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Enrique Santiago: “Las FARC nunca han pedido impunidad”

El asesor jurídico de la guerrilla explica la novedosa jurisdicción transicional en las negociaciones de paz en Colombia.

Thilo Schäfer

17 noviembre 2015 Una lectura de 8 minutos

[Esta entrevista es parte del reportaje sobre el proceso de paz en Colombia publicado en el número de noviembre de La Marea a la venta en quioscos y aquí]

El 23 de septiembre pasado el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron un paso de gigante en el proceso de paz iniciado hace tres años con el anuncio de un acuerdo para crear un sistema de Justicia Transicional para el posconflicto. Mucha gente había dudado de que las dos partes pudieran superar este obstáculo para poner fin a medio siglo de guerra civil, el conflicto armado más antiguo de América Latina. Pero en las semanas que siguieron al histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, bajo la mirada del mandatario cubano Raúl Castro en La Habana, arreciaron en Colombia múltiples críticas, sospechas e interpretaciones interesadas de lo pactado. A esto ha contribuido la negativa del Gobierno de hacer público el texto completo del acuerdo, del que solo se ha dado a conocer un resumen de diez puntos.

«Creo que todo el mundo es consciente de que no se organiza semejante presentación internacional en La Habana para luego decir que el acuerdo está en construcción», afirma Enrique Santiago en conversación con La Marea. Este abogado madrileño y miembro del Comité Federal de Izquierda Unida es uno de los tres juristas de las FARC en la mesa de negociación de la capital cubana y, por ende, coautor del histórico acuerdo sobre la justicia transicional. Santiago echa la culpa de la confusión sobre el contenido al Ejecutivo de Santos. «Me imagino que, cuando sea conocido el alcance de lo firmado, sectores muy poderosos presiona al gobierno colombiano porque esto no es lo que se esperaban. Creo que eso es parte de la dificultad de explicación o reconocimiento de lo firmado por parte del Gobierno», vaticina.

Este potencial miedo de algunos sectores a las consecuencias del acuerdo final se explica por su novedoso enfoque: se pretende aclarar todo lo que ha pasado y depurar responsabilidades. En el pasado, los conflictos armados o transiciones de dictaduras a democracias casi siempre se han cerrado con amplias amnistías y leyes de borrón y cuenta nueva, sin mirar atrás y olvidándose de las víctimas. En Colombia, sin embargo, se propone construir una jurisdicción especial en vez de dar la espalda a un pasado tan doloroso. «La función esencial de las salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición», reza el comunicado que hicieron públicos Gobierno y FARC. Para este efecto ya se había acordado una Comisión de la Verdad y, en octubre, se anunció la creación de un organismo para buscar e identificar los cuerpos de los desaparecidos en el conflicto.

Restricción de libertad

El sistema de jurisdicción establece tres tipos de sanciones. Todos aquellos que aporten verdad, es decir, que confiesen sus crímenes y aclaren todo lo que saben, serán condenados a entre cinco y ocho años de «restricción de libertades». Se trata de lo que llaman «sanciones restaurativas». En vez de ir a la cárcel, los arrepentidos tendrán que hacer trabajos para reparar el daño causado y contribuir a la paz, como pueden ser labores de desminado, arrancar plantas de coca para sustituirlas por cultivos legales o trabajar en la construcción de infraestructuras. Muchos políticos y comentaristas en Colombia, sobre todo afines al influyente expresidente Álvaro Uribe, han criticado este tipo de castigo porque no incluye el encarcelamiento.

«La gente piensa, en parte porque eso está siendo comunicado de forma muy deficiente por el gobierno, que la sanción restaurativa consiste en hacer turismo. Pero es una pena muy dura porque requerirá mucho esfuerzo y mucha dedicación personal y tiempo. Es muy útil porque va a reparar a las víctimas y a la sociedad frente a la pena de prisión, que ni repara a la sociedad ni a las víctimas, y en función de su alcance incluso puede que ni resocialice. Cualquier sistema penal moderno restringe cada vez más las sanciones retributivas [de cárcel]», explica Santiago en su despacho de Madrid a mediados de octubre.

