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El oscuro legado de Rubalcaba en inmigración y asilo

Responsables de ONG, sindicatos de Policía y asociaciones de inmigrantes hacen balance del mandato de Rubalcaba en Interior después de concluir su carrera política

Daniel Ayllón

07 septiembre 2014 Una lectura de 8 minutos

MADRID // El 20 de mayo de 2008, el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba –que el pasado martes dejó la política después de 23 años como diputado, portavoz, ministro, vicepresidente…– se encontraba en Dakar (Senegal) cuando recibió la llamada que confirmaba la detención del número 1 de ETA, Francisco Javier López Peña, alias Thierry, en Burdeos (Francia). Pocas horas después, de madrugada, convocó a la decena de periodistas que le acompañaba en su viaje por África Subsahariana para corroborar el rumor, que corría como la pólvora por las redacciones de Madrid y Barcelona. “¿Ha caído Thierry? ¿Hay alguno más?”, gritaban impacientes al teléfono los jefes de sección a sus enviados a África, mientras demoraban el envío de las portadas a imprenta.

En las últimas 16 horas, el avión de las Fuerzas Armadas que transportaba a la delegación de Rubalcaba había cubierto las rutas Madrid-Bamako (Malí) y Bamako-Dakar, para que el ministro rubricase jugosos acuerdos maquillados con el membrete de “cooperación”. En realidad, estos documentos obligaban a los países africanos a ponerse las pilas en materia de represión y devolución de inmigrantes, al dictado de España, a cambio de un puñado de ayudas.

En ninguno de los casos se incluían cláusulas de respeto a los derechos humanos que garantizasen que la Policía de estos países llevaría a cabo una represión –para que no llegasen a zarpar a bordo de cayucos o pateras– que garantizase, como mínimo, que los extranjeros no morirían apalizados o abandonados en el desierto por las propias fuerzas de seguridad. Prácticas que, con el tiempo, han documentado varias ONG.

La tercera parada del viaje estaba prevista, dos días después, en Nuakchot (Mauritania, uno de los países más polémicos por el trato que da a los migrantes), pero nunca llegó. El ministro del Interior canceló el viaje y toda la delegación regresó la mañana siguiente desde Dakar a Madrid para que Rubalcaba diese una rueda de prensa explicando la operación anti ETA que se había desarrollado en su ausencia.

“Su prioridad era ETA. En inmigración, le dejó hacer al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Pero el último responsable de lo que se aprobaba era el ministro. ¡Evidentemente!”, remarca Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en la Universitat de València, y ex presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) entre 2008 y 2010. Esos años, le tocó lidiar con el Ministerio.

Con Rubalcaba como ministro del Interior (abril de 2006 – julio de 2011), el PSOE desarrolló las políticas migratorias que había iniciado el PP durante el último gobierno de José María Aznar (2000-2004). “Rubalcaba dejaba hacer a los mandos policiales: su junta eran la misma que podía tener el PP, muy retrógrada”, recuerda José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) entre 1992 y 2013.

A Rubalcaba, considerado por muchos como el mejor orador del Congreso de la última década, gran boxeador en los debates políticos, astuto, rápido y audaz, no le recuerdan así las asociaciones de inmigrantes y ONG de derechos humanos. Durante su etapa al frente de Interior, además de obviar las cláusulas de respeto a los derechos humanos, dejó varias cicatrices, especialmente, en las comunidades sudamericana y africana residentes en España.

Redadas raciales

La principal fue el acoso que sufrieron estos colectivos tras las circulares internas que distribuyeron altos mandos policiales. En noviembre de 2008, una instrucción estableció un cupos mínimos de sin papeles cazados en algunas comisarías. En la de Villa de Vallecas (Madrid), por ejemplo, el objetivo eran 35 inmigrantes semanales. En la de Moratalaz (Madrid), 50.

Aunque la Ley no permite a la Policía pedir la identificación a una persona si no es sospechosa de haber realizado un delito, estas instrucciones incitaban a ello.

Otra circular, la 1/2010, de 25 de enero, instaba a los agentes a trasladar a comisaría a los extranjeros que descubriesen en situación irregular, aunque se identificasen con su pasaporte. Una práctica contra la que 140 asociaciones vinculadas a la inmigración y los derechos humanos realizaron una gran recogida de firmas. Pero de poco sirvió.

