Emmerson responde a las acusaciones de España ante la opinión de la ONU

El abogado británico que presentó la demanda ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para que estudiara el caso de la prisión preventiva de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras, Ben Emmerson, ha reprochado esta mañana las acusaciones de la diplomacia española. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, dirigió ayer una carta a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, protestando por la opinión publicada.

La argumentación del gobierno de España cuenta con dos elementos centrales. Por una parte, denuncia que el documento se filtró a la prensa 48 horas antes de lo previsto, y por la otra, pide la reformulación de la opinión, así como la recusación de dos de sus integrantes, José Antonio Guevara Bermúdez y Seong-Phil Hong, por su supuesta relación con el abogado representante de Cuixart, Sànchez y Junqueras, Ben Emmerson, relator de Naciones Unidas hasta 2017.

Emmerson ha contestado con dureza a las insinuaciones del Gobierno español, que entiende que el hecho de que este abogado trabajara para la ONU al mismo tiempo que Guevara y Hong supone un conflicto de intereses que ha dado como resultado una opinión muy perjudicial para la imagen de España en el ámbito de los derechos humanos. Emmerson afirma rotundamente en una serie de mensajes publicados en Twitter que él jamás se ha “reunido o hablado con ninguno de los miembros que actualmente forman el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”.

Asimismo, el abogado detalla que durante su tiempo como relator de la ONU, dos de los miembros, en referencia a los ya citados, también trabajaron como relatores, aunque puntualiza que nunca “trató directamente con ellos”, si bien explica que sus equipos sí que colaboraban.

Emmerson también responde a las acusaciones de filtración del documento a la prensa, señalando que parece una operación de Estado para deslegitimar la opinión: “Nadie en el Grupo de Trabajo ni en su secretariado ha filtrado la decisión anticipadamente. El gobierno lo filtró deliberadamente, como demuestra la portada del documento. Esto ha sido un intento fraudulento de manchar la imagen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria por parte del gobierno de Pedro Sánchez”.

En otro de sus mensajes, Emmerson carga contra la actitud del Ejecutivo español, advirtiendo que “este nivel de deshonestidad deliberada es raro. España actúa como un Estado corrupto”. Para finalizar su respuesta al gobierno, Emmerson recomienda al presidente “aceptar el veredicto” del grupo de trabajo de la ONU.

Fuentes de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores han detallado a La Marea el contenido de la carta firmada por Josep Borrell. En ella se denuncia “la falta de fundamentación de la opinión y el cúmulo de errores gruesos, fácticos y valorativos” lo que ha resultado, según el Ministerio, en una opinión que no es sino “una burda manipulación”.

Separación de poderes

Además, el gobierno acusa al grupo de trabajo de una “omisión grave del principio de separación de poderes en un Estado de Derecho como España” por exigir al Ejecutivo la liberación de los presos, algo que está en manos del poder judicial. Según la versión oficial, la filtración a la prensa antes del plazo acordado “confirma que dentro del grupo de trabajo existen personas que trabajan en connivencia con la fuente”. Además, Borrell señala directamente a Emmerson por haber “mantenido durante tres años estrechas relaciones con al menos dos de los miembros del grupo de trabajo”, en referencia a mexicano Guevara y al surcoreano Hong.

En opinión de Isabel Elbal, socia del bufete Boye, Elbal y Asociados, encargado de la defensa de Carles Puigdemont, Meritxell Serret y Toni Comín, el gobierno de España “sabía perfectamente quién era Emmerson” desde que se presentó la denuncia y añade que el Estado no hizo ninguna alegación en este sentido “en el momento procesal oportuno”.

“Por la vía diplomática buscan visibilidad para deslegitimar, creando un relato conspiranoico que quedará, aunque se resuelva a favor del grupo de trabajo”, opina Elbal sobre la estrategia del Gobierno español. Con estos mensajes, según la abogada, “lo único que están exhibiendo ante la comunidad internacional es que el Estado español no tiene cintura para asimilar una denuncia de estas características. En su día España suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo que le dicen es que ha vulnerado artículos importantísimos, esenciales para una democracia. En vez de analizar qué es lo que ha sucedido e intentar corregir, están revolviéndose, intentando cargarse al mensajero. Es absolutamente demencial”.

Según la opinión 6/2019 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en el caso de la prisión preventiva de Cuixart, Sànchez y Junqueras, España viola los artículos 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 3, 14, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.