El BOE autoriza a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas en Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la autorización para que Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. realice sondeos exploratorios en las Islas Canarias. El proyecto autorizado consiste en la realización de dos sondeos (Sandía-1X y Chirimoya-1X), más un tercero (Zanahoria-1) sujeto a los resultados de los dos primeros, en los permisos denominados Canarias 1 a Canarias 9.

Hasta el momento, la cuenca atlántica de Canarias en la que se encuentran no se había explorado por sondeo. Su objeto, explica el BOE, es «investigar la existencia de hidrocarburo en la cuenca, siendo el objetivo principal depósitos arenosos turbidíticos del Terciario y Cretácico».

Sin embargo, las conquistas de la multinacional contrastan con el rechazo popular y de ONG en Canarias, que ha ido en aumento en los últimos meses. Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han emitido hoy un comunicado criticando la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Repsol. «Aparte de lo cuestionable democráticamente que es imponer a un pueblo una decisión como ésta», las organizaciones consideran que el proceso para emitir dicha autorización ha sido «notoriamente irregular». Por todo ello, recurrirán la decisión administrativa ante los tribunales españoles y europeos.

Los ecologistas vienen denunciando desde hace meses que el proyecto recién autorizado por el gobierno de España a la multinacional ignora información científica crucial sobre los valores naturales del área, entre los que destaca su importancia mundial para los cetáceos. La empresa «ha minimizado» los impactos que tendría sobre el resto de la fauna y ecosistemas marinos, así como sobre sectores de gran importancia social y económica en el ámbito insular, como la pesca o el turismo, «muy dependientes de la calidad de las aguas y costas» e incluso del propio abastecimiento de agua potable para la población de las islas orientales que depende directamente de la desalinización del agua del mar, destaca el comunicado.

La tramitación del expediente «ha estado plagada de falta de información y trabas burocráticas» que han impedido que se conociera con claridad su contenido, denuncia el comunicado. Además, «no se ha propiciado una verdadera y transparente participación en el proceso». Ejemplo de ello, aseguran los ecologistas, es la nueva y abundante documentación aportada al expediente por Repsol, que fue recibida por las ONG el pasado 10 de julio, «sin tiempo siquiera para ser analizada».

Protestas populares

«Las declaraciones de los responsables del Ministerio de Industria «siempre han ido dirigidas a apoyar los intereses de la multinacional Repsol, y en contra de los intereses generales, de la opinión científica y de la voluntad del pueblo y las instituciones canarias», prosigue el comunicado, que recuerda que la oposición ciudadana a este proyecto ha sido «muy contundente y clara». El pasado 7 de junio, por ejemplo, cifran en 200.000 las personas salieron a las calles de Canarias para mostrar su rechazo a este proyecto.

Además, las cinco organizaciones defienden que buscar nuevos hidrocarburos «no es el camino para reducir nuestra demanda energética, sino que la solución pasa por apostar por la eficiencia, el ahorro y las energías renovables, de las que España era líder mundial». Esto es lo que realmente nos dará la independencia energética y nos permitirá luchar contra el cambio climático. Nuestro Gobierno deja pasar la oportunidad de elegir el camino de la sostenibilidad y se vuelca en favorecer los intereses particulares de las grandes empresas energéticas en contra de los generales de la ciudadanía.

Sondeos a 12.000 metros de profundidad

El barco que llevará a cabo el programa de perforación propuesto es la unidad de posicionamiento dinámico Rowan Renaissance, con capacidad para perforar sondeos de hasta 12.000 metros de profundidad, en profundidades de lámina de agua de más de 3.500 metros.

Repsol deberá contratar un seguro de responsabilidad civil de un mínimo de 40 millones de euros para hacer frente a eventuales daños a personas o bienes y una garantía financiera destinada a cubrir sus responsabilidades medioambientales, por 20 millones de euros.