El PP rechaza de nuevo extraditar a los franquistas requeridos por Argentina

El Partido Popular se ha vuelto a negar a facilitar la extradición a Argentina de una veintena de cargos franquistas entre los que se encuentran Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El Gobierno ha respondido así a una interpelación parlamentaria urgente de Izquierda Plural para revocar el acuerdo del Consejo de Ministros que evita la extradición de personas acusadas de graves crímenes por la dictadura franquista.

El diputado Joan Josep Nuet (IU) ha pedido al Ejecutivo que apueste por «justicia o impunidad», y le ha acusado de complicidad con los franquistas a los que protege. «Existe un vínculo moral y político con esos verdugos franquistas», ha señalado. Por ese motivo, ha solicitado al Gobierno que cumpla con el mandato de la Interpol y acepte la extradición de los franquistas a Argentina o, por el contrario, les ponga a disposición de la Audiencia Nacional. «Podríamos estar de acuerdo en que no se les extradite si se juzgaran en España», ha apuntado. El diputado de IU ha insistido en que el Estado español tiene la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad, que ha tildado de «imprescriptibles».

Nuet ha finalizado su intervención refiriéndose al absoluto desprecio del PP con las víctimas del franquismo, quizá influenciado por sus filias y su pasado. «Las condenas a muerte [de los opositores a Franco] se produjeron después de haberse celebrado juicios farsa, y me acabo de reunir en una sala en el Congreso llamada Fraga Iribarne», ha denunciado el parlamentario, en referencia al pasado franquista del fundador del PP.

Por su parte, Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha argumentado que el espíritu de la Transición tuvo a bien dar a los españoles una España democrática de concordia que dio la espalda a aquellos hechos del pasado. Con su habitual perfil tecnócrata, el ministro ha explicado que, desde un punto de vista jurídico, «el Gobierno siempre ha actuado conforme a la ley». Y ha insistido, una vez más, que debe ser la Justicia española la que juzgue los hechos, ya que estos se cometieron en España.

El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó no continuar con los procedimientos de extradición solicitados por Argentina en la causa contra los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El Gobierno argumentó que debe ser España quien juzgue a sus propios ciudadanos, que los hechos habían prescrito y que las infracciones cometidas en aquella época no fueron delito.