“La circular vulneraba la Ley de Extranjería y permitía detenciones indiscriminadas”, asegura el sindicalista de la Policía Sánchez Fornet. “La inmigración tiene que ser contenida, sí. Que se abran las fronteras es una locura, pero la circular vulneraba los derechos básicos de los inmigrantes. Yendo más allá de la Ley de Extranjería, Rubalcaba se dejó llevar por el secretario de Camacho, que es quien tenía la mano dura”, añade.

Debido a la presión mediática, el ministro terminó reconociendo la existencia de “objetivos cuantitativos” en la detención de sin papeles, aunque aseguró que se refería sólo a extranjeros vinculados con actividades delictivas. Interior lo justificó alegando “malentendidos” al aplicar sus directrices en este tema y dictó una instrucción para “clarificar”. No obstante, en el mismo escrito insistió: “Los objetivos numéricos han demostrado reiteradamente su validez”.

Rubalcaba siempre negó que en España se practicasen “redadas raciales”, recuerda Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo entre 2005 y 2011. Y no fue hasta pasado el Gobierno del PSOE, en 2012, cuando la Policía publicó una circular que prohibía expresamente los cupos de detención de inmigrantes y las redadas “indiscriminadas”.

“Fue una etapa de redadas racistas basadas en el perfil étnico”, enfatiza Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo Inmigración y Sistema Penal.

Sánchez Fornet recuerda que 2009 fue el año en el que la Policía realizó más presión en las calles contra los inmigrantes: hubo 13 millones de identificaciones, cifra que incluye también las de españoles. “A un agente le llegaron a dar un premio porque había hecho 600 identificaciones en un mes”, señala entre aspavientos. “Y los que más pagaban eran los inmigrantes, porque iban por la calle con miedo. Ese año, hicimos escritos al Defensor del Pueblo, al ministerio… explicando que sólo se puede hacer identificaciones si hay sospecha de delito”, añade el ex secretario general del SUP.

Endurecimiento de la Ley de Extranjería

Una vez detenidos, los sin papeles podían estar retenidos hasta 40 días en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) –“cárceles encubiertas”, como las denominan los inmigrantes, en las que el Gobierno encierra a los foráneos mientras tramita su repatriación, pero sin las garantías de una prisión–. Basta echar un vistazo a los informes que cada año publica el Defensor del Pueblo para tener una idea de la falta de intimidad, seguridad e infraestructuras que tienen los internados. Hay cientos de ejemplos: desde las violaciones que practicaron cinco policías a mujeres subsaharianas en el CIE de Capuchinos (Málaga) antes de ser expulsadas de España, hasta las frecuentes negativas a utilizar los aseos en el CIE de Aluche de Madrid. También hay denuncias en los juzgados por agresiones físicas a internos en habitaciones de los CIE desprovistas de cámaras de seguridad.

“Rubalcaba, mientras estuvo en el Ministerio del Interior no hizo nada para terminar con el obscurantismo que rodea a los CIE, para establecer garantías de los derechos de las personas internadas o articular mecanismos de control”, critica la profesora Martínez Escamilla.

La séptima reforma de la Ley de Extranjería, de 2009, incluyó la polémica ampliación del plazo de internamiento, de 40 a 60 días. El Ministerio del Interior, incluso, quería que fuese superior para ganar tiempo en las repatriaciones a países como Bangladesh, donde las identificaciones de migrantes iban más lentas. Pero su propuesta no salió adelante. De hecho, el reglamento de los CIE, que tenía que dotar de más garantías a los internados (la ley obligaba al Gobierno a aprobarlo “en los seis meses posteriores”, recuerda Martínez Escamilla), no se desarrolló durante los tres años que quedaban de legislatura del PSOE. Únicamente se esbozó un borrador, que no salió a la luz. Finalmente, ha sido el PP el encargado de redactar un reglamento, descafeinado, en marzo de 2014.

Ley de Asilo e impedimentos

Al margen de los extranjeros que decidieron migrar a España por motivos económicos, los solicitantes de asilo también vieron menguadas sus oportunidades durante el mandato de Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior.