Para aquellos que confiesen tarde o solo cuenten parte de lo que saben, se prevé entre cinco y ocho años de prisión ordinaria, aunque no se les cierra la puerta a aceder a las sanciones restaurativas si se arrepienten más adelante. Y los que son condenados sin haber confesado se enfrentarán a 20 años tras las rejas. Sin embargo, la gran mayoría de combatientes de ambos lados podrá aspirar a disfrutar de una amnistía. «Los muertos en combate son plenamente amnistiables conforme la Constitución colombiana.

Son delitos políticos en ejercicio de la rebelión, siempre y cuando se producen en combate. No lo es matar a un prisionero o atacar a la población, periodistas o personal médico. La Convención de Ginebra ordena que al término de un conflicto se dé la más amplia amnistía posible a los combatientes por los hechos cometidos conforme la ley internacional», comenta el jurista. «El acuerdo contempla la definición de tres criterios para establecer qué delitos serán amnistiables y cuáles no. Son amnistiables todos los delitos políticos de rebelión, según los define la Constitución, y los delitos comunes que tienen que ver con actuar contra el orden constitucional vigente con el fin de habilitar, dar apoyo, ocultar o financiar la rebelión. No serán amnistiables los delitos definidos como crímenes por el derecho internacional, como la tortura, violencia sexual o desaparición forzada», explica. El aspecto relacionado con la «financiación» de la insurgencia ha provocado críticas porque podría encubrir las actividades de narcotráfico, una fuente de ingresos de la guerrilla.

Santiago admite que todavía queda por definir claramente en qué medida se aplicará la amnistía a los soldados y demás agentes del Estado. «En muchos casos se podría denominar también amnistía pero el gobierno, hasta ahora, no ha querido hablar de ella para no crear en el imaginario popular una equiparación entre militares y guerrilleros. En el acuerdo aparece que habrá un tratamiento diferencial que será simétrico y equitativo respecto a los miembros de las Fuerzas del Estado. A nadie se le van a amnistiar delitos de lesa humanidad», dice.

De momento, las reacciones al anuncio de la mayoría por parte de organizaciones de derechos humanos y de muchas víctimas han sido positivas, aunque con cierta cautela. «Este acuerdo es un paso significativo y una señal clara de que, finalmente, el fin de las hostilidades está muy cerca», comentó Amnistía Internacional en un comunicado. «Sin embargo, quedan muchos asuntos por resolver en cuanto a garantizar que las muchas víctimas obtendrán la verdad, justicia y reparación conforme la ley internacional», añadió la ONG.

Contra el Ejército de EEUU

Hace meses los activistas de derechos humanos eran aún más escépticos e incluso temían que en La Habana se estuviese negociando un intercambio de impunidades. Asimismo, muchos colombianos pensaban que las FARC sólo buscaban escurrir sus responsabilidades. «Creo que ha habido un problema muy serio de comunicación por parte del Gobierno; no de este acuerdo, sino en general de los fines del proceso de paz. Se ha explicado el proceso como el sometimiento de una parte frente a la otra, poco menos que un proceso penal contra una de las partes. Nunca ha sido así, basta con ver el acuerdo general. No podría ser así porque la guerrilla no ha sido militarmente derrotada. Cierto que ha retrocedido posiciones después de diez años de Plan Colombia y Plan Patriota, pero este hecho no parece una derrota cuando te enfrentas al mayor Ejército del mundo, el de EEUU, y al mayor de América del Sur. Como dijo el presidente Santos, que nadie se equivoque, si no hay acuerdo de paz habrá guerrilla para otros veinte años», afirma Santiago.

