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viernes 23 febrero 2018

Sociedad

Inquilinos de pisos protegidos vendidos a fondos denuncian el aumento de precios

La venta de viviendas de protección oficial a fondos de inversión lleva aparejada la subida del alquiler, de los gastos comunitarios, y en ocasiones la obligatoriedad de contraer seguros privados de hogar

10 octubre 2014
07:14
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Inquilinos de pisos protegidos vendidos a fondos denuncian el aumento de precios
Afectados por la venta de viviendas a un fondo de capital riesgo. FERNANDO SÁNCHEZ

BARCELONA // En pleno agosto del año pasado, Elena Aragüés recibió una notificación que le informaba que el piso de protección oficial donde vive había cambiado de administrador. A partir de entonces iba a ser Colon Viviendas SII S.A., filial del grupo Lazora (gestionado por Azora Inversiones), quien gestionaría la vivienda, en lugar de Regesa, la empresa pública dependiente del Consell Comarcal del Barcelonès. Desde entonces mantiene una lucha por dar a conocer la cuestión e intentar evitar algunas de las consecuencias que se derivan.

Entre otras, explica, “la empresa sólo garantiza la función social durante 25 años. Algunos pisos llevan ya 12 años como viviendas de protección oficial, así que en 13 años dejarían de serlo”. Además, las renovaciones de los contratos, que bajo la Administración podían mantener las condiciones económicas si el inquilino seguía cumpliendo los requisitos, implican ahora una subida de precios del alquiler, de los gastos comunitarios, y la obligatoriedad de contraer seguros privados de hogar o plazas de aparcamiento. También denuncia que al poco tiempo de la adquisición de las viviendas por parte del fondo comenzaron a aparecer anuncios de alquiler de estos pisos en portales inmobiliarios sin especificar que son de protección oficial, con lo cual “podrían estar saltándose las listas del registro de solicitantes de vivienda pública”.

La vivienda donde reside Aragüés, en el barrio de La Sagrera de Barcelona, es una de las 298 que conforman los cuatro bloques de viviendas públicas de alquiler que Regesa vendió a Colon Viviendas. La venta se concretó por 11,4 millones de euros –poco más de 37.000 euros cada una- e implica una concesión por 75 años. La Administración ha encontrado en estas operaciones una vía rápida de ganar liquidez -aunque sea a costa de vender a un precio menor del montante que costó su construcción-, y los fondos de inversión, una excelente oportunidad para comprar a precios mínimos y sacar un rendimiento en el futuro inmediato. En medio, los inquilinos, que accedieron a la vivienda al estar en condiciones de precariedad, son los más perjudicados.

“Pedimos que se nos mantengan las condiciones, y que los nuevos vecinos que entren puedan hacerlo con las condiciones que tuvimos nosotros al entrar”, señaló Aragüés el pasado miércoles en una charla sobre vivienda pública organizada en el marco de la Semana de Acción Global Contra la Deuda, los Fondos Buitre y las instituciones financieras internacionales, junto a colectivos en defensa de la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asociación 500×20, así como varios de los afectados. Pero, sobre todo, condenó la “progresiva privatización del parque público de alquiler”. En Cataluña es casi insignificante en relación con los estándares europeos. La comunidad dispone de 30.000 pisos públicos de alquiler, el 1% del parque total de vivienda, cuando la media europea se sitúa en el 18%.

Beneficios para las empresas, pérdidas para las arcas públicas

La empresa de inversión Azora, junto con Goldman Sachs, adquirió también las cerca de 3.000 viviendas –a 63.000 euros la unidad- que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió en octubre del año pasado. Miles de inquilinos se acostaron con un precio de alquiler para despertase al día siguiente con la mensualidad aumentada. El derecho a compra del que gozaban se mantiene, pero en ocasiones los precios casi se duplican. En otras, una vez finalizado el contrato, el fondo obliga a comprar la vivienda, como ha sucedido en Madrid con Encasa Cibeles -la entidad creada por Goldman Sachs y Azora-.

La operación llevó al Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid a abrir diligencias por un posible delito de malversación de caudales públicos o de sustracción de bienes públicos de su utilidad social tras la denuncia que presentaron colectivos de defensa de la vivienda: la PAH, la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), y a la que se sumó el PSOE madrileño. Y es que Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas por 201 millones de euros, con lo que la operación le costó 300 millones a las arcas públicas. Por esta causa tuvo que declarar como imputada la directora del IVIMA, Ana Gomendio.

Fondos de inversión como Goldman Sachs, Blackstone y Azora han puesto el foco en España en busca de compras baratas con las que especular. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el parque público de alquiler supone una excelente oportunidad de negocio al aprovechar la necesidad de los ayuntamientos de conseguir liquidez. Lejos de sufrir la crisis, estos ‘fondos buitre’ han cosechado importantes beneficios. Goldman Sachs, por ejemplo, ganó en 2012 7.480 millones de dólares, un 68% más que el año anterior.

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Brais Benítez

Brais Benítez

1 comentario

  1. Flanagan
    Flanagan 10/10/2014, 11:21

    El Gran Fulán Aserejé Rejé Rejé repleto de tópicos y emisor de trolas, verdadero friky metido a política en el partido franquista, cuyo coeficiente de capacidad intelectual no alcanza el 30% requerido para considerarlo mono sapiens, debería dimitir con todo su desgobierno antes de que España salte por los aíres a causa de que estos ineptos capaces de rezar a muñecos de madera policromada para que les ayuden en política, no saben ni lo que hacen sentados en la poltrona de un ministerio.
    Han dinamitado todo lo que han tocado. El próximo gobierno no franquista que salga de las urnas, si que va a tener una nefasta herencia franquista para los próximos treinta años.

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