Ivana Ruiz // Recientemente el Consejo Europeo proponía la creación de centros de clasificación de migrantes con el objetivo de esclarecer las causas que originan su desplazamiento y determinar una postura a seguir desde Europa. Recordemos que los países integrantes de la Comisión Europea, firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como del Estatuto de los Refugiados surgido a raíz de la Convención de Ginebra de 1951 se ven compelidos a establecer un procedimiento de asilo para aquellas personas que soliciten una protección internacional, impidiéndoles taxativamente la devolución (non refoulement) en su artículo 33 “Prohibición de expulsión o de devolución”. Esta medida de clasificación será uno más de los tantos vericuetos que tratan de esquivar este mandato internacional.
Con la creación de la Unión Europea y sobre todo a raíz del Espacio Schengen, las fronteras externas de Europa se convierten en una “preocupación” que no solo atañe al Estado al que pertenece la frontera territorial sino que se convierte en una inquietud de todo el continente. El incremento de las llegadas a las fronteras europeas de población procedente de diferentes países y regiones en conflicto interpelaba al continente ya no en tanto que migración, fenómeno para el cual se habían puesto importantes medidas de seguridad y grandes despliegues tanto en tierra como en mar, sino que ahora hacía en cuanto a asilo y refugio, y con ello a la razón humanitaria de la que hace gala Europa. No obstante no parece serle del todo convincente poniendo así condicionantes y puntos intermedios a la hora de determinar su responsabilidad. Hagamos un breve recorrido por las medidas migratorias y reforzamiento de fronteras que se vienen poniendo en marcha en el último lustro como base de apoyo para entender la nueva propuesta de los centros de clasificación de migrantes.
Con la llegada de personas provenientes fundamentalmente del conflicto en Siria, se decidió establecer un cupo de personas que serían, en teoría, acogidos en cierto número por los distintos miembros de la Unión Europea. Para determinar el cupo a cada país se utilizaron datos macroeconómicos como el PIB del Estado en cuestión y otros indicadores como el número de población total o el índice de paro. Cabría pues hacer dos apuntes fundamentales sobre esta decisión, en primer lugar que refería fundamentalmente a personas provenientes de Siria cuando a las puertas de Europa llamaban de otras muchas otras regiones no tan mediáticas pero sí olvidadas. En segundo lugar recordar que los países que más población refugiada acoge en el mundo son Turquía y Pakistán (con 2, 5 y 1,6 millones respectivamente), destacando el caso del Líbano con 183 refugiados por cada 1000 habitantes, en todo caso cualquiera de estos países con PIB inferiores a la media de la Unión Europea. Esta política de cupos, que tampoco se cumplió a rajatabla (especialmente el Estado español, hasta el 2017 solo había cumplido con el 14% de lo acordado), mostraba el ordenamiento de las cargas a asumir por cada Estado miembro de la poniendo para ello en suspenso algunas de las líneas recogidas en el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) o de los Acuerdos de Dublín II y III donde se establecía que solo se puede pedir asilo en el primer país de la Unión al que se llegue. Excepcionalidad que solo se aplicó en esos casos mientras se implementaban paralelamente medidas que incrementaban la seguridad en las fronteras, como el acuerdo con Turquía o la propia suspensión del espacio Schengen.
La llegada de población a las fronteras sigue produciéndose y Europa moviliza pues nuevas medidas que buscan ser menos impopulares que las anteriores y que aún se valgan del argumento humanitario. Se endurecen las medidas de control hacia las entradas “irregulares” mientras se establecen cuotas de entrada para población procedente de determinados contextos en conflicto, “cuota para los refugiados y mano dura contra los sin papeles”. En los centros de clasificación para migrantes encontramos un punto nodal de esta práctica de doble intencionalidad donde se intenta converger el discurso humanitario de socorro a quien lo necesita (definiendo bajo unos parámetros muy específicos esa necesidad), al tiempo que se pone en marcha todo un dispositivo de gobierno sobre las poblaciones que llegan a la frontera, excluyéndose con ello a un gran número de personas por no quedar clasificados como “necesitados de esa acogida”.
