La población presa tiene “una salud extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad”, según un estudio presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). El informe afirma que existe una violación de los derechos a la integridad física y la protección de la salud de las personas presas, unos derechos que se consideran fundamentales y no pueden ser afectados por ninguna situación legal, penal o administrativa.
La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y la Organización Médica Colegial de España (OMC), también responsables del estudio, denuncian que “el Estado no cumple” con su deber de “garantizar la salud de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad. Y sostienen que la dependencia de los facultativos del Ministerio del Interior dificulta que prevalezca el criterio médico sobre otros, como el de la autoridad penitenciaria. A pesar de la ley que, desde 2003, obliga a que la sanidad en las instituciones sea gestionada por las comunidades autónomas, actualmente sólo el País Vasco las ha obtenido. Según la APDHA, la gestión de Interior y el modelo de convenios supone “parches con múltiples lagunas que se convierten en problemas muy graves para las personas presas”.
Una de las situaciones más preocupantes que pone en evidencia el informe es la dificultad de acceso a los mismos medicamentos que la población libre. En marzo de este año, el Tribunal Supremo anuló parcialmente una orden dictada por el Ministerio del Interior al final de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que el Ejecutivo autorizó a las prisiones a administrar fármacos de distinta composición de aquellos recetados por los facultativos.
En julio, el Ministerio del Interior estableció la necesidad de obtener autorización gubernamental para dispensar medicamentos que no estuvieran en la lista de fármacos financiados por el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz. Interior sugiere que los presos se paguen los medicamentos si no se les concede la autorización.
La situación, recoge el estudio, afecta gravemente a presos enfermos de hepatitis C, que no tienen acceso a los fármacos de última generación contra la enfermedad. Según Instituciones Penitenciarias, el 20% de los internos están infectados por el virus. Además, un alto porcentaje (alrededor del 40%) sería portador del VIH.
La seguridad, antes que la salud
Las reglas internas de control de la población presa hace que el trabajo de los médicos se vea dificultado, como la dificultad de organizar citas médicas cuando las mismas requieren que el recluso acuda a un centro hospitalario externo. “Deberían priorizarse las conducciones médicas sobre otros servicios”, afirma el estudio, que explica que en muchas comunidades no se incentiva a los especialistas para que atiendan a los reclusos en prisión. En caso de imposibilidad, afirman los autores, deben concederse “permisos extraordinarios a los presos para que realicen salidas en régimen de autogobierno”.
Además, muchas citas se pierden por la falta de coordinación entre centros penitenciarios. Cuando un preso es trasladado de una cárcel a otra no se tienen en cuenta las citas médicas ya concertadas, por lo que el paciente tiene que comenzar de nuevo la fase de diagnóstico. Según el informe, es común que se pospongan incluso intervenciones quirúrgicas, lo que en algunos casos supone daños irreversibles para el enfermo.
Asimismo, las organizaciones denunciaron que la ruptura entre la sanidad de la población general y la de la población reclusa hace que se dificulte el acceso al historial médico por parte de los profesionales. Antonio López Burgos, presidente de la SESP, argumenta que, al ser los reclusos puestos en libertad, sus médicos de cabecera desconocen el tratamiento que han recibido en prisión y su historia clínica. López Burgos añade que “no se comparte información entre centros penitenciarios, no existe conexión a Internet y los historiales son en papel”.
Enfermedades raras y enfermedades mentales
Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a principios de 2016 la población reclusa superaba las 61.000 personas. Esta población sufre con frecuencia enfermedades de incidencia baja o muy baja entre la población general. Según el estudio, la tuberculosis afecta a un 5%, lo que supone una incidencia 100 veces superior a la media fuera de la cárcel.
Las enfermedades mentales también tienen una prevalencia muy superior entre las personas presas. Según el informe, un 80% de los internos han sufrido alguna vez un trastorno psicológico. De ellos, la mitad lo padecen en la actualidad y alrededor de un 8% del total tienen enfermedades graves. En general, la incidencia de estos trastornos entre los reclusos es cinco veces mayor a la que existe fuera de las cárceles. Una de las conclusiones del informe es que las personas con enfermedades mentales no deberían estar en prisión: «Sufren especialmente la falta de programas y recursos sanitarios que sí disponen en el exterior, violándose así los derechos de los más vulnerables».
