A medida que se acerca la cita electoral del próximo domingo, se acrecientan las llamadas al voto útil por parte de las diferentes formaciones políticas. Tradicionalmente en nuestro país este recurso ha sido tan utilizado por las fuerzas mayoritarias como denostado por las minoritarias. Algo que no debe causar extrañeza, dado que nuestro sistema electoral privilegia de diversas formas a los partidos mayoritarios y penaliza gravemente a los minoritarios. Y lo hace -no lo olvidemos- hasta el punto de haber contribuido a consolidar durante muchos años un bipartidismo casi perfecto. De ahí, pues, que sean los partidos mayoritarios los principales usuarios de este argumento. El PSOE, desde bien pronto, porque a su izquierda siempre ha contado con fuerzas minoritarias determinantes para alcanzar mayorías y que le disputan el espacio electoral. Más reciente ha sido la llegada del PP a este escenario. Solo cuando buena parte de su electorado se ha independizado -haciendo, además, mucho ruido- es cuando ha tenido la necesidad de recurrir al argumento de la no dispersión de los votos de la derecha. Antes, el régimen electoral era de lo más cómodo para sus intereses.
En la izquierda, la llamada al voto útil siempre se ha visto de una forma sospechosa. De entrada, por una razón coyuntural, relativa al origen del sistema que lo propicia. Que fuera el PSOE quien llamara a concentrar los votos en sus candidatos para evitar la dispersión en alternativas que no llegaran al mínimo requerido, cuando fue este partido uno de los muñidores del sistema electoral que propicia esta realidad, siempre fue visto como un argumento interesado y poco honesto políticamente. Pero, además de esta razón ciertamente coyuntural (que el propio PSOE ha intentado sortear mediante propuestas de reforma que corrijan el sesgo mayoritario de nuestro sistema electoral), hay dos razones adicionales que van más allá de un momento político concreto.
En primer lugar, se argumenta que el voto útil polariza las elecciones y que, por tanto, es funcional a la concentración frente a la dispersión de voto. De esta forma, la concentración de voto en opciones mayoritarias puede suponer una ruptura del principio de representación proporcional. Un principio que tiene la ventaja de responder mejor a la pluralidad política existente en sociedades como la nuestra y, por tanto, de permitir que las voces minoritarias tengan también su correspondiente espacio institucional en parlamentos y ayuntamientos. Incluso la Constitución española lo recoge en su Art. 68.3, aun cuando después la realidad de todos estos años se empeñe en demostrar que esta opción constitucional por la proporcionalidad es más nominal que real.
En segundo término, se cuestiona la legitimidad de la apelación al voto útil en lo que tiene de llamada al electorado para que este se olvide de los programas electorales y del perfil de los distintos candidatos que se presentan, centrándose tan solo en el escenario final resultante de no atender a esa llamada. Además, suele dirigirse al electorado mostrándole los efectos negativos que tendría su rechazo. Así, desde el PP se dirigen a ese potencial electorado de derechas llamando la atención sobre la necesidad de votar a sus candidatos para evitar que se rompa España, que gobiernen los amigos de Maduro o que se reproduzca la crisis económica propia de los Gobiernos de la izquierda. Por su parte, el recurso tradicional del PSOE ha sido el miedo a que desaparezcan las políticas sociales (por ejemplo las pensiones públicas, como arguyó Felipe González en aquel debate electoral contra José María Aznar en 1993) o, más recientemente, a que la extrema derecha forme parte o determine Gobiernos autonómicos y locales.
Así las cosas, ¿es legítima la apelación al voto útil? Adelanto una respuesta positiva, siempre que se cumplan una serie de condiciones. Intento justificar mi respuesta.
Creo que es posible distinguir entre dos modelos de electorado, que perfilo al modo de «tipos ideales» weberianos, y que tampoco pretendo que sean ni exclusivos ni excluyentes. Un primer modelo es el del electorado que maximiza la opción de que sea su partido, candidatura u opción política quien gane las elecciones, frente al posible escenario resultante de la cita electoral. En este modelo, los motivos que mueven a las personas a votar se basan en la creencia o participación en un proyecto político, en la concordancia con un programa electoral y/o en la confianza en las personas integrantes de una candidatura. Es más difícil que en este modelo permee el argumento del voto útil, dado que las razones para votar son a priori independientes del posible resultado electoral y del escenario que este finalmente configure.
Pero también es posible vislumbrar un segundo modelo: el del electorado que maximiza un resultado y escenario final cercano o acorde con sus posiciones políticas, aun cuando este no coincida al cien por cien con su preferencia de partida. Este modelo dibuja un electorado quizá menos comprometido con un concreto partido, programa o líder, pero más proclive a aceptar escenarios políticos que eviten males mayores. El recurso al voto útil parece ajustado al sentir de quienes se sitúan en esta posición. En este caso podría argumentarse que con el voto útil se vota en contra y no a favor de una opción política. Pero esto no es más que una cuestión de perspectiva, porque el argumento podría completarse advirtiendo que ese voto en contra de una opción es el que hace posible la realización de otra. Una opción, esta sí en positivo, que es asumible para quien la vota movido por esas razones de utilidad antes expresadas; razones que, dado el escenario electoral, prevalecen en su decisión final de voto.
