En los últimos 10 años (2009-2018) se registraron 758 informes de inspección por presuntos malos tratos por parte del funcionariado de prisiones, paso inicial que ejecuta la Administración ante cualquier indicio de delito. De esa cifra, la Subdirección General de Análisis e Inspección, responsable de tratar estos asuntos, determinó sanción para solo 11. De ese periodo, 2018 fue el año con más más informes de inspección y más expedientes disciplinarios iniciados por este motivo: se abrieron 111 procedimientos. De ellos, solo cuatro acabaron con expediente disciplinario y ninguna sanción.
Los datos, aportados por Instituciones Penitenciarias, fueron facilitados por el Gobierno vía pregunta escrita del senador Jon Iñarritu, quien pedía explicaciones tras la investigación abierta por el Ministerio de Interior sobre la presunta violencia ejercida por dos funcionarios de la cárcel de Teixeiro, en la provincia de A Coruña el pasado octubre. El caso está ahora en sede judicial y es de carácter reservado, confirman a este medio desde Instituciones Penitenciarias. Según explican, cada vez que les consta una denuncia se remite parte, abren una información reservada, se investiga y se inicia expediente. «En el caso de que se presuma delito hay que llevarlo al juzgado» por lo que «el expediente que nosotros abrimos se paraliza a la espera de que el juzgado resuelva».
Las sanciones que se aplican al funcionariado de prisiones son las mismas que al resto de personas de la Administración del Estado. Los castigos, recogidos en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios del Estado, van desde el apercibimiento, la suspensión de hasta seis años de empleo y sueldo, el traslado o ser apartado del servicio.
Las estadísticas oficiales, no obstante, no recogen todos los hechos cometidos por el personal de prisiones. Ocurre con el caso de dos funcionarios de la cárcel de Brieva, en Ávila. Ambos fueron condenados en 2017 por realizar proposiciones de carácter sexual a varias internas, pero no llega a figurar en el recuento de delitos porque «cuando se juzgaron los hechos y se condenaron ya estaban jubilados», aseguran desde Instituciones Penitenciarias.
Este no es un caso aislado. Otro ejemplo es la condena a un año y seis meses de prisión, así como la inhabilitación durante tres años y cuatro meses y el pago de una multa de 450 euros, para un funcionario, ya jubilado, del Centro Penitenciario de Villabona. Otra que no figura es la condena aplicada por la Audiencia Provincial de Madrid a seis años y siete meses de prisión y a inhabilitación de nueve años a un funcionario de Alcalá-Meco (Madrid I) por abusar sexualmente de una presa a cambio de ofrecerle trabajo.
El incumplimiento de obligaciones, lo más sancionado
Desde 2009, se han aplicado penas hasta por 37 motivos distintos. En general, tienen que ver con la poca profesionalidad de los empleados, tal y como se desprende de las estadísticas. La sanción que más se repite tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones, castigado en 56 ocasiones. Le sigue con 41 la perturbación del servicio. También son notorias las desconsideraciones tanto con compañeros, subordinados o superiores, que suma 117 sanciones en total. Se registran tres casos de agresiones/relación sexual por funcionario, dos de acoso sexual, y dos de muerte violenta.
Los funcionarios de prisiones se quejan del excesivo control
“Aunque pueden parecer elevadas [las cifras de sanciones] nos parece correcto», ya que «nuestro equipo está siempre en escrutinio». «Lo que nos preocuparía es que el número de sanciones sea mayor”. Son declaraciones de José Manuel Couso, portavoz de funcionarios de prisiones del sindicato CSIF, quien considera «ridículas algunas sanciones». En ese sentido, se queja del excesivo control que ejerce la Administración contra el colectivo: «Produce estrés en el funcionariado trabajar en tales condiciones», y añade: «Somos de los pocos que tenemos un servicio interno de inspección y a cada paso que das estás controlado. No tenemos autonomía».
El gremio, apunta el portavoz de CSIF, se muestra muy descontento con el trato que reciben por parte del Ministerio del Interior, al que llevan años reclamando mejoras. Una de las demandas en las que más han insistido es en la falta de personal. En total son 23.000 trabajadores de prisiones, señala; un dato que viene disminuyendo desde 2013, y cifra en 3.500 el personal necesario para poder cubrir todas las tareas con la mayor eficiencia posible. Otra de las grandes reclamaciones es la no aplicación del protocolo antiagresiones, el cual «lleva año y medio en un cajón guardado». En ese mismo sentido, hace hincapié en la formación deficiente: «No recibimos cursos; no sabemos cómo afrontar distintas situaciones», cuenta el portavoz sindical, haciendo alusión a situaciones de yihadismo. Finalmente, José Manuel Couso pide la dignificación de la profesión y se queja del diferente trato que reciben del Ministerio del Interior con respecto a la Policía o la Guardia Civil.