Estos centros que propone el Consejo Europeo, también llamados “plataformas regionales de desembarco”, serían un mecanismo rápido para determinar si las personas que intentan llegar a Europa son posibles solicitantes de protección internacional o son migrantes económicos. El objetivo es supuestamente “reducir el incentivo de embarcarse en viajes peligrosos”. Esta medida de clasificación opera en el fondo de la misma manera que el propio procedimiento de asilo trata de desarrollar a partir del estudio de una solicitud y la búsqueda de “veracidad” entre las pruebas presentadas y el relato esgrimido, con la diferencia de que se está abiertamente impidiendo el acceso a territorio a determinadas personas, multiplicando centros de retención, y externalizando las labores de control (recordemos que los centros estarían fuera de la Unión Europea).
La dificultad del acceso al territorio ha sido en el caso español uno de los principales obstáculos para la petición de asilo, como también lo es la negativa a conceder asilo a las personas que no se les reconoce una procedencia de un país declarado en conflicto. Recordemos para que un país sea declarado en conflicto tiene que existir un llamado desde las Naciones Unidas lo que habilita la posibilidad de pedir protección y que esta le sea concedida. Viejos conflictos donde no existe dicho llamado dificultaría la posibilidad de solicitar asilo, como de hecho ya lo hace, a muchísimas personas. También nos encontramos con otras dificultades en el acceso al asilo como ocurre con el tratamiento de nuevos contextos que originan desplazamientos forzados, como es el caso de los desplazamientos ocasionados por pandillas o bandas criminales que terminan siendo considerados como “delincuencia común”, impidiéndoles por tanto optar a una protección internacional. Muchos son los precedentes que hablan de los obstáculos que se buscan poner sobre el terreno, más allá del discurso y de las pretendidas intencionalidades, a la concesión de una protección como para reflexionar acerca de la manera en la que será concebida esa “clasificación”.
Por otro lado, en la intención de clasificar inmigrantes se puede ver un profundo ejercicio del poder soberano representado ya no solo en el control de las fronteras sino en la determinación de quienes serán sus sujetos de protección y quienes quedan expulsados fuera de las “murallas” del Estado. Desde el 2015 fundamentalmente, se ha podido ver un fuerte repliegue de esas fronteras externas de la Unión Europea al tiempo que se extienden los controles. El alambre de espino y de los radares que detectan embarcaciones en el mar se han multiplicado. Las cumbres de jefes de Estado y la atención mediática ha mantenido vivo un tema al que no se le ha abordado con la profundidad que requiere y la trascendencia que demanda. No obstante parece que la labor de blindaje vendrá acompañada de ejercicios de justificación y legitimación dentro del discurso humanitario, despolitizando así las medidas adoptadas en nombre de prácticas de ordenamiento y eficacia.
El papel de Europa ante la migración se ubica pues entre el discurso de repliegue de sus fronteras con una fuerte intención de frenar las entradas, al tiempo que se siente constreñida al cumplimiento de los acuerdos en materia humanitaria a los que está adherida a nivel internacional. En esta disyuntiva entre el discurso y la práctica se ubican estos centros. Bajo un discurso humanitario se presentan como formas de poner “orden” y establecer un control mientras subyacentemente pervive una articulación jerárquica de producción de subalternidades. La acogida pasa de recaer en la urgencia de una situación de desplazamiento a un ejercicio de comprobación, de un mandato de socorro a uno de evaluación, desarrollándose además en una lógica espacial en donde los confines de la Unión Europea no serían ya los límites de su gobierno y soberanía, sino que se extenderían más allá, hacia esos espacios de clasificación. Esta nueva realidad requiere de un profundo abordaje que sobrepasa las posibilidades de este escrito, pero valga aquí para llamar la atención sobre los dobles significados discursivos de las nuevas políticas europeas en materia migratoria, de asilo y refugio pues se encuentran estas atravesadas por un mandato internacional de “buenas prácticas” que le lleva a recubrirlas de florituras.
Ivana Ruiz es colaboradora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