En estas condiciones nada hay de ilegítimo en pedir el voto por razones de utilidad política. No es más que una aplicación al caso del clásico argumento utilitarista: votar a la opción mayoritaria produce mayor bienestar para el mayor número de personas. Quienes lo esgrimen desde la izquierda tienen claro que un Gobierno de este signo político es mejor garantía del respeto a los derechos humanos que un Gobierno de derechas. Y por ello es más útil votar a la opción mayoritaria de este bloque para reforzarlo y cerrar así la posibilidad de la llegada al poder del otro, aunque ello suponga renunciar a una mayor afinidad con la opción final de voto.
Pero, para validar esta práctica política, han de cumplirse una serie de condiciones instrumentales, relacionadas con las reglas del juego que siempre deben presidir la política. Voy a destacar dos.
Por un lado, la apelación al voto útil no debe producirse menospreciando a quien hace caso omiso al llamamiento y prefiere mantener el voto a su inicial opción minoritaria aun sabiendo que no tiene posibilidades de éxito. En este sentido, expresiones como «no tires tu voto a la basura» o similares deben quedar desterradas de la práctica política. En un sistema democrático, que pone por delante el derecho al voto de la ciudadanía, ningún voto carece de valor, aunque este no compute a efectos de distribución de poder. La democracia es mucho más que la designación y reparto de cargos de representación política.
Tampoco puede responsabilizarse -ni siquiera como advertencia o insinuación- al electorado que rechaza este argumento de un posible fracaso electoral de la fuerza mayoritaria que lo esgrime. Frases como «si no me votas a mí, la extrema derecha llegará al Ayuntamiento» son tan perniciosas para la calidad del sistema democrático como tendencialmente falsas. La responsabilidad no puede recaer en los que son menos, en esas opiniones y voluntades que no dejan de ser minoritarias, pero tan honestas como las que sí aceptan el argumento del voto útil. Puestos a repartir responsabilidades de un fracaso electoral, resulta más provechoso buscar las causas, por ejemplo, en la incapacidad para comunicar las virtudes de un programa o una candidatura, o en la falta de conexión con una parte de la ciudadanía que no termina de decidir su voto.
Por otro lado, el recurso al voto útil debe hacerse de forma responsable, de forma que no se esgrima como un mero señuelo o canto de sirena al electorado. De nuevo, son dos los ámbitos en que puede manifestarse esta exigencia: programático uno y pragmático otro.
En primer lugar, quien esgrime el argumento de utilidad debe dejar claro que, si consigue su objetivo electoral, cumplirá con ese objetivo político para cuya satisfacción pidió el voto. En este sentido, el programa electoral se convierte en un elemento central en esta estrategia política. El sujeto al que se dirige la apelación, aquel que está dispuesto a sacrificar su opción política personal en favor de lo que se afirma como beneficio de la mayoría, debe sentirse reconocido en ese programa. Aunque no sea el suyo, ni se sienta plenamente identificado en él, el programa de la opción mayoritaria debe guardar un cierto parecido de familia con el de la opción minoritaria. Además, deben establecerse mecanismos de rendición de cuentas, así como de exigencia de responsabilidades, para aquellos casos en que los compromisos bajo los que se pidió el voto no lleguen a ejecutarse. De no establecerse estas condiciones, más que voto útil lo que se pide es un cheque en blanco. Y el reciente pasado nos ha enseñado que es mejor no firmar este tipo de cheques.
En segundo término, la apelación al voto útil debe ir acompañada de argumentos que avalen su viabilidad, es decir, que muestren señales, datos o indicios creíbles de que realmente esa renuncia en favor de la opción mayoritaria va a resultar eficaz. Es este, sin duda, un terreno pantanoso, dado que entramos en el mundo de la demoscopia y las siempre difusas encuestas electorales (y lo que es peor, de sus oráculos). Pero debe quedar claro que en este escenario no son admisibles fórmulas huecas y llamadas apriorísticas a ese tipo de voto. En este sentido, por desgracia es frecuente que, quienes apelan a la no división de los votos de la izquierda, lo hagan sin aportar dato alguno, sino bajo una simple falacia non sequitur: «los votos de la opción minoritaria no sirven para frenar a la derecha, por lo que se convierten en llave para un gobierno de derechas». Este tipo de falacias invalidan cualquier pretensión de legitimidad de la llamada al «voto útil». A esta debemos exigirle siempre responsabilidad.
