El Gobierno considera “innecesario” extraditar a los 19 franquistas reclamados por Argentina

El Gobierno de Mariano Rajoy ha justificado su rechazo a extraditar a 19 franquistas acusados de crímenes de lesa humanidad, tal y como le pide la justicia argentina, por el buen funcionamiento de los tribunales españoles. Eso se extrae de las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien a preguntas del diputado del PNV, Emilio Olabarría, ha asegurado que “la justicia universal tiene una naturaleza subsidiaria y cuando funcionan los tribunales de un propio país parece innecesaria, como es en nuestro caso”.

El ministro Catalá ha afirmado que el Gobierno español no ha recibido ninguna orden de extradición, pero que “si acaba llegando se estudiará lo que convenga”. De todos modos, ya ha adelantando cuál será la posición del Ejecutivo al asegurar que posiblemente “sucederá lo mismo que pasó en el mismo mes de abril”, cuando se negó la extradición de dos presuntos torturadores porque los delitos «estarían prescritos».

La respuesta no convenció al diputado nacionalista vasco, que acusó al Ministerio de Justicia de “hacer trampas” al acabar con la justicia universal y “osbstaculizar los resquicios que quedaron vivos”.

“España se ha dirigido a la Interpol solicitando que se tramite la orden de búsqueda y captura para estos 19 presuntos asesinos franquistas sin el distintivo rojo, lo que quiere decir que la única posibilidad de juzgarlos es que viajen a Argentina y sean detenidos allí”, ha denunciado Olabarría. “Subordinan decisiones judiciales en el ámbito de la justicia universal a decisiones policiales”, ha concluido.

Amenaza de denuncia contra las víctimas

Esta misma semana, la página web de la Fundación Francisco Franco ha publicado un comunicado redactado por el exministro franquista José Utrera Molina en el que afirma que su condición de ministro “no ha constituido ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno”.

Además, señala que no descarta “ejercer las acciones judiciales pertinentes en mi defensa”, ya que a su juicio, “la imputación de supuestos crímenes o delitos derivados del cumplimiento de mis responsabilidades políticas” durante la dictadura franquista “es una calumnia y un atentado contra mi honor”.