Aragón, Cantabria y País Valenciano, las zonas con peor calidad medioambiental

MADRID // Aragón, Cantabria y el País Valenciano, por ese orden, son las tres autonomías con una peor calidad medioambiental, según el informe Radiografía social del Medio Ambiente en España que Greenpeace ha presentado este miércoles.

El estudio, en el que se compara unas comunidades con otras, se ha elaborado a partir de una serie de indicadores que ofrecen un diagnóstico de la calidad ambiental de cada región en los siguientes temas: agricultura, calidad del aire, costas, pesca, energía y cambio climático, protección y gestión del territorio, y residuos.

En todo el territorio, el estudio identifica más de 400 puntos negros, así como 214 ejemplos positivos a seguir. Además, establece el vínculo entre las infraestructuras inútiles y los escándalos por corrupción y el despilfarro de dinero público; también entre una política energética dictada por las eléctricas y las enfermedades y la pobreza energética, o entre la gestión forestal y las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales. «Esta radiografía permite demostrar que el medio ambiente es una de las principales víctimas de la crisis y es la ciudadanía quien sufre las consecuencias», ha declarado María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace.

Sobre estas situaciones, destaca la contaminación que sufre la ciudad de Madrid, «donde cada año se producen 2.000 muertes prematuras debido a la polución», y las centrales térmicas de carbón, «a las que cada año se asocian medio millar de fallecimientos anuales», apuntan desde la organización ecologista. Greenpeace también destaca los casos de puertas giratorias, donde el más preocupante es el de la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que durante años fue directiva de Fertiberia, «una empresa con el peor historial de contaminación del país». Respecto a las grandes infraestructuras que suponen grandes impactos medioambientales, señalan casos como el del almacén de gas Castor, que podría suponer el pago de 1.350 millones de euros al grupo ACS, los 1.500 millones del aeropuerto de Ciudad Real o los 3.400 millones de las autopistas de peaje.

Finalmente, la ONG considera «intolerable» que en torno al 17% de los hogares en España (más de siete millones de personas) sufran pobreza energética, mientras las empresas energéticas tienen ingresos millonarios. También denuncian los procesos privatizadores del agua potable.

En el caso de Aragón, la mayor alarma se produce por los permisos de investigación para el fracking que se han otorgado, así como la presencia de cuatro centrales térmicas, tres de ellas de ciclo combinado y una de carbón. También señala que los Pirineos ya padecen el cambio climático. «El rápido retroceso por el deshielo que sufren los glaciares pirenaicos como el del Aneto son un dato claro de sus consecuencias», señalan desde Greenpeace.

El fracking también es una amenaza en Cantabria, donde se denuncia la contaminación industrial urbana que sufre la bahía de Santander, en especial la Ría de Boo. Sobre los residuos, apuntan la baja tasa de reciclaje o recuperación de residuos sólidos urbanos. Además, la comunidad autónoma cuenta con algunos de los municipios con un mayor porcentaje de superficie costera ocupada: Camargo (89%), Comillas (51%), Noja (32%), Santander (30%) y Santoña (25%).

En el País Valenciano, el informe apunta varias amenazas: la perforación de la costa, ya que existen proyectos de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Dènia; la amenaza nuclear de la central de Cofrentes y el proceso de destrucción que está sufriendo la huerta valenciana. El problema más grave sigue siendo, según Greenpeace, la especulación urbanística. «La mitad de la superficie costera de la comunidad es artificial (500 primeros metros), la mayor de España», a lo que hay que sumar que el País Valenciano «tiene ocho municipios entre los 25 más destruidos, siendo la comunidad con menos porcentaje de superficie protegida en la franja costera (sólo un 25%)».