500.000 mujeres víctimas de trata de seres humanos llegan cada año a Europa

MADRID // En 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió para evaluar el Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas adoptado en 2010. Fruto de esa reunión, designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata para «concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos».

Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, 500.000 mujeres entran en Europa cada año con fines de explotación sexual y laboral. En España, la Policía Nacional ha identificado a 20.000 víctimas de dichos delitos desde 2013, año en que comenzó la actual campaña contra las mafias de explotación sexual.

Los datos de Naciones Unidas revelan que la trata de seres humanos es un negocio que genera entre 7.000 y 10.000 millones de dólares al año. Esta cifra, sumada a los beneficios que se obtienen del tráfico de inmigrantes, asciende a 39.000 billones de dólares al año en todo el mundo, tal y como estima la INTERPOL y hace público un informe redactado por María José Castaño Reyero, investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

Dicho informe señala que la trata de personas supone «la nueva esclavitud del siglo XXI» y constituye «la más sórdida de las formas en que se desplaza la mano de obra en el mundo». Según el estudio, los encargados de reclutar a mujeres para explotarlas sexualmente «pueden llegar a cobrar hasta 500 dólares por cada una» y, generalmente, «lo hacen con falsas promesas de empleo como modelos, secretarias o dependientas».

Víctimas de trata y objetivo de la Ley Mordaza

La Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor el pasado 1 de julio prohíbe «la realización de actos que atenten contra la libertad y la indemnidad sexual o ejecutar actos de exhibición obscena». Este martes, el Cuerpo Nacional de Policía comenzó a multar a trabajadoras del sexo y víctimas de trata en la Colonia Marconi de Madrid, tal y como informó en un comunicado el Colectivo Hetaira, que trabaja por el reconocimiento de los derechos laborales de quienes ejercen la prostitución por decisión propia.

En el comunicado, Hetaira denuncia «la violencia institucional contra quienes ejercen la prostitución en las vías públicas», que, según destacan, «se traduce en persecución y acoso, que lejos de solucionar ningún problema social, empeora más, si cabe, las condiciones en las que se ejerce esta actividad».

Desde la organización APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), denunciaban, en su cuenta de Twitter, que sanciones como esta «hacen retroceder la lucha contra la trata».