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miércoles 21 febrero 2018

Internacional

“El proyecto del Canal de Nicaragua es una concesión vendepatrias”

La lucha contra el proyecto del Canal ha hecho florecer en Nicaragua un movimiento social y ciudadano al margen del FSLN que puede erosionar el gobierno de Daniel Ortega

29 noviembre 2015
11:36
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“El proyecto del Canal de Nicaragua es una concesión vendepatrias”
La abogada ambientalista Mónica López ha visitado España para dar a conocer los riesgos que sufre Nicaragua con el proyecto de canal transoceánico.

MADRID // El discurso de la abogada medioambientalista Mónica López recuerda los mejores momentos del 15-M. Emplea su tiempo y energía en luchar contra el megaproyecto de crear un canal interoceánico a través del Lago Nicaragua, el segundo más importante de agua dulce de toda América. El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegó a un acuerdo con una empresa china para que construyan y administren durante 116 años ese canal, que unirá el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Aunque no tiene pruebas claras, López apunta a posibles intereses geoestratégicos que servirían para entender el porqué de este proyecto, que permitirá a China disponer de territorio en pleno centro de América, como ya quisieron en su momento los Estados Unidos. A su juicio, el proyecto, además de los problemas medioambientales y sociales que supondrá, también será una forma de vender la soberanía del país.

¿Ya es tarde para parar la obra del Canal?

En realidad estamos en el momento correcto para detener el proyecto porque aunque la concesión del Canal, la ley y el contrato, se aprobó hace más de dos años, hasta ahora no ha habido construcción de ninguna obra significativa ni tampoco se han iniciado las expropiaciones.

Pero sí hay un contrato firmado…

Sí. Nosotros hemos denunciado permanentemente que este contrato es oneroso para los intereses del país desde el punto de vista de los sectores populares de Nicaragua. Es inadmisible que se le hayan entregado derechos a un inversionista privado sobre los más valiosos recursos naturales de Nicaragua, sobre propiedades públicas y privadas de pueblos indígenas, por un periodo de 116 años y sin pagar impuestos. Y todo ello por un monto ridículo de 100 millones de dólares, un dinero que el país puede conseguir sólo en dos meses de remesas familiares.

¿Qué impactos sociales y medioambientales tiene el proyecto?

Para empezar, nosotros estimamos que en la ruta del Canal viven actualmente 119.000 personas, entre ellos campesinos que cultivan alimentos que consumimos en la ciudad y que van a estar sometidos a un proceso de expropiación vergonzoso por sólo el 5% del valor de su propiedad. El desplazamiento de estas personas va a ser un drama social de grandes dimensiones, estamos hablando de comunidades que se reasentaron en esos territorios después del conflicto armado. El otro problema es que ese desplazamiento va a significar que vamos a terminar de destruir nuestras dos mayores reservas de bosque. Desde ya, sin que haya construcción del Canal, la gente, por temor a la expropiación, está empezando a emigrar hacia el sur, que es donde está la reserva Indio Maiz, una de nuestras reservas naturales más importantes, de las pocas que quedan.

¿Cómo afecta a la soberanía alimentaria?

Estamos haciendo un esfuerzo para cuantificar esos costos, pero es muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que los afectados son todos sectores de producción de ganado y de tubérculos, arroz, frijoles… de nuestra dieta fundamental. Tampoco tiene sentido este proyecto en un momento en el que se habla de la relevancia estratégica de los recursos hídrícos, porque se va a comprometer la principal fuerte de agua de toda Centroamérica para un uso que es excluyente con el uso de consumo humano como es la naveagación. Destinar el lago de Nicaragua para la circulación de unos grandes buques para el comercio marítimo mundial significa empujar a centenares de miles de personas a padecer sed en el futuro. Creemos que es una decisión autoritaria del Gobierno.

¿Y por qué se toma? ¿A quién beneficia?

Quienes ganan son los capitales privados vinculados al proyecto. El país y la ciudadanía, no. Incluso desde el punto de vista económico no es una buena decisión, pero, claro, visto desde los intereses de los grandes capitales y de la pequeña burguesía nacional, incluido el capital de la gente que esté en el Gobierno, es un proyecto con muchas posibilidades de negocio. Lo cierto es que la concesión del canal es un cheque en blanco.

