Los rostros de dos años de ‘apartheid’ sanitario

MADRID // Alpha Pam, un ciudadano senegalés de 28 años falleció en abril de 2013 a causa de una tuberculosis. Según denuncian las asociaciones en defensa de la sanidad universal, hasta en tres ocasiones se le negaron unas pruebas diagnósticas. Un mes después, Soledad Torrico murió tras acudir en varias ocasiones a su Centro de Salud aquejada de fuertes dolores. Algo parecido a lo que le ocurrió a Janeth Beltran, que esperó hasta cuatro horas para ser atendida. Su cuerpo no resistió más mientras agonizaba en la sala de espera de urgencias de un hospital toledano.

Todos ellos son casos de falta de atención sanitaria a inmigrantes sin papeles y de muertes como consecuencia de la aplicación del RD 16/2012. Según organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo, en estos dos años se han retirado 873.000 tarjetas sanitarias. Es decir, 873.000 personas se han quedado sin derecho a una sanidad pública gratuita. Por ello, además de varias muertes, se producen casos extremos de manera cotidiana, como el de Rabab Badri, madre de dos hijos a quien le fue negada la asistencia después de que le fuera encontrado un bulto en el pecho.

El Real Decreto 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” deja de hablar de beneficiarios y empieza a hablar de asegurados. Sólo tendrán derecho a la sanidad los trabajadores, pensionistas, los que cobren el desempleo o estén anotados como demandante de empleo. El resto, nada. Eso sí, establece excepciones en “extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España” que tengan una urgencia “por enfermedad grave o accidente” y de “asistencia al embarazo, parto y postparto”.

“O pago o me muero”

Marlen es extranjera, lleva en España desde el año 2000. Hasta el 1 de septiembre de 2012 tenía tarjeta sanitaria, pero desde entonces al no tener regularizada por parte de la administración su situación, perdió el derecho a la asistencia sanitaria. Ella es diabética y tenía un seguimiento por parte del médico de Atención Primaria que, de un día para otro se terminó. “De repente desaparecí del sistema”, se lamenta, “ya no podía ir a los especialistas ni tener acceso a las medicinas que necesito”.

Así, pasó meses hasta que se vio obligada a contratar un seguro privado, algo muy difícil por el hecho de ser diabética. “Era eso o perder la salud definitivamente”. Ahora paga 70 euros al mes por tener asistencia sanitaria y se gasta cerca de 140 euros al mes en medicinas (antes el gasto no pasaba de los 16 euros). “Pero bueno, es mi salud, o pago o me muero”. Lleva

“¿Dónde están mis pacientes?”

Los médicos de familia se quejan de que los pacientes que antes veían en su consulta han desparecido. “Ya no van a consulta, con todo lo que eso significa”, critican desde el Observatorio del Derecho Universal a la Salud.

Esta entidad ha documentado en el País Valenciano un total de 718 notificaciones de falta de atención y de incumplimientos incluso del RD 16/2012. De ellos, 79 se refieren a menores a los que se les niega la sanidad gratuita a la que tienen derecho. Además denuncian que no se sabe qué pasa con los compromisos de pago que se envían a los que son atendidos.

Otras entidades como Yo Sí Sanidad Universal proponen y promueven directamente la desobediencia civil frente a esta reforma sanitaria. Así trabajan en tres líneas, acompañar a las personas que se han quedado excluidas del sistema para conseguir que sean atendidos, visibilizar y denunciar las consecuencias del Real Decreto y acabar con su derogación. Su lucha ya lleva dos años.