MADRID // Amnistía Internacional (AI), Greenpeace y Oxfam Intermón (OI) apuestan, en su campaña Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53, por «una reforma constitucional que mejore las garantías de protección de los derechos humanos y que incluya otros que no están recogidos en la Carta Magna».

Las tres organizaciones denuncian que la Constitución española y, en particular, su artículo 53, «establece un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de primera y de segunda, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales».

Estas son las seis propuestas de Amnistía, Greenpeace y Oxfam Intermón para una reforma de la Constitución «que blinde los derechos humanos».

1. Proteger por igual todos los derechos humanos para todas las personas. Para ello se propone una modificación profunda del artículo 53 de la Constitución, de modo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gocen de mejores y mayores garantías de protección.

2. Potenciar una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable en nuestro país, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras.

3. Mejorar la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.

4. Incorporar el derecho a la renta básica y garantizar una política de cooperación para el desarrollo, vigilando que España respete los derechos humanos en el extranjero y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencias de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

5. Garantizar el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer.

6. Adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos; mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana; garantizar el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos en los que la comunicación previa no es posible; el reconocimiento directo del derecho de asilo y la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.