La FP Dual en Madrid, ¿coladero de precariedad?

Con mucho bombo, pero sin planificación ni consulta, se implantaba la FP Dual en Madrid en el curso 2011-2012. Todo eran buenas palabras y promesas de calidad, excelencia y oportunidades para una juventud madrileña que se juega, ni más ni menos, que su futuro.

Cuatro años más tarde, la historia se repite. Ahora son más centros, más ciclos, más alumnos y alumnas y más empresas que, supuestamente, apuestan por la FP Dual. Pero lo cierto es que el aumento de la oferta dual ha ido en detrimento de la oferta de FP ordinaria. Una oferta que se sabe insuficiente desde hace años. Tampoco es cierto que empresas y centros educativos apuesten por esta modalidad con la vehemencia que proyecta el gobierno regional. Y mucho menos cierto es que, tal como está planteada esta formación en Madrid, se trate de una gran oportunidad para el alumnado.

En 2012 el Gobierno central publicó el RD 1592/2012 para regular el contrato de Formación y Aprendizaje y la formación profesional dual, cuyo título hace presagiar una estrecha relación entre ambos. Pero no es así. En la Comunidad de Madrid, donde la implantación de la FP Dual ha sido improvisada y oportunista, como viene siendo habitual, se ha optado por la fórmula más desregulada, en un nuevo intento de desregular y privatizar la formación profesional.

Pese a pasar un año entero en la empresa, el alumnado de esta modalidad carece de contrato laboral y de todos sus derechos asociados: ni convenio colectivo de referencia, ni tutela judicial, ni representación sindical, ni beneficios sociales, ni protección de la salud, ni derecho a huelga, ni algo tan simple como permisos, retribuidos o no. Así, no son pocos los estudiantes que ante la hospitalización de un familiar de primer grado, por ejemplo, no pueden ausentarse de su ¿puesto de trabajo?.

Lo que bien planificado, financiado, y con un control riguroso podría resultar en una oportunidad formativa, ha acabado siendo el colmo de la desregulación, tal es así que parece caer en tierra de nadie el seguimiento de ese año de prácticas en la empresa. Los docentes que en los centros ejercen la tutoría de la formación en la empresa se encuentran ahora con más alumnado que tutorizar y menos horas para hacerlo, Inspección de Trabajo no los considera parte de la plantilla, la Inspección Educativa no tiene competencias en el ámbito laboral y la representación legal de los trabajadores no recibe la información por parte de las empresas sobre el alumnado en formación.

Que mediase un contrato de formación y aprendizaje permitiría, al menos, garantizar sus derechos y unas condiciones mínimas para el alumnado durante su estancia en la empresa, y que su experiencia, así, no dependiese del azar, tal como ocurre en la actualidad.

*Paula Guisande es Secretaria de Juventud de CCOO Madrid