ANA ENCINAS DÍAZ* // La contribución más destacada de Percival Manglano a la gestión de la ciudad de Madrid este mes es una proposición para que el pleno del Ayuntamiento de Madrid exija a las autoridades venezolanas la “inmediata liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma y todos los demás presos políticos encarcelados en Venezuela”. Sin tener la más mínima intención de discurrir acerca de lo que el señor Manglano entiende por “presos políticos”, la aportación de este concejal del PP para los habitantes de Madrid en el mes de febrero remueve en quien firma este texto una mezcla de sensaciones que van desde el bochorno hasta las ganas de chanza.
Más allá del humor con el que se aborde este filón que el Partido Popular cree haber encontrado en Venezuela, lo cierto es que Percival Manglano nos trae un poco más de lo de siempre: un nuevo episodio de guerra cultural que, previsiblemente, tendrá poco recorrido pero que bien le vale para llevarse unos cuantos titulares y, con hilos bien movidos, arañar unos minutos en televisión. La cuestión es la siguiente: ¿Es el pleno del Ayuntamiento de Madrid el lugar desde el que hacer este tipo de reivindicaciones políticas? ¿Aceptaríamos que el Ayuntamiento de Caracas se posicionase sobre la imputación de todo el PP en la trama Gürtel? ¿Y si la alcaldesa de Maracaibo exigiese la inmediata entrada en prisión de Iñaki Urdangarín o Rodrigo Rato?
Volvamos a Madrid. Entre las atribuciones del pleno se encuentran la fiscalización y control del gobierno de la ciudad, la aprobación de ordenanzas y reglamentos municipales, la aprobación de presupuestos, los acuerdos de participación o la definición de la forma de gestión de los servicios públicos, entre otras funciones. Se le supone el espacio donde representantes de distintas sensibilidades políticas de la ciudad canalizan sus propuestas e inquietudes para debatirlas y, si hay mayoría, aprobarlas. Desde otra perspectiva, podemos considerar que el pleno es el lugar desde el que los grupos políticos que están fuera del gobierno pueden exponer sus ideas para mejorar la vida de quienes viven en esta ciudad, defenderlas y forzar que se lleven a cabo, independientemente de la tendencia política de quien ocupe el sillón de la alcaldía. Irremediablemente, tenemos que detenernos ante otra pregunta: ¿Cómo va a mejorar la vida de madrileñas y madrileños la aprobación o no de esta proposición?
Cubazuela del norte y otras batallas culturales que suenan a broma
La fijación de la derecha por Venezuela en general y contra las decisiones de su gobierno en particular no es nueva ni mucho menos está exenta de contradicciones. A pesar del apoyo explícito de Aznar al golpe de Estado de 2002 contra Chávez –en el que participaron Capriles y Leopoldo López–, su colega Morenés nos contaba en 2012 que veía en Chávez “un gran amigo” de España. La declaración se hacía con motivo de la visita a Caracas de una conocida empresa española que se dedica a la fabricación de material militar. También nos dijeron los observadores internacionales que asistieron a las últimas elecciones presidenciales en Venezuela (entre los que había parlamentarios del PP y del PSOE) lo siguiente: «Creemos que el resultado electoral es fiable por contrastable y porque asegura el ejercicio libre, secreto y universal del voto”.
No sirve, pues, escudarse en los derechos humanos para motivar el uso interesado que hace el PP de la situación política en Venezuela, a pesar de reconocerles su derecho a la preocupación por la política internacional. Tendría sentido, eso sí, si alargasen la vista y cuestionasen también las visitas y negocios del rey en Arabia Saudí, la situación del Sáhara o el avance de la extrema derecha en Europa. Tampoco sobraría que en su labor política se preocupasen por vulneraciones que se dan en nuestro país y de las que casi siempre han sido cómplices o ejecutores: baste hablar de la Ley Mordaza o de la valla y las concertinas de Melilla, por ejemplo. Quizá después de ver los resultados de su defensa de los derechos humanos en estos ámbitos podríamos tomar en serio su acción y alejar la sospecha de que esta campaña constante a favor de los opositores venezolanos en realidad está vinculada con algo que va más allá de una guerra cultural o de la defensa de los negocios de la familia Capriles en Madrid.
El objetivo tras este uso partidista de las instituciones es situar en la agenda pública un tema que, en esta ocasión, el PP quiere volver a colocar desde una perspectiva que nace sesgada y para ello se aprovecha del interés que en la prensa genera una sesión plenaria. Presión institucional y miedo mediático para trasladar un mensaje moralista que intenta ligar los intereses neoliberales y conservadores de determinada facción del PP con el interés de la población de Madrid. No es una práctica desconocida y el mismo grupo la ha utilizado con diferentes resultados. Consiguieron hace poco más de un año que el gobierno de Ahora Madrid denunciase a unos titiriteros que no habían cometido ningún delito y llevar ante los tribunales a un concejal por hacer unos chistes en Twitter, pero otras veces no fueron más allá de la parodia y del “no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena”. ¿Por qué no valerse de las víctimas del terrorismo o de los propios hijos para poner contra las cuerdas a un gobierno de cambio? Al fin y al cabo, mejor que la gente en Madrid opine sobre las “desastrosas consecuencias” que tiene esto y no de la Ley de Gasto que Montoro impone a las cuentas municipales, ¿no?
*Ana Encinas Díaz es miembro de Ganemos Madrid.
