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Diez constructoras se reparten la obra pública en España

La Fundación Civio analiza en la investigación '¿Quién cobra la obra?' 8.058 contratos adjudicados en los últimos siete años. El grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, lidera el ránking.

Dani Cabezas

16 noviembre 2016 Una lectura de 3 minutos

La gran mayoría de la obra pública está en manos de un pequeño puñado de constructoras. Es la principal conclusión de ¿Quién cobra la obra?, una investigación periodística llevado a cabo por la Fundación Civio que ha analizado un total de 8.058 contratos firmados entre los años 2009 y 2015.

Según señala Civio, a pesar de que más de 2.600 empresas han recibido contratos de obra pública por valor de 38.828 millones de euros, siete de cada diez de esos euros adjudicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fueron a parar a diez grandes empresas constructoras.

De entre los grandes conglomerados empresariales, el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, lidera con amplio margen la clasificación: está presente en uno de cada diez contratos firmados. Sus mayores contratistas fueron el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Tras él se sitúan otros grandes empresarios de la construcción como José Manuel Entrecanales (Acciona), Esther Koplowitz (FCC), Rafael del Pino (Ferrovial) y Manuel Manrique (Sacyr).

Desde 2009, cuando las administraciones públicas repartieron 14.000 millones en 2.407 adjudicaciones de obra vía BOE, esa cifra ha disminuido año a año (9.563 millones adjudicados en 2010, 4.685 en 2011, 3.202 en 2012), hasta llegar a su cifra más baja en 2013 (con 1.326 millones de euros en contratos). Pese al repunte que muestran los datos a partir de entonces, nunca se han alcanzado de nuevo las grandes cifras de la época dorada de la obra pública.

«Comenzamos con esta investigación hace mucho tiempo», recuerda Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. «Hicimos el crowdfunding hace ahora dos años, pero hemos sufrido algunos parones, especialmente porque hemos tenido problemas con algunos datos esenciales: partíamos de unos números que no estaban preparados para ser publicados. Nos preguntábamos por qué nadie había hecho algo así, y no tardamos en entender por qué: los datos eran muy complicados de conseguir».

La opacidad de las UTE

En ese sentido, ¿Quién cobra la obra? pone de relevancia una cifra clave: el 40,8% del dinero fue a parar a empresas que se presentaron en solitario a los concursos, pero el 59,2% se adjudicó a las llamadas Uniones Temporales de Empresas (UTE). La importancia de estas estructuras, con niveles de opacidad mayores que los de cualquier otra empresa, es más evidente en las grandes obras públicas. De hecho, de los 2.489 grupos empresariales analizados, solo 1.327 se presentaron siempre en solitario. Del resto, 1.162 están en alguna UTE y 641 solo se presentan de esa forma, nunca por sí solos. «Las UTE tienen un mundo paralelo y muy opaco», afirma Belmonte. «Hay registros que se nos han negado sistemáticamente porque se trata de datos protegidos», añade.

Belmonte ha denunciado que en España no hay un sistema moderno, automático y masivo que permita vigilar la contratación pública para evitar posibles casos de corrupción: «Todo el mundo sabe que las grandes constructoras estaban presentes en todo los grandes contratos, pero no hasta qué punto: la gran contratación de obra pública pasa siempre por ellos».

La situación contrasta con la de otros países europeos. «En otros estados sí existen organismos independientes que se dedican a esa vigilancia de forma sistemática. En España, el Tribunal de Cuentas elabora cada cierto tiempo un informe con contratos sueltos, y siempre encuentra irregularidades. Al final, dependemos de que las empresas que no han ganado un concurso concreto lo denuncien para que se investigue a fondo. Pero al mismo tiempo es complicado que lo hagan, dado que no se quieren quedar fuera de la siguiente adjudicación», concluye Belmonte.

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