Granada García, una mujer de La Algaba (Sevilla), estaba pintando en la puerta de la calle con un pañuelo rojo en su cabeza cuando entró el comandante Corrales con su columna. “Ya te lo estás quitando y lo estás quemando”. Un pañuelo rojo. Podía haber sido verde, o azul, o negro. Pero era rojo, qué delito. La anécdota, narrada por el historiador José María García Márquez, no es ninguna anécdota. Es un ejemplo gráfico de que en muchas zonas de España, como en Andalucía, no hubo ninguna guerra. “Fueron víctimas de la represión militar, aquí no hubo ninguna guerra”, repite machaconamente el historiador en una charla en el mismo pueblo. Intenta desmontar la excusa de que “las guerras son muy malas”, de que aquí hicieron lo mismo unos y otros. En Écija, pone otro ejemplo, mataron a 278 personas y los únicos tiros que hubo los dieron los sublevados. Lo mismo ocurrió en Fuentes de Andalucía y asesinaron a más de 100.
El historiador Francisco Espinosa, autor de La justicia de Queipo (Crítica, 2006), ha podido contabilizar 130.199 víctimas de la represión franquista en España, una cifra que aumentará si se sigue investigando. “Los números de la represión que sufrió la derecha van a cambiar poco, porque se conocen. Son 49.000 personas, y existe una amplia documentación que puede confirmar caso por caso”, afirmó Espinosa en una entrevista tras una visita del Grupo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. Los cálculos aproximados en Andalucía indican unas 49.000 víctimas de la represión militar de los sublevados –cifra aún abierta– frente a las 8.357 víctimas provocadas por la violencia izquierdista.
Hay que analizar, además, cómo ocurrieron esas muertes. Un ejemplo más. Según Miguel Guardado, coautor de Morón: Consumatum est (Planta Baja), una obra que también desmonta que hubiera una cruzada contra la religión católica, de los 12 sacerdotes y decenas de monjas que había en ese pueblo, dos salesianos murieron, ambos beatificados. Y no fueron fusilados. Murieron en un tiroteo provocado por el teniente de la Guardia Civil. Además, uno de ellos, José Blanco, disparó ardorosamente contra los obreros desde el cuartel, según Guardado. ”Se les detuvo por sus simpatías hacia los sublevados –insiste– no por sus creencias”.
Había que mantener una cuota de terror permanente. Nuevo ejemplo. El gobernador militar de Sevilla prohibió que se cortara el tráfico en la carretera que va desde La Algaba al cementerio de Sevilla. “Los arrieros que iban con las mulas a abastecer los mercados de la capital tenían que escuchar los gritos, los culatazos…”. Es la crónica del horror, la que documentan en sus libros estos historiadores, la que se vivió en Andalucía desde el 18 de julio de 1936. No acabó el 1 de abril de 1939. Continuó hasta el último día de la dictadura.
Más ejemplos: las ejecuciones públicas. En La Rinconada, recuerda García Márquez, asesinaron a las diez de la mañana en la plaza a dos personas acusadas de asaltar a un terrateniente. “Sabían que no habían sido ellos y aun así los ejecutaron. Luego mataron a los culpables”. Y vinieron las barbaridades a las mujeres, sacadas del olvido por Pura Sánchez con su investigación Individuas de dudosa moral (Crítica, 2009). ”Como en todos los rituales, los actuantes, mediante gestos simbólicos, escenificaron su poder, cifrado en su capacidad de generar sufrimiento. Consideraron a las mujeres botín de guerra, cosificándolas, deshumanizándolas; convirtieron el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla más, usándolo como medio y como mensaje. Para los varones vencidos, era el medio por el cual se les humillaba nuevamente tras la derrota”, escribió la investigadora en un artículo sobre el caso de las mujeres vejadas y asesinadas en Fuentes de Andalucía.
Y vinieron también las incautaciones de bienes, que no fueron palacios, ni grandes casas. Se llevaron lo poco que tenían: las gallinas, los aperos, las mantas, el colchón… Y vino, por supuesto, el hambre, la otra matanza con la que el franquismo doblegó aún más a una población aterrorizada. Y vinieron también los campos de concentración, y los trabajos forzados. Y la censura. Y las torturas. De los archivos militares extrajo García Márquez esta otra historia: ”A La Trunfa le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto del cortijo, donde la intimidaron” tendiéndola en el suelo, “obligándola a remangarse” y exhibir “sus partes genitales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció al falangista Joaquín Barragán Díaz para que pelara con ellas el vello de las partes genitales de la detenida, a lo que este se negó; entonces el sargento, malhumorado, ordenó lo antes dicho al guardia civil Cristóbal del Río, del puesto de El Real de la Jara. Este obedeció y, efectuándolo con repugnancia, no pudo terminar, y entregó la tijera al jefe de Falange de Brenes, que terminó la operación. Y entre este y el sargento terminaron pelándole la cabeza”. La fotografía que ilustra la portada del libro Los puños y las pistolas, de Arcángel Bedmar, es uno de los pocos documentos gráficos que dan fe de estas atrocidades.
Las sufrieron en carne propia sindicalistas como Eduardo Saborido y sus compañeros presos políticos, a quienes les hicieron perrerías hasta el final, en un periodo poco conocido y a veces dulcificado: el estado de excepción declarado por Franco en 1969. ”Si las celdas de castigo eran una cárcel dentro de la cárcel, los estados de excepción fueron una dictadura dentro de la dictadura”, sostiene el histórico antifranquista Nicolás Sartorius en el prólogo de La dictadura en la dictadura, una obra editada por la Fundación de Estudios Sindicales y Archivo Histórico de CCOO-Andalucía. Desde el 18 de julio de 1936 hasta el último suspiro de la dictadura. Y luego, claro, vino la Transición. Y la democracia que aún no ha reparado a las víctimas.
Artículo actualizado, originarimente publicado en Andalucesdiario.es.