¿En qué sentido?

La concesión dice que este inversionista privado puede hacer más de 10 megaproyectos.

El inversionista chino…

Sí, pero con los socios. Detrás hay sociedades anónimas en las que no sabemos cuántos funcionarios del Gobierno hay, porque todo ha sido manejado con un alto nivel de secretismo. Muchas de esas empresas nicaragüenses están en las Islas Caimán. Wan Jing [el presidente de HKND Group, la concesionaria] inventó 16 empresas de maletín que registró en Nicaragua, Islas Caimán, Holanda, Beijing y Honk Kong, y que son las beneficiarias legales del proyecto. La empresa que recibe inicialmente la concesión fue creada 15 días antes de que se firmara el proyecto. Lo que explicamos a la gente es que la concesión puede seguir vigente durante 116 años incluso si deciden no hacer el Canal. El contrato les permite hacer lo que quieran, pueden empezar las expropiaciones y de aquí a seis u ocho años decidir no hacer el Canal o postergarlo y jurídicamente puede seguir vigente la concesión. Es una concesión vendepatrias, no hay una concesión tan grave en toda la historia de América latina como ésta.

Usted ha empezado diciendo que ahora era el momento de detenerlo, pero ¿no habría sanciones por incumplimiento de contrato?

Es tal el nivel de catástrofe social que ese proyecto va a generar, que no importa si tenemos que enfrentarnos más adelante a un escenario de una demanda o algo. Ese contrato que se firmó y esa ley violan más de 50 artículos de la Constitución de Nicaragua. Por tanto, sería nulo de nacimiento, y podemos pararlo en un tribunal o una corte.

¿Hay una corte constitucional en Nicaragua que pueda anularlo?

Sí, la hay, pero esa corte, al igual que el parlamento y el poder electoral, está controlada por el Gobierno. En Nicaragua no existe separación de poderes ni institucionalidad. El problema va más allá del Canal, estamos viendo una gestión autoritaria del poder y una concentración excesiva del mismo en la pareja presidencial.

Y tampoco la oposición de derecha les puede apoyar, claro…

La derecha tradicional, ya que para nosotros el FSLN es parte de la nueva derecha, no tiene poder de convocatoria y si estuviese en el poder haría lo mismo… Pero lo más importante es que ha emergido un movimiento social nuevo, que no está subordinado a los partidos. El gobierno controla toda la movilización social, porque el Frente es el referente político de la izquierda, sindicatos, movimiento estudiantil… pero ahora hay movilizaciones por el Canal que han ido creciendo desde hace un año y que se aglutinan en torno a tres banderas: la defensa de la Tierra, del Lago y de la soberanía nacional.

¿Y puede crear grietas dentro del FSLN?

Quedan muy pocas personas de la dirigencia histórica del Frente en la cúpula actual. Lo que ha hecho la pareja presidencial es sustituirlos por jóvenes que están totalmente sometidos por Ortega. Eso ha generado inconformidades dentro del Frente, pero no muy grandes. Nunca ha habido algo tan evidente como en el proyecto del Canal que demostrase que los dirigentes del FSLN son más neoliberales que los neoliberales y más capitalistas que los propios capitalistas. Pero hay gente de las bases sandinistas que está directamente afectada por el proyecto y se ha retomado el ejemplo de Sandino como defensor de la soberanía nacional. En estos momentos, el Gobierno está consolidado en el poder, pero vemos que el movimiento contra el Canal pueda llegar a plantear otros debates en el país.

Este lunes se abre la Cumbre del Clima en París y el Gobierno de Nicaragua hará sus propuestas para reducir las emisiones de CO2…

Sí, y curiosamente lleva este plan del Canal como un proyecto verde porque dicen que las grandes embarcaciones van a reducir emisiones y por lo tanto piden financiación de la ONU por ser un proyecto ecológico. Yo sé que parece insólito, pero es así.

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Toni Martínez

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