«Las FARC nunca han pedido impunidad», aclara el abogado. «Porque entonces hubieran admitido muchas de las propuestas que les ha hecho el gobierno a lo largo de este proceso. Por ejemplo, proponía impunidad solo para los máximos responsables, para que éstos fueran sancionados o condenados pero con cumplimiento fuera de Colombia, en regímenes de libertad», subraya el asesor jurídico de la guerrilla. «Sin embargo, las FARC han planteado desde el primer momento que no hay reconciliación posible si no se acaba de una vez por todas con la impunidad en Colombia, con toda la impunidad. Hasta que el Estado no entendió esto estaba estancado el proceso de paz. No se puede decir que las víctimas deben estar en el centro del acuerdo y a la vez apostar por la impunidad», prosigue el letrado.

Las FARC pretenden aprovechar el proceso de paz y la atención internacional que despierta para garantizar que se aclaren y juzguen también los crímenes del paramilitarismo y el papel que han jugado en él destacados líderes políticos y empresariales, que lo han instigado y financiado, incluyendo algunas multinacionales extranjeras. Con la Ley de Paz y Justicia de 2005, el entonces presidente Uribe otorgó una amnistía para la práctica totalidad de los paramilitares, ya que muy pocos han acabado en la cárcel. Santos, por su parte, aclaró en una reunión con empresarios en octubre que el nuevo tribunal no empezaría «una cacería de brujas», dando a entender que los que han pagado extorsión a los paramilitares o la guerrilla pueden estar tranquilos.

Exclusión social

Tanto Santos como los guerrilleros insisten en que en el centro de los acuerdos de paz deben estar las víctimas del conflicto, que llegan a ser millones si se tiene en cuenta a los desplazados por la violencia. «Las asociaciones de víctimas y las de derechos humanos reivindican desde hace mucho tiempo que haya verdad, reparación y garantías de que no se repita. Nos hemos inspirado en esto», asegura Santiago. «Hay muchas víctimas que han perdido al cabeza de familia, sea el padre o la madre, y se han quedado en la pobreza y la exclusión social. ¿De qué les sirve que su victimario haya sido condenado a 50 años de cárcel? De nada. Con el sistema de justicia restaurativa se les compensa por el daño causado y se intenta restituir su situación social», argumenta.

Como parte del proceso de paz ya se había acordado una reforma rural, con el fin de devolver las tierras usurpadas a las víctimas y mejorar las condiciones en esas zonas del país. ¿Es una victoria política de las FARC, que se levantaron en armas precisamente para luchar contra la explotación campesina? «No se ha acordado nada del otro mundo», opina Santiago. «Lo que pasa es que, en un país que se ha construido sobre el desplazamiento forzado de población campesina y de la usurpación de tierras, esto parece un mundo. Pero, francamente, no es ni la socialización del campo ni la prohibición de la propiedad privada, ni nada por el estilo. El propio acuerdo ya parte del principio de que será imposible restituir la inmensa mayoría de las tierras arrebatadas por la violencia. Es un mínimo en materia de reforma rural. Más que la recuperación de las tierras tiene que ver con mejores condiciones para su población. La ausencia del Estado en el campo es impresionante y se trata de corregir esto», explica.

Santos está de acuerdo en que el Estado ha estado ausente, pero lo atribuye a la propia guerra. «Si queremos reversar los efectos del conflicto tenemos que cambiar las condiciones del campo», aseguró el presidente colombiano. Enrique Santiago afirma que las víctimas estarán vigilantes con las medidas que tomará el Gobierno de ahora en adelante. «Un clásico en muchos acuerdos de paz es que luego tan solo se cumplen los pactos en cuanto a la desmovilización y amnistías, pero no en todo lo que concierne a la reparación, políticas económicas para la convivencia y para mejorar las condiciones de vida. Basta con ver lo que ocurrió en El Salvador y Guatemala», dice el abogado. «Es responsabilidad del Estado cumplir los acuerdos y erradicar las condiciones que motivaron la rebelión para que no se repita otra insurrección con nuevos actores dentro de diez años”.