Luisa, divorciada, no entendía por qué su hija se enfadaba cada vez que tenía que irse con su padre. Un día, la niña, de siete años, explotó y le contó lo que pasaba: abusaba de ella. Luisa puso una denuncia de inmediato en los tribunales, pero la justicia no creyó a la pequeña. Ante el archivo, Luisa decidió no entregarle la niña al padre. Y ahora, tras los reiterados incumplimientos del régimen de visitas, Luisa espera el juicio que determinará si pierde la custodia y se le otorga al padre. El caso de Luisa -nombre ficiticio- y su hija es similar al de la niña de nueve años a la que la justicia tampoco dio credibilidad y, según ha publicado El País, tuvo que grabar a su padre con una grabadora metida en un calcetín para demostrarlo. Dos años después. La Asociación Infancia Libre, constituida en septiembre de 2015, asegura haber reunido en menos de un año casi un centenar de casos en la misma situación: denuncias de abusos por parte de los padres que acaban archivadas. «Con una diferencia: estos niños y niñas no han conseguido grabar a su padre, y todos están obligados a mantener contacto con sus agresores«, denuncia María, que prefiere no dar su apellido, en nombre de la asociación.
«En estos momentos no hay salida porque no se le quiere dar salida. A las madres se les imputan delitos de desobediencia por el incumplimiento del régimen de visitas y se les acaba retirando la guardia y custodia en muchos casos. Algunos niños y niñas llevan meses sufriendo abusos en esta situación, otros llevan años, y algunos otros -aunque no tenemos casos en la asociación- se han suicidado», añade María. «Si estuviéramos hablando de corrupción, todo el mundo atendería, pero estos casos no interesan, como tampoco interesaba la corrupción hace diez años, como tampoco había estadísticas de violencia de género», prosigue.
Según Save the children, 3.349 menores fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar en 2014, 287 más que en 2013. Y 3.732 fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual, tanto dentro como fuera de la familia, 368 más que el año anterior. «Ante la dificultad de acreditar los hechos, debido entre otras razones a la corta edad de las víctimas, la administración de Justicia tiende a archivar las causas sin investigar suficiente y diligentemente los casos, dejando a las víctimas en graves situaciones de desprotección y riesgo», denuncia la organización, que ha enviado una carta la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que advierte de las «graves deficiencias» del sistema a la hora de dar respuesta a las víctimas, especialmente cuando son muy pequeñas y el denunciado es el propio padre.
Entre ellas, destaca la falta de formación de los profesionales: “Ni los jueces de instrucción, ni los fiscales, ni los abogados de oficio ni los equipos psicosociales o forenses de los juzgados que intervienen en el proceso tienen la obligación de especializarse. Esta falta de formación puede tener un gran impacto a la hora de impulsar la investigación, valorar adecuadamente las pruebas y, por tanto, decidir sobre el archivo de la causa. En este caso que ha saltado a la luz pública, ni los psicólogos ni el perito de los juzgados de Madrid creyeron a la niña, decisión que sirvió para archivar el caso”, sostiene el director general de Save the children, Andrés Conde. La organización también señala que en ocasiones existe un régimen de visitas sin vigilancia cuando todavía se están investigando los abusos sexuales o no han sido descartados por la vía penal. Además, incide en las «experiencias dolorosas y poco respetuosas» en la recogida de testimonio de los menores.
La psicóloga Beatriz Núñez, que trabaja en la asociación Acción Social por la Igualdad ofreciendo atención psicológica a menores expuestos a violencia de género, apunta a otra cuestión: «Lamentablemente, el falso e inexistente síndrome de alienación parental (SAP) sigue utilizándose en los ámbitos jurídicos. Es una respuesta simplista, que usa argumentos pseudocientíficos para explicar por qué algunos niños y niñas no se quieren ir con sus padres no custodios. Cuando estas reacciones en los y las menores se mantienen en el tiempo tras una separación conyugal, suele ser indicativo de haber sufrido o sufrir algún tipo de violencia en las visitas o con anterioridad». Núñez sostiene que para el síndrome de alienación parental la mayoría de los cónyuges son mujeres que odian a los hombres: «Por eso decimos que es un instrumento del sistema patriarcal para seguir anteponiendo los derechos de los padres a los de las niñas y niños, para desacreditar a las madres, para seguir acallando las voces de los y las menores. Que se siga utilizando este síndrome, carente de todo rigor científico, demuestra una falta de formación y profesionalidad y atenta contra las leyes de protección a la infancia y la adolescencia».
Desde el ámbito judicial, la radiografía es completamente distinta. El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, admite que la justicia falla, pero también acierta: «Cada caso es único y se trata de un problema de valoración de pruebas. Claro que se puede mejorar, muchísimo, y habría que meter mucho dinero, pero la percepción de que falta sensibilidad es equívoca. Todos los días salen adelante condenas que sólo conocen la víctima y el señor que va a la cárcel». Según García, la protección del menor está por encima de cualquier otro factor a la hora de tomar una decisión, pero hay que tener indicios muy poderosos para poder enviar a alguien a la cárcel como medida cautelar. «Cuando tienes el convencimiento no te tiembla la mano. Pero tienes que demostrar que es culpable, algo muy sencillo a posteriori, cuando tienes la evidencia, con una prueba física», concluye el fiscal.
La Asociación Infancia Libre insiste en que el problema es que no se les escucha y pone el foco en los equipos psicosociales: «María ha sido valiente y ha dicho que ya está bien, ahora vais a escucharme. Pero en este país, en vez de proteger al niño protegen al padre», subrayan. En España, el 23% de las mujeres y un 15% de los hombres han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en la infancia o adolescencia, según una guía de actuación ante la violencia sexual a menores editada por la Fundación Márgenes y Vínculos.
