Un análisis de costes y beneficios encargado por la Comisión Europea pone en duda la rentabilidad económica del gasoducto STEP, la primera fase de un proyecto que incluye cientos de kilómetros entre España y Francia y que ha sido reactivado en un momento en el que ha bajado la demanda. El informe, realizado por la consultora finlandesa Pöyr y al que ha tenido acceso La Marea, afirma que el gasoducto solo podría ser sostenible económicamente si se diesen tres circunstancias al mismo tiempo: una bajada del suministro de gas desde Argelia, baja demanda a nivel europeo y un incremento de precios del gas natural licuado.
STEP es la primera fase del proyecto MidCat, un conjunto de gasoductos que doblarán la capacidad de interconexión entre Francia y España, y que costará alrededor de 3.000 millones de euros, de los que al menos la mitad procederán de arcas públicas, y está incluido en la lista de Proyectos de Interés Común de la Comisión Europea. En España, Enagás es la promotora del proyecto, mientras que en Francia la mayor parte del mismo la construye Teréga, la transportista antes conocida como TIGF y propiedad de la italiana SNAM.
El informe contradice el argumento de la seguridad energética esgrimido por la Comisión, al no apreciar que vaya a haber flujo de combustible desde España a Francia, sino tan solo en dirección contraria, excepto en condiciones de muy alta demanda en Europa. E incluso en ese caso, los flujos Sur-Norte serían “marginales”. La consultora simuló las reacciones del sistema gasista europeo en diferentes condiciones de estrés, incluyendo entre otros el “cese completo” de flujos de gas desde Rusia y desde el Magreb hacia Europa durante un invierno. El informe concluye que STEP no supone ningún beneficio adicional en ninguno de estos casos.
El responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, Samuel Martín-Sosa, considera que el documento contradice la estrategia europea y el discurso del gobierno español, que recientemente ha impulsado la reactivación del proyecto: “Si, como dice este estudio, no se prevén flujos desde España hacia Francia, una de dos; o esta gente está muy mal asesorada, o existen intereses ocultos que no están revelando”.
La Comisión Europea denegó recientemente el acceso al informe a la eurodiputada francesa Michelle Rivasi por tratarse de un documento “sensible económicamente”. Por su parte, Josep Nualart, investigador del Observatori del Deute en la Globalització, sostiene que el informe podría ser la pieza que le faltaba a Francia para oponerse definitivamente al proyecto, que ha suscitado dudas en el país vecino desde hace años: “A la vista de las conclusiones de este informe, a Francia no le interesa el proyecto y podría desvincularse. Teniendo en cuenta que dos terceras partes del coste del mismo es para tramos en territorio francés”. Nualart, además, cuestiona si el coste podría acabar recayendo en los consumidores de gas en España: “Si ellos se desvinculan, ¿quién pagará esas obras? ¿repercutirá nuevamente en los usuarios españoles a través de la factura del gas, tal y como está pasando con el almacén Castor?”.
En declaraciones a La Marea, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito define el informe como “revelador”, y opina que su contenido era, probablemente, la razón del retraso de su publicación –La Marea también lo solicitó recientemente a la Comisión, sin éxito–: “Ya sabíamos que desde el punto de vista medioambiental y climático el proyecto tenía problemas, pero ahora queda desestimado el argumento de rentabilidad y seguridad del suministro al que se aferraban los promotores”. Benito confirma que presentará una pregunta por escrito para que la Comisión Europea se posicione “acerca de un proyecto que no tendrá los beneficios que se esperaban” y reconsidere la inclusión del mismo en la lista de Proyectos de Interés Común.
Además, el parlamentario europeo indicó que este informe no solo plantea dudas sobre el MidCat, sino sobre el resto de proyectos gasistas: “Hablamos solamente del MidCat porque es del que tenemos información, pero es un antecedente preocupante. ¿En qué se basan la Comisión Europea y ENTSO-G [la asociación europea de transportistas de gas] para evaluar la utilidad de los proyectos de interés común?”.
Enagás declinó hacer declaraciones a La Marea sobre el informe.
*Aquí puedes leer el informe completo.