La ideología de los jueces

Todas las personas tienen ideología. A veces de forma más o menos consciente, pero casi todos tienen su visión sobre cómo debiera funcionar el mundo en su conjunto. Así se distinguen ideologías más individualistas, regresivas o involutivas, que tienden normalmente a un apego a la tradición, junto a otras que tratan de buscar espacios de mayor cooperación e intercambio de información entre los seres humanos, espacios que son los que, por cierto, nos han hecho llegar más lejos como especie. En ambas tendencias no es posible hablar estrictamente de “derecha” e “izquierda”, puesto que individualismo, conservadurismo, apego a la tradición y “progresismo” hay en los diferentes sectores de ambas ideologías.

Cualquier juez o jueza, como ser humano que es, posee indudablemente una ideología en su vida privada y se ve influido por la misma en su vida pública. Todo ello es inevitable. El problema se produce cuando dicha ideología se refleja de forma patente en sus sentencias, hasta el punto de que el juez, atenazado por sus prejuicios ideológicos, manipula las interpretaciones de las leyes en beneficio de su propia orientación de pensamiento, o incluso tergiversa los hechos que debe juzgar con el mismo fin. Es más que probable que el juez que obra de ese modo no sea consciente de ello, o bien que siendo consciente crea estar obrando rectamente, para un buen fin colectivo, incluso para la defensa de una “razón de Estado”, que naturalmente se compagina –es difícil que sea de otro modo– con su orientación ideológica.

Y es que por más que a buena parte de la ciudadanía le ponga los pelos de punta leer algunos fallos judiciales y crean que detrás de los mismos hay un psicópata o un fanático, en realidad lo que suele haber es un ciudadano que cree hacer el bien, aunque esa noción del “bien” no coincida con la de esa parte de la ciudadanía. En ese punto se sitúa justamente el problema: en los conceptos de “bien” y “mal”. Se trata claramente de nociones profundamente teológicas, comprensibles en el esquema de razonamiento de cualquier religión, pero que por más asentadas que estén en nuestras mentes, no pueden trasladarse a la expresión del poder en un Estado aconfesional. En el laicismo no existe el “pecado”, dado que las conductas se evalúan en función de un ordenamiento elaborado colectivamente por el pueblo a través de sus representantes, en principio sin otra inspiración que la “experiencia”, es decir, la base del método científico.

De esa forma se consigue entender que no es que matar o robar sea “malo” de por sí, sino que lo es porque la sociedad, tal y como la conocemos, sería imposible con la constante amenaza hacia la vida o el patrimonio. De ese modo también se comprende que en esa democracia a la que me estoy refiriendo, nadie debe sentir ningún temor a pensar y mucho menos a hablar, y por ello existe la libertad de expresión. O bien que uno no debe sufrir la sensación paranoide de estar siendo vigilado, y por esa razón existe el derecho a la intimidad. Y así sucesivamente con el resto de derechos. Esa es la orientación de nuestros actuales ordenamientos, basados en ese cientifismo que impulsaron el racionalismo inglés, la ilustración francesa después y un número extraordinario de filósofos y científicos que nos han ayudado –y nos seguirán ayudando– a entender mejor el mundo.

El problema acaece cuando se olvida todo lo anterior, y un juez se deja llevar por su noción ideológica del “bien” y el “mal”, y se aleja, por tanto, de la que debiera ser su única ideología, si puede llamarse así: la defensa de los derechos humanos. Y de ese modo cree, por ejemplo, que la mejor forma de combatir el terrorismo es sancionando a quien simplemente suelta absurdos exabruptos incluso en canciones u otras expresiones artísticas, reprimiendo así una de nuestras más ancestrales y esenciales herramientas de crecimiento humano: el arte, que debe ser observado especialmente cuando ofende, porque ello provoca lo más preciado que tenemos después de nuestra vida: nuestra capacidad de reflexión. O bien decide no sancionar a policías que han sometido a supuestos malos tratos a un detenido por uno de los delitos más odiados por la sociedad en su conjunto, en beneficio de una lógica bélica de cerrar las filas que carece de razón de ser en tiempo de paz, y que solo tiene valor en el marco de barbarie de una guerra. O entiende que castigar como delito las expresiones públicas de burla a un jefe de Estado es la mejor forma de defender al Estado, aunque flaco favor le hace al Estado y a su jefe con esa actitud, que solo tiene sentido en una dictadura en la que el líder –lógicamente– debe ser protegido de cualquier crítica para sustentar entre la ciudadanía la ilusión –falsa– de su infinito poder y bondad. O bien ordena el encarcelamiento de opositores con argumentos formulados en tono alarmante, pero en su fondo tan inseguros y endebles que arriesgan con cruzar la infranqueable línea de la persecución ideológica.

Convendría hacer una revisión de algunos planteamientos judiciales. No es tan difícil. Basta con que la ideología personal no condicione la labor jurídica de los jueces. No todo lo “malo” es ilegal, ni todo lo ilegal es delito. Esa es una reflexión que los juzgadores están obligados a hacer permanentemente.

Jordi Nieva Fenoll es catedrático de Derecho Procesal. Universitat de Barcelona