MADRID // El fiscal jefe de la Audiencia Nacional (AN), Javier Zaragoza, apura sus últimos días en el puesto. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha propuesto al Gobierno que Jesús Alonso, hasta ahora teniente fiscal de la Audiencia Nacional y portavoz de la Asociación de Fiscales desde 2015, sustituya en el cargo a Zaragoza, quien ha dirigido la Fiscalía de la AN durante los últimos diez años. Zaragoza, quien como jefe de la Fiscalía Antidroga participó en importantes operaciones contra el narcotráfico, fue nombrado máximo responsable de los fiscales de la AN en 2006, por el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en sustitución de Eduardo Fungairiño.
En la última década, todas las actuaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) han dependido en última instancia de Zaragoza. Ningún procedimiento del resto de los fiscales subordinados se ha realizado sin su mandato y autorización. Lo cierto es que la separación de poderes establecida en la Constitución y base de cualquier sistema democrático está perdiendo vigor por los últimos movimientos de la Fiscalía General del Estado en lo que respecta a la libertad de expresión. La fiscalía especial de la Audiencia Nacional encargada de perseguir los delitos de terrorismo se ha mostrado solícita a la hora de encausar a multitud de ciudadanos por sus comentarios en redes sociales o por sus expresiones y actividades artísticas. En este punto, el papel que ha jugado Javier Zaragoza ha sido esencial. Sus actuaciones contra el ejercicio de la libertad de expresión tuvieron un momento culmen en 2008, que sirve para mostrar el especial énfasis que la Fiscalía de la AN tiene en este asunto. Zaragoza presentó una querella por injurias al rey contra los diarios Deia y Gara por un artículo titulado «Las tribulaciones del Oso Yogui», y por una viñeta en la que se presentaba al rey Juan Carlos junto a un oso cazado diciendo: «Estaba cocido». Esta tira cómica se refería a las informaciones publicadas en Rusia en las que se aseguraba que el rey había cazado un oso llamado Mitrofán, que previamente había sido emborrachado con vodka con miel para favorecer que el monarca no fallara en su intento de abatirle.
El juicio celebrado en la sede de la AN pasará a los anales del surrealismo jurídico creando jurisprudencia del esperpento. José Antonio Rodríguez y Javier Luis Ripa, autores de la viñeta, fueron absueltos por el juez José María Vázquez Honrubia. La misma suerte tuvo Nicolás Lococo, redactor del artículo. Lococo realizó una intervención en su declaración, relatada en el diario El País por Manuel Altozano, digna de ser rescatada. El fiscal encargado de defender la postura de su superior fue Pedro Rubira, que apeló al derecho del monarca a ser respetado: «¿Acaso, como diría William Shakespeare, si pinchamos al rey no sangra?». Las preguntas sobre el contenido del artículo motivaron unas respuestas del autor que causaron risas y carcajadas en la sala: «Había que explicar que el borracho era el oso, no el rey. Yo me refiero al animal, no a Su Majestad». Lococo explicó que su artículo venía motivado por su empatía con los úrsidos: «Desde mi infancia me considero un oso a nivel espiritual porque desde hace cinco generaciones a los miembros de mi familia, que viven en Castro Urdiales, les llaman osos», prosiguió. Y añadió que desde su más tierna infancia se crió con un oso de peluche y que únicamente fue consciente de la mentira en la que vivía cuando lo vio «colgado con pinzas al salir de la lavadora». El juez consideró, tras oír a las partes, que las peticiones del fiscal no eran adecuadas y que las críticas y la sátira deben ser respetadas en democracia.
Javier Zaragoza también se opuso frontalmente a la investigación contra el franquismo que impulsó el juez Baltasar Garzón. El fiscal acusó al magistrado de realizar una «suerte de inquisición general» contraria al proceso penal propio de un Estado de derecho. El recurso que Zaragoza presentó contra la admisión a trámite de la querella que permitiría la investigación de los crímenes del franquismo consideró que dudar de la legitimidad de la Ley de Amnistía ponía en duda el ordenamiento jurídico general, y calificó las intenciones de Garzón de «causa general». El recurso del fiscal fue el inicio de las actuaciones judiciales contra Baltasar Garzón por prevaricación que impulsaron Manos Limpias y Falange.
Otra de las cuestiones relevantes en las que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional tuvo una implicación directa fue en las maniobras para archivar todas las causas que se dilucidaban en el juzgado y tenían a EEUU como implicado. En los papeles del departamento de Estado estadounidense revelados por WikiLeaks se mencionaban las reuniones que Zaragoza había tenido con miembros de la Administración norteamericana para anular la investigación por crímenes de guerra y torturas en la cárcel de Guantánamo. Según los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks y publicados por El País, el fiscal asesoró y aportó claves del juicio a William Duncan, consejero político de la Embajada de EEUU, en una reunión mantenida en su despacho en la calle Génova, el 31 de marzo de 2009. En los hechos narrados de la reunión se exponía que el fiscal maniobraría para evitar que el caso acabase en manos de Baltasar Garzón y se ocupara de él el juez Ismael Moreno. Un hecho que fue uno de los muchos que WikiLeaks reveló sobre la participación de Javier Zaragoza a favor de EEUU.
* Texto actualizado del artículo publicado en el número 47 de la revista La Marea
