un maltratador, incluso cuando hay riesgo para la integridad de los menores. Y en cuanto a las noches en calabozo, la mayoría de las denuncias suelen realizarse los fines de semana y en vacaciones, porque es cuando víctima y agresor pasan más tiempo juntos. Dos momentos en los que, por la falta de recursos, hay menos personal y, a menudo, no hay suficientes jueces y juezas de guardia, por lo que pueden pasar la noche en comisaría.
La solución parece evidente, y es exactamente la contraria de la apuntada por los ultraderechistas: destinar más recursos. Una respuesta que solucionaría otro de sus argumentos: “La ley de violencia de género está desprotegiendo a las verdaderas víctimas porque colapsa los juzgados con denuncias falsas”. Vox ha convertido a las supuestas “denuncias falsas” en uno de sus pilares discursivos.
En ese mismo documento para Espejo Público, encontramos argumentos que Abascal verbalizó prácticamente palabra tras palabra, aunque no respondiesen a las preguntas de Susana Griso: “La cifra del 0,01% de denuncias falsas está manipulada y no se la cree nadie. Se trata de un porcentaje elaborado a partir de datos manipulados sobre las denuncias falsas que son perseguidas y acaban en condena. Pero hay un 87% de denuncias que acaban archivadas o en sentencia de absolución para el acusado”.
Abascal mezcla las denuncias falsas, es decir, aquellas en las que las denunciantes se inventan hechos o datos y son condenadas por lo mismo, con las denuncias y órdenes de alejamiento que las mujeres retiran por distintas causas –en su mayoría, dependencia emocional y/o económica–, el archivo de denuncias y las sentencias absolutorias. Pero como hemos señalado, los casos que se llevaron adelante en 2018 resultaron en un 70% en sentencias condenatorias.
El arte de convertir éxitos en fracasos
“Si la Ley Integral de Violencia de Género es tan buena, ¿por qué cada vez hay más denuncias?”. El argumentario con el que Vox se manifestaba públicamente mientras daba su apoyo al gobierno andaluz de coalición, se caracterizó por su saltimbanqui capacidad de dar el triple salto mortal para convertir éxitos en fracasos. Por ejemplo, como hemos visto, uno de los irrebatibles resultados de la ley: generar la suficiente confianza en las instituciones entre las mujeres maltratadas como para que cada vez sean más las que se atreven a dar el paso de denunciar, uno de las decisiones más difíciles y comprometidas para su integridad.
“Según documentos oficiales del Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía, en la región hay unas 2.200 asociaciones y 55 federaciones feministas”. Lo que debería entenderse como un éxito en términos de sociedad civil organizada y participativa, Vox lo envuelve en su halo de sospecha para deslizar su omnipresente acusación de que se tratan de chiringuitos subvencionados. Podríamos entender que a Vox le contraría que las asociaciones locales y provinciales se constituyan como la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, la Federación de Mujeres con Discapacidad de Andalucía, o la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias Autónomas.
“El total del dinero destinado a la atención de las víctimas (del Instituto Andaluz de la Mujer) es de 1.205.766 euros”. Vox falsifica las competencias del Instituto Andaluz de la Mujer, para acusarle de destinar un reducido porcentaje de su presupuesto a las víctimas de violencia machista, cuando no es su función.
La instrumentalización de las víctimas y del colectivo LGTBI con fines partidistas
Vox incluye en sus argumentarios sobre la Ley de violencia de género los asesinatos de Diana Quer y Laura Luelmo para exigir y prometer la reinstauración de la cadena perpetua “para asesinos y violadores no reinsertables”.
No está de más recordar que ya en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, se suprimió la cadena perpetua en España. Con la aprobación de la prisión permanente revisable se creó un sucedáneo que en opinión de juristas como Luis Acebal Monfort, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, es inconstitucional porque se trata de una medida que puede ser considerada tortura y porque incumple la finalidad penitenciaria de la reinserción social, entre otras cuestiones.
Vox tampoco titubea a la hora de instrumentalizar al colectivo LGBTI, contra el que se ha pronunciado en numerosas ocasiones, al citar en sus argumentarios su petición de una ley que combatiese la violencia intrafamiliar en parejas homosexuales, para sostener que “esta situación de desprotección se solucionaría con la ley de violencia intrafamiliar de Vox”.
