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domingo 18 febrero 2018

Opinión

Los insumisos de la ley que critican a Ada Colau

El Partido Popular desobedece de manera sistemática la Ley de Memoria Histórica.
Los obispos y la AVT han pedido al Gobierno y los ciudadanos que desobedezcan leyes.

06 junio 2015
12:28
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Los insumisos de la ley que critican a Ada Colau
Esperanza Aguirre junto a Francisco Granados.

MADRID// La ley no es un valor absoluto. Por encima de la legalidad se encuentran valores recogidos en la carta de derechos humanos, así que una norma que incumpla los principios de justicia, igualdad y humanidad no sólo puede ser cuestionada, sino que debe ser cuestionada. Es un deber cívico.

El deber de desobedecer la ley se encuentra en documentos como el preámbulo de la declaración de independencia de los Estados Unidos y legitima actitudes como la insumisión de Rosa Parks en 1955, que fue el germen que acabó con la segregación racial en EE.UU.

Ada Colau declaraba la semana pasada en una entrevista en El País: “Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas”. La frase de la que puede ser próxima alcaldesa de Barcelona levantó una polémica inmediata entre sus rivales políticos. Colau sigue pensando con su mente de activista y olvidó los matices que existen en el uso de la desobediencia civil desde puestos institucionales.

Sin embargo, la sobrerreacción de los partidos tradicionales ante la afirmación de Colau no se corresponde con sus actuaciones al frente de los diferentes y variados gobiernos de los que han formado parte, donde la desobediencia y el incumplimiento de leyes es constante. Algo que sucede no cuando consideran injustas las leyes, sino cuando no favorecen a sus intereses.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una entrevista en Radio Nacional de España, declaró que Colau estuvo desafortunada porque un político no puede decir que desobedecerá leyes injustas. Antonio Hernando, por su parte, declaró que la posición de la candidata de Barcelona en Comú puede llevar a la “ley de la selva”. En este sentido, el portavoz del grupo socialista en el Congreso se preguntaba quién puede decidir que una ley sea justa o injusta.

Los tribunales europeos de justicia en 2013 dictaminaron que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria porque no garantizaba los derechos de los consumidores ante cláusulas hipotecarias abusivas. A pesar de esa sentencia, ayer se supo que en el primer semestre de 2015 se habían realizado más de 8.000 desalojos de primeras viviendas. Sin vivir en la selva.

El PSOE ha sufrido en sus propias filas lo que es la desobediencia a la ley, sin que tomaran medidas contra los concejales antisistema que el pasado septiembre apoyaron abrir el hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y pidieron emprender acciones judiciales contra la Junta de Andalucía.

Desobediencia de leyes en el PP

El Partido Popular es la formación que siempre se ha presentado como garante del imperio de la ley y el que más escandalizado se ha mostrado con las declaraciones de Ada Colau. No obstante, es el partido que más incumple la ley cuando no se pliega a sus intereses. El ya exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, inhabilitado por desobediencia al no acatar una sentencia que le obligaba a deshacer unas obras en un ático, ya mostró con anterioridad su predisposición a desobedecer las leyes que no le son propicias cuando en el año 2005 el PSOE aprobó la ley del matrimonio homosexual. León de la Riva dijo entonces que se negaría a cumplir ese mandato: “Hoy por hoy no voy a ejercer ese derecho y no voy a delegar en ningún otro concejal”.

En el PP, lejos de censurar su actitud, se vio con buenos ojos. Su homólogo en Ávila elogió al edil de Valladolid y declaró que negarse a cumplir la ley en el matrimonio homosexual era un gesto de “buena hombría”. El alcalde de la localidad catalana de Pontons, Lluís Fernando Caldentey, también se negó a acatar la ley: “Yo entiendo que los gays deben tener los mismos derechos, pero para mí un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica”.

Memoria histórica

Belén Hoyo, diputada del PP, criticaba la decisión de Ada Colau de desobedecer la ley porque así “justificaba la anarquía”. Precisamente, la política conservadora fue la encargada de defender la posición del Partido Popular para rechazar una moción de la Izquierda Plural apoyada por toda la oposición que pedía al Gobierno que cumpliera la Ley de memoria histórica.

El PP rechazó cumplir la normativa. La proposición no de ley pedía especificamente el cumplimiento del artículo 15: “[Las administraciones] tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

En su intervención, Hoyo rechazó la propuesta, acusando a los ponentes que pedían el cumplimiento de la ley de defender los totalitarismos comunistas. El incumplimiento sistemático de esta norma por parte del PP ha llevado al abogado Eduardo Ranz Alonso a demandar a Ana Botella y a otros 37 alcaldes por no haber retirado los símbolos conmemorativos de la Guerra Civil y el franquismo.

Ejemplos de insumisos de la ley que añoran el franquismo en el PP hay muchos. Uno de ellos es el alcalde de Pelayos de la Presa (Madrid), que ignoraba hasta las peticiones de la Defensora del Pueblo y se molestaba cuando le llamaban delincuente.

El incumplimiento de la Ley de memoria histórica por parte del PP ha llegado incluso a la Comisión Europea, ya que un grupo de eurodiputados ha denunciado al gobierno de Mariano Rajoy por “las continuas exaltaciones y tributos a personajes e instituciones del régimen franquista amparadas por las autoridades nacionales y regionales”.

La legalidad vigente sólo es un valor supremo para el PP y la derecha cuando defiende sus valores. Por eso, los obispos llamaron a desobedecer la ley del aborto y la del matrimonio homosexual. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo conminó al Gobierno a no acatar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anulaba la Doctrina Parot.

