“El Pacto de Estado es una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual”

«España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual». Con esta rotundidad denuncia Amnistía Internacional la invisibilidad de la violencia sexual en nuestro país y la dejadez del Estado, que juzga estos días a los jóvenes acusados de violar a una chica en Pamplona pero también, paradójicamente, a la propia víctima.

La organización destaca algunos avances logrados desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, en 2004, que reconoció que las agresiones deben combatirse a través de una legislación específica y que hay que proteger a las víctimas. Sin embargo, en relación con la violencia sexual queda mucho por resolver. Entre otras deficiencias, señala la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema. Según la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 7,2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres.

Aministía Internacional también denuncia que los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología). «Hay una ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual», añade la organización. Según el estudio Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España, publicado en octubre de 2016, solo 9 de las 17 comunidades autónomas disponen de centros de atención a víctimas de violencia sexual y no existe en todo el Estado español ningún centro de atención en crisis (24 horas los 7 días de la semana)».

Igualmente Amnistía Internacional alerta de la persistencia de prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de estas víctimas en el proceso judicial. El caso de La Manada es el ejemplo paradigmático. La responsable de política interior de la organización, Virginia Álvarez, incide en ello: «Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización».

Pero hay más ejemplos. El caso de Blanca (nombre ficticio), mujer de 20 años con nacionalidad española y de origen colombiano representa también los prejuicios, los estereotipos y la falta de diligencia debida del Estado a la hora de atender a las víctimas de violencia sexual. Según el testimonio recogido por Amnistía Internacional, Blanca fue agredida sexualmente a las cinco de la mañana el 8 de mayo de 2016. En dos ocasiones perdió el conocimiento. Cuando llegó a casa a las siete de la mañana,  tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la comisaría especializada en este tipo de delitos en Madrid (Jefatura Superior de la Policía Nacional). En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró cinco horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa. «En todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad», cuenta a la organización. En todo ese tiempo nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro.

«En ningún momento, los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia. Tras la declaración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que en estos casos solo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz […] Tras ser violada a las cinco de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense», denuncia Amnistía Internacional. Finalmente, fueron asesoradas por CAVAS, un centro de asistencia a víctimas de agresiones sexuales que conocieron a través de un folleto que encontraron en la comisaría. La investigación no ha avanzado.

Concretar en medidas el Pacto de Estado

Amnistía Internacional propone, entre otras cuestiones, el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos un centro de crisis por cada 200.000 mujeres y, como mínimo, uno por cada comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. «No podemos olvidar que el pacto vuelve a poner encima de la mesa muchas medidas que ya se contemplaban en la Ley Integral aprobada en diciembre de 2004 y que no se han implementado correctamente. El pacto debe suponer una oportunidad para que España ponga en marcha, entre otras, las recomendaciones de organismos internacionales, y especialmente asegurar la correcta implementación del Convenio de Estambul (ratificado por España en junio de 2014) sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres», añade Álvarez.

La organización también señala que el pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición, una cuestión que tampoco incluyó ni la ley integral ni la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.