“En 2008, hubo un 41% menos de solicitudes de asilo que en 2007. La cifra más baja en 10 años. Y sólo se concedieron 250”, recuerda el ex presidente de CEAR Javier de Lucas. El descenso no se debe a una menor necesidad, sino a las dificultades que había para alcanzar territorio español. Además, la tramitación de la Ley de Asilo (2009) supuso un recorte de derechos para los extranjeros en peligro. Hasta entonces, podían solicitar asilo en una sede diplomática española en un tercer país al que hubiesen tenido que huir. Sin embargo, con el pretexto de que otros países europeos no lo permitían, España lo abolió. “Además, Rubalcaba también contribuyó a la destrucción del derecho de asilo, y a la estigmatización a los refugiados como sospechosos”, añade De Lucas.

Directiva de la vergüenza

El Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Retorno –conocida como Directiva de la Vergüenza– el 17 de junio de 2008. Ésta norma permite desde entonces que cualquier Estado de la UE pueda mantener retenido a un sin papeles en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) hasta 18 meses, pendiente de la devolución a su país de origen. Aunque el Grupo Socialista Europeo se manifestó en contra de la norma, el PSOE español la respaldó. Y sólo dos de sus 18 eurodiputados, Josep Borrell y Raimon Obiols, se rebelaron y votaron en contra.

“Aunque Rubalcaba no fue el que pertreñó la directiva europea, sí que la respaldó. Dijo que era ‘garantista’ y que permitía ‘garantizar los derechos de los extranjeros’ en los CIE… a pesar de las críticas que recibió incluso del propio Defensor del Pueblo”, recuerda De Lucas.

Sin responsabilidades

Los acuerdos con terceros países –como los mencionados Malí, Senegal y Mauritania– trasladaron la obligación de frenar los flujos migratorios a estos, sin el control de España ni la UE. Esta política, conocida por las ONG como externalización de fronteras, se impulsó desde 2003 a nivel europeo, con el traslado de los límites del espacio Schengen a las orillas del Magreb y el África subsahariana. Así, los gobiernos africanos hacían el trabajo sucio de los europeos, que hacían la vista gorda.

Las contraprestaciones dependían del país. Marruecos, por ejemplo, fue uno de los que más recibió. En 2006, siendo Rubalcaba ministro, España autorizó una “entrega de medios materiales para la mejora del control de sus fronteras y combatir la emigración irregular” por valor de 10.544.771 euros, tal y como publicó el BOE. “Rubalcaba fue uno de los artífices de trasladar el control migratorio a Marruecos y de darle financiación”, asegura Javier Ramírez, ex portavoz de SOS Racismo. Y pone otro ejemplo, Senegal: “Un país al que España instó, dentro del convenio bilateral de cooperación, a agravar su régimen sancionador contra los inmigrantes”.

En 2008, se concedió otra millonaria partida presupuestaria destinada a la vigilancia armada de la frontera marítima de FRONTEX, pero Rubalcaba la presentó como si se tratase de “ayuda” a países africanos. “Y no tiene nada que ver con inversiones en África”, reprocha De Lucas, que añade: “El problema es dejar la inmigración en manos de Interior: aporta una perspectiva de seguridad y orden público, que llega a traspasar incluso el ámbito de Defensa”.

Ramírez comparte la visión de que Interior se ha apropiado de la gestión de las políticas migratorias, a pesar de que “debería estar en manos del Ministerio de Trabajo e Inmigración”.

El Guantanamito español

Una de las denuncias más graves la emitió Amnistía Internacional (AI), en su informe Mauritania/España: Nadie quiere tener nada que ver con nosotros (2008). En él, destapaba que la intensa presión que la UE y España estaban ejerciendo sobre Mauritania provocaba que las fuerzas de seguridad del país africano arrestasen “arbitrariamente y sin pruebas” a cientos de emigrantes para luego expulsarles sin garantías jurídicas y “vulnerando sus derechos humanos”.

Los supuestos migrantes estaban siendo encarcelados en una antigua escuela de la ciudad de Nuadibú, cuya rehabilitación financió el Gobierno español en 2006 para convertirla en un centro de internamiento de extranjeros. Tras pasar entre dos y siete días retenidos en el centro –que locales y migrantes bautizaron como Guantanamito–, la mayoría de personas era expulsada a Malí o Senegal sin garantías jurídicas.

Sin la supervisión española, en los dos primeros años de funcionamiento fueron desapareciendo los colchones, literas, cocina, tiendas de campaña… se fue hacinando a los internados en tres salas y el armario de las tizas terminó haciendo las veces de retrete. Sólo tras la denuncia de Amnistía Internacional y un segundo duro informe de CEAR, el Ministerio del Interior se trasladó a Mauritania para poner orden.