Por ahora, Ada Colau sólo ha realizado una declaración de intenciones en lo que respecta a la desobediencia. Sigue muy lejos todavía de Esperanza Aguirre, que huyó de la policía sin obedecer las órdenes de detenerse.

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Antonio Maestre

Antonio Maestre

Periodista y Documentalista. Aspirante a imitador de Günter Wallraff.

7 comentarios

  1. ateo666666
    ateo666666 07/06/2015, 12:38

    El gobierno del Partido Popular es muy dado a calificar de miembros del movimiento antisistema e incluso directamente de nazi-terroristas a cualquier ciudadano que acogiéndose a los derechos fundamentales de una democracia muestre la más mínima forma de protesta, disidencia o contestación a sus antisociales y represivas políticas. Pero en cambio tanto los dirigentes del Partido Popular y lo que es mucho peor, aquellos miembros que poseen obligaciones de gobierno y que por tanto deberían estar al servicio del estado, son muy proclives a saltarse la legalidad en cuanto entra encontradicción con su sesgada y muchas veces antidemocrática visión de la realidad. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2013/10/el-partido-antisistema-popular.html

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  2. Excemo. Embajador Universal de la Paz
    Excemo. Embajador Universal de la Paz 06/06/2015, 20:02

    El derecho acceso a la información se define como el derecho de una persona de buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno u administraciones públicas. Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales afirmó que: La libertad de información es un derecho fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas.Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
    La libertad de información también ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).
    En otras palabras, es un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano. Igualmente el derecho incluiría el derecho a ser informados y recibir noticias. Con referencia al control de los políticos, señalo que las deficiencias en el acceso a la información pueden impactar en la evaluación que hagan los ciudadanos sobre la labor de sus gobernantes. En esa dirección, organismos como la UNESCO, trabajan para en el favorecimiento del acceso universal a la información y conocimiento. La legislación acerca de la libertad de información representa el proceso legal fundamental del derecho a saber, por medio del cual los solicitantes pueden pedir información del gobierno y recibirla gratuitamente o a un costo mínimo, eliminando las excepciones estandarizadas. Aunque se les menciona como registros abiertos, los gobiernos también suelen estar obligados a publicar y promover la apertura. En muchos países existen garantías constitucionales sobre el derecho de acceso a la información, pero por lo general no se aplican a menos que haya una legislación específica que las respalde Más de 85 países alrededor del mundo han implementado algún tipo de legislación al respecto. Se cree que el Acta de Libertad de Prensa de Suecia, creada en 1766, es la más antigua. Otros países se encuentran trabajando actualmente en la introducción de dichas leyes y muchas regiones de países con legislación nacional cuentan además con reglamentos locales. Por ejemplo, todos los estados de los Estados Unidos de América tienen leyes que rigen el acceso a documentos públicos del estado y de entidades locales de recaudación de impuestos, además de la Ley por la Libertad de la Información de ese país, la cual regula el manejo del registro de documentos en posesión del gobierno federal.
    Un concepto asociado a ello es la legislación de reuniones abiertas, que permite el acceso a las juntas de gobierno, no sólo a los registros que de ellas se hacen. En varios países, las leyes sobre la privacidad o la protección de datos puede ser parte de la legislación sobre la libertad de información. Ambos conceptos están tan relacionados que a menudo se presentan juntos en los discursos políticos.
    Un principio básico detrás de la mayor parte de la legislación sobre la libertad de información es que la descarga de pruebas cae sobre el cuerpo al que se pidió la información, no sobre la persona que la solicita. Usualmente, el solicitante no tiene que dar explicación alguna de su petición, pero si la información no es revelada, tiene que ofrecerse una razón válida.

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  3. miguele
    miguele 06/06/2015, 19:24

    Fue la mismísima Esperanza Aguirre la que siendo presidenta de la comunidad de Madrid, amenazó con no cumplir la ley antitabaco del gobierno Zapatero. Y fue ella, junto a su sicario Ignacio González, la que no le importaba incumplir un montón de leyes laborales, económicas y sanitarias con tal de que el mafioso Adelson montara en Madrid su enorme putiferio.

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  4. miguele
    miguele 06/06/2015, 19:02

    Fue la mismísima Esperanza Aguirre la que, siendo presidenta de la comunidad de Madrid, amenazó con no cumplir la ley antitabaco de Zapatero. Y fue ella, junto a su sicario Ignacio González, la que no le importaba incumplir un montón de leyes laborales y sanitarias con tal de que el mafioso Adelson montara su enorme putiferio en pleno Madrid.

    Responder a este comentario
  5. santaklaus
    santaklaus 06/06/2015, 18:02

    Cada corruptela del PP es una violación de la Ley. Cuando se les vota para representar al ciudadano y legislan en base a sus intereses privados es una violación de la Ley. Cuando nos venden a EEUU con sus tratados comerciales para obtener beneficios personales están violando la Ley, están traicionando al país. Cuando roban dineros públicos están violando la Ley. Cuando mienten están violando la Ley.
    Pero seguroq ue hay mucho fascista leyéndome y negando que todo esto sea verdad.

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  6. Dasoman
    Dasoman 06/06/2015, 12:43

    Buen artículo, muy necesario. Sin embargo, he echado de menos un comentario que aclarara que el titular de El País que tanto revuelo ha causado era una frase sacada de contexto que se refería únicamente a una hipotética consulta, un referéndum democrático.

    El País se encargó de generalizar convirtiendo esa cita en el titular y prácticamente anulando la repercusión del resto de la entrevista.

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