«El Estado social ha carecido hasta ahora de un proyecto constitucional. No se trata de negar el reconocimiento constitucional, «contingentemente ordenado» del Estado del bienestar. Lo que no ha existido es un proyecto organizado de este modelo de Estado, es decir, la «idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios». El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Miguel Agudo Zamora analiza en un informe editado por el Centro de Estudios Andaluces la imperiosa necesidad de modificar la Constitución para blindar los derechos sociales. La educación, la renta básica, el medio ambiente y la vivienda digna forman parte del decálogo elaborado por el profesor, que critica la «ocasión perdida» en 2011 para relacionar política y constitución con una visión más amplia de la que se tuvo al reformar el artículo 135, es decir, ligando el blindaje del Estado social al principio no sólo de estabilidad presupuestaria, sino de la solidaridad y la cohesión social. El informe será presentado este miércoles acompañado de un debate con varios expertos en Derecho Constitucional y Derecho Civil. Éste es el decálogo:
1. Cohesión social
Para el catedrático, la cohesión social es el objetivo que la Constitución debe expresar explícitamente como fundamental porque conlleva la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros minimizando las diferencias y evitando la marginación. «La cohesión social es el elemento que liga los valores esenciales de nuestro modelo de Estado social y democrático de Derecho: el reconocimiento y garantía de derechos, la democracia y el imperio de la ley», sostiene.
2. El blindaje financiero
En este aparto, las comunidades autónomas juegan un papel fundamental. Agudo Zamora considera imprescindible asegurar una suficiente financiación de las comunidades de una vez por todas, un tema abierto desde la propia aprobación de la Constitución en 1978 y que ha pretendido cerrarse, sin éxito, con sucesivas reformas. Es urgente, además -añade el catedrático-, por la propia situación sociolaboral de la población, que ha provocado un incremento en las demandas de prestaciones sociales y socioeconómicas de la ciudadanía, como el incremento del gasto público por prestaciones de desempleo, ayuda familiar y subsidios sociales y la cobertura pública de los programas de reinserción social y laboral, entre otras.
3. Una educación universal
El informe apuesta por reformar el artículo 27 para conseguir los siguientes objetivos. En primer lugar, asegurar la prestación de un servicio de calidad a todos los ciudadanos, de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. «La inclusión de este fin debe conllevar la consecución de dos propósitos distintos: mejorar los resultados generales alcanzados por los alumnos durante su escolarización obligatoria y, al mismo tiempo, reducir el nivel de abandono escolar», afirma el catedrático. En segundo lugar, Agudo Zamora propone implicar a todos los sujetos protagonistas, desde las familias a los centros docentes, porque la educación, señala, es «responsabilidad de todos». Y, en tercer lugar, constitucionalizar el derecho a la formación profesional permanente y continua, como establece la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
4. La salud como derecho fundamental
El autor se remite a distintos convenios internacionales y declaraciones como la que hace referencia a los derechos humanos que exigen el derecho de toda persona «a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios». Todo ello debe estar incluido en una nueva Constitución.
5. Vivienda digna
Según el catedrático de Córdoba, el artículo 47 habla del derecho a una vivienda digna y adecuada, pero «no se reconoce el derecho a una vivienda, entendida exclusivamente como un bien inmueble, fruto de los ideales liberales acerca del derecho a la propiedad privada». En este sentido, propone tres modificaciones del artículo: eliminar las palabras «los españoles», con lo que la primera frase quedaría así: «Todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada»; incorporar los elementos de seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios y accesibilidad económica; e incluir la obligación de «los poderes públicos» de suministrar alojamiento alternativo en los casos de necesidad.
6. Autonomía personal
El reconocimiento constitucional de la autonomía personal tiene que ser un objetivo de las políticas públicas sociales de dependencia y discapacidad, sostiene el autor, que añade que, a través de la reforma constitucional, debe establecerse un vínculo explícito entre la protección de la autonomía personal y el objetivo global de conseguir la cohesión social. «Y así ha de reconocerse expresamente en el texto constitucional», concluye.
7. Renta básica
Agudo Zamora propone modificar el artículo 41 de la Constitución incorporando el derecho a la renta básica, como algo independiente, aunque relacionado con el derecho a la seguridad social, y no necesariamente asociado a la situación de desempleo. El autor hace suya la propuesta de Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam «por considerarla imprescindible para la consecución del objetivo de la cohesión social».
8. Medio ambiente
«Otorgar al medio ambiente la importancia que merece». Es la esencia de este apartado. «Si el medio ambiente se abriera al recurso de amparo, el Tribunal Constitucional podría construir una doctrina de este derecho, que fijaría unos parámetros nuevos de protección del medio ambiente desde la lógica de los derechos fundamentales, vinculantes para los tribunales y para los demás poderes públicos», afirma el catedrático. Propone, además, incluir la apertura de la acción popular en el proceso contencioso-administrativo, para mejorar el cumplimiento de la legislación ambiental; permitir la exigibilidad de las obligaciones administrativas de tutela del medio ambiente, «que se incardinarían en el deber estatal de protección de los derechos fundamentales»; y promover una profunda revisión de la legislación ambiental para reforzar su función de elemento esencial como «un efectivo desarrollo de la personalidad y mayores cotas de protección de la dignidad de la persona».
9. Cláusula de no regresividad
Como ya propusieran también Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam, Agudo Zamora considera imprescindible esta cláusula: «Dado que la jurisprudencia constitucional ha parecido no tomar en consideración las exigencias del principio de no regresividad de los derechos sociales del Derecho internacional, se hace preciso, pues, reconocerlo de forma expresa en la Constitución, en concreto añadiendo un nuevo apartado al artículo 53, con mención a los elementos del modelo de control de las medidas regresivas, consolidados a nivel internacional».
10. Otras mejoras en el Estado social económico
Entre otras iniciativas, el informe propone la reforma de la Administración pública para buscar su simplificación y racionalización administrativa; la configuración de un Senado territorial de «integración, operativo y funcional, que incorpore los instrumentos imprescindibles de coordinación, colaboración y cooperación»; delimitar de forma clara el reparto de las competencias estatales y autonómicas, especialmente en el ámbito de los derechos sociales y sus prestaciones; y el blindaje presupuestario: «Utilizando la misma técnica (pero con muy distinto fin) contenida en el reformado artículo 135 de nuestra Constitución, de aquellos gastos que hagan real un estándar común, decidido de acuerdo con todas las Comunidades Autónomas, y sostenible en el tiempo de las prestaciones sociales que hagan efectivos los derechos sociales fundamentales».
