Se ha convertido en una moneda de uso común en el relato de una parte de la economía crítica utilizar las expresiones «déficit democrático» o «baja calidad democrática» para hacer referencia al diseño y funcionamiento de las instituciones comunitarias; carencias que obligarían, para conseguir un buen funcionamiento de la zona euro, a introducir mejoras o cambios en el actual marco institucional.
Estos términos apuntan, sobre todo, al limitado papel desempeñado por el Parlamento Europeo, en comparación con otros organismos —como, por ejemplo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo— que, por su carácter intergubernamental, no cuentan con la legitimidad proporcionada por las urnas. También se hace referencia a los mecanismos de elección de las personas que están al frente de esos espacios.
No discuto la pertinencia de esas y otras reformas dirigidas a corregir evidentes restricciones, desde la perspectiva del funcionamiento democrático, en el engranaje institucional comunitario. Pero me parece evidente que reducir o centrar el «problema democrático» de Europa a esas insuficiencias constituye un error de bulto en el diagnóstico que limita la acción política.
Conviene tener presente que la creación de la Unión Económica y Monetaria puso en el centro de la construcción europea las finanzas y los grandes bancos, suprimiendo todas las restricciones al libre movimiento de capitales. Concedió todo el protagonismo a los mercados financieros, una parte importante de los cuales se mueve en territorios opacos, y a las grandes firmas que los articulan. A la vista de la capacidad de las finanzas de condicionar e hipotecar las políticas de los gobiernos, esta perspectiva debe ser muy tenida en cuenta cuando se reflexiona sobre los déficits democráticos (en plural).
Lo mismo cabe decir del protagonismo de las grandes corporaciones cuyo volumen de negocio es muy superior al presupuesto de la mayor parte de los estados nacionales. Estas corporaciones se organizan como grupos de presión para influir en la agenda de las instituciones comunitarias y utilizan a menudo la ingeniería contable para eludir sus obligaciones tributarias y colocar su tesorería en paraísos fiscales, privando de recursos a las administraciones públicas. No hay que olvidar que uno de los resultados de la crisis, al que apenas se hace referencia en las valoraciones al uso, es que el poder económico y financiero de los grandes grupos económicos, y también de las grandes fortunas y patrimonios, ha aumentado.
Otro ejemplo que ilustra las carencias democráticas presentes en Europa ha sido la decisión de otorgar rango constitucional a un planteamiento de política económica que coloca el ajuste presupuestario como piedra angular de la actuación de los gobiernos, negando de esta manera la necesaria pluralidad de opciones tanto en la definición de los objetivos como en las prioridades, los instrumentos y los plazos de ejecución. Un verdadero golpe de mano que sitúa los estándares democráticos europeos bajo mínimos.
Tampoco pasaría la prueba de un mínimo control democrático la utilización del Banco Central Europeo, privando de liquidez a la banca griega, con el único objetivo de forzar la rendición del gobierno de Syriza; y, más recientemente, la decisión de reducir la adquisición de bonos italianos en el mercado secundario con la indisimulada intención de advertir al gobierno salido de las últimas elecciones de las consecuencias de aplicar una política económica que desafíe los pilares de la moneda única.
No estamos, pues, ante un déficit democrático o una baja calidad democrática, sino ante una deriva autoritaria que surge del papel cada vez más prominente de las grandes corporaciones y la industria financiera, de la captura de las instituciones por los grupos económicos y de la orientación de las políticas implementadas por las elites. Enfrentar esta deriva requiere, cuando menos, actuar en las siguientes direcciones:
- Regular con la máxima transparencia las relaciones de las instituciones comunitarias con la sociedad civil, y particularmente con los lobbies que representan los intereses de las grandes corporaciones. En este contexto, deben prohibirse las puertas giratorias.
- Desconstitucionalizar la obligatoriedad de que la acción de los gobiernos persiga como objetivo el ajuste presupuestario y, por supuesto, la obligación de atender, con carácter prioritario, por encima de cualquier otra consideración, los pagos de los intereses y la devolución de los préstamos a los acreedores.
- Los requisitos de condicionalidad presupuestaria deben ser suprimidos, trasladando la soberanía en esa materia a los gobiernos. Las exigencias relativas al déficit y la deuda públicos deben ser sustituidas por otras basadas en el respeto a los derechos de la ciudadanía, la equidad de género, el empleo decente y la sostenibilidad.
- Prohibir los paraísos fiscales, perseguir la ingeniería contable practicada por las empresas transnacionales y preservar los derechos de los trabajadores a través de la negociación colectiva.
- Aumentar de manera sustancial el presupuesto comunitario, financiarlo, tanto a escala comunitaria como de los estados nacionales, con criterios de progresividad y poner los recursos disponibles al servicio de una política orientada a la convergencia productiva, social y territorial.
Nada de esto se encuentra en la agenda del próximo Consejo Europeo, que, supuestamente, debería abrir las puertas a una nueva arquitectura institucional europea. Una prueba más, por si teníamos pocas, de la inercia conservadora de las elites económicas y políticas europeas. Ante este escenario, que consolida y refuerza la deriva autoritaria, las izquierdas y la economía crítica deben estar a la altura del desafío y ofrecer alternativas que apunten con decisión hacia otra Europa.
Fernando Luengo es economista y miembro de Podemos (círculo de Chamberí)
@fluengoe
