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jueves 22 febrero 2018

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Daniel Gismero y Raúl Martínez defienden que la municipalización es la forma más adecuada de gestión, ya que está demostrado que es el mecanismo más económico para las arcas públicas.

16 septiembre 2016
10:56
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Trabajadores/as, municipalizaciones y candidaturas de Unidad Popular
Una trabajadora de los servicios de limpieza de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

Daniel Gismero, barrendero de Madrid
Raúl Martínez, limpieza de instalaciones deportivas en Rivas Vaciamadrid

Ha pasado más de un año de las elecciones municipales de 2015. Tras décadas de políticas de privatización y expolio de servicios públicos por parte del bipartidismo, el resultado de aquel mes de mayo permitió que en centenares de municipios accedieran fuerzas políticas del cambio, que apostaban por otro modelo en la gestión municipal. Debemos ser conscientes de lo difícil que es cambiar en poco tiempo un modelo de gestión asentado a través de décadas de gestión neoliberal.

Los firmantes de este artículo somos trabajadores municipales. Uno en el Ayuntamiento de Madrid a través de una contrata de limpieza, y otro a través de la Empresa Municipal de Servicios del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, creada hace 15 años.

Después de una dura ofensiva neoliberal contra los servicios públicos, la mayoría de la población es consciente del negocio que suponen las privatizaciones. Parece obvio que la gestión privada de un servicio público tiene un objetivo netamente económico. Si no fuera rentable, ninguna empresa privada optaría a su adjudicación. Una rentabilidad que va en detrimento de los derechos laborales de las plantillas, una mayor precarización, menores salarios y disminución de derechos sociales. Esta es la fórmula “mágica” para obtener la prometida rentabilidad económica.

Pero el desastre de la gestión privada no sólo afecta a los derechos de las y los trabajadores, sino también en la calidad de la prestación del servicio a las vecinas y vecinos. Las privatizaciones no sólo han traído mayor corrupción y redes clientelares, sino también el aumento de algunas partidas de los Presupuestos municipales para poder pagar a empresas privadas por servicios que anteriormente prestaba la administración pública.

En 2001 el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid creó la Empresa Municipal de Servicios, subrogando a las plantillas existentes, con el objetivo de gestionar la jardinería; limpieza viaria y recogida de sólidos urbanos; además de de limpieza de edificios municipales, instalaciones deportivas y colegios públicos. En estos 15 años ha ampliado sus servicios con la municipalización de la recogida del papel y envase, la gestión de los puntos limpios, el mantenimiento de fuentes, BicinRivas, limpieza de pintadas, Servicio de Prevención de Incendios y la oficina de alquiler de la EMV. Además, actualmente está en proceso o estudio de municipalización la grúa municipal, las piscinas y los gimnasios municipales.

A nivel laboral, la municipalización de los servicios ha permitido la dignificación de los puestos de trabajo. Gracias a  la negociación colectiva y el trabajo sindical se ha logrado aumentar los derechos de la plantilla (unas 460 personas), revirtiendo las plusvalías que obtienen las empresas privadas en contratar más personal, incrementar salarios y mejorar los derechos sociales de los trabajadores.

Causas para la acción sindical

Hay que dejar claro que la municipalización no es una suerte de algodón de azúcar para la clase trabajadora. Mientras no cambiemos el marco de las relaciones de poder existente en el sistema capitalista, seguirán existiendo causas objetivas para la acción sindical y política de nuestra clase. Es importante que avancemos hacia modelos donde las y los trabajadores participemos en la toma de decisiones de las empresas, y es desde el municipalismo donde mejor se pueden plantear dichas experiencias.

Municipalizar es por tanto, una obligación moral y ética de las candidaturas de Unidad Popular, ya que se enmarca dentro la lucha contra el liberalismo. Municipalizar es una lucha de pobres contra ricos, de explotadores contra explotadas, de clase contra clase, de aquellos que poseen el 1% de la riqueza contra la mayoria social trabajadora del país.

Es una lucha contra la élite privilegiada que ha conseguido el control de nuestros servicios públicos para su lucro personal y privado. Una situación creada desde el franquismo,  que ha permitido a la oligarquía económica del Estado hacer fortuna a costa del erario público. Ejemplo claro es Madrid, donde las políticas del Partido Popular convirtieron a la ciudad en una especie de laboratorio del ultraliberalismo. Donde nos encontramos que son las empresas las dueñas del Ayuntamiento, las que deciden qué servicios recibimos y cómo se deben prestar.

Tenemos que ser conscientes que las candidaturas de Unidad Popular parten de una posición de debilidad, ya que en casi ningún municipio han obtenido la mayoría absoluta necesaria para formar un Gobierno capaz de aplicar su programa político con facilidad. Esta situación obliga a desarrollar políticas de consenso (no sólo en lo referente a la municipalización) con otras formaciones políticas. Para no caer en el ilusionismo electoral, debemos ser conscientes de las dificultades que existen, y a la vez, ser capaces de potenciar la movilización social. Empujando desde las calles, en favor de las mismas políticas que defendimos en los procesos electorales. Un proceso de empoderamiento y concienciación de los y las trabajadoras, que obligue a todas las opciones políticas a posicionarse entre mantener el modelo de gestión de décadas del bipartidismo o un proceso profundo de transformación de las instituciones y sus políticas.

Las últimas reformas introducidas por los partidos del régimen han puesto al Estado a los pies de los poderes económicos. Han sido tan salvajes, que hemos llegado a interiorizar esta situación como una cuestión inevitable, hasta el extremo de pensar que es inviable la municipalización. Pero examinando detenidamente la materia en cuestión podemos afirmar que el resultado es bien distinto.

La reforma del artículo 135 de la Constitución pretendía pegar un cerrojazo a la autonomía municipal y priorizar el pago de la deuda por encima de los intereses de la mayoría social. Estos criterios economicistas no hacen más que poner de manifiesto que la municipalización es la forma más adecuada de gestión, ya que está demostrado por diferentes instituciones que este es el mecanismo más económico para las arcas municipales.

Para prestar los servicios municipales, la Constitución reconoce la autonomía necesaria para elegir cómo queremos prestarlos. Garantiza a los ayuntamientos que libremente puedan designar si la forma de gestión debe ser pública o privada. Por tanto es imprescindible que se empiece a trabajar, de forma inmediata, en la elaboración de un plan de municipalización. Porque aunque soñamos con imposibles, somos realistas y sabemos que las municipalizaciones son procesos complejos, que no se pueden hacer en un dia y que tienen que ser diseñados y esquematizados.

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