Incentivo salarial por reducir las hospitalizaciones en centros privatizados

MADRID // “Se contabilizan las urgencias atendidas en función de que su destino sea o no un ingreso hospitalario. El objetivo que se persigue es premiar a aquellos que adecuen el número de ingresos que se producen desde urgencias”.

Este es uno de los puntos que utiliza Ribera Salud, el grupo pionero en la gestión privada de hospitales públicos para calcular los incentivos a su personal médico. Un dinero que, según denuncian desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) está “deteriorando la calidad asistencial, dinamitando la relación entre médico y paciente e incrementando los riesgos jurídicos para los profesionales”.

Desde CAS aseguran que el modelo se ha exportado a la Comunidad de Madrid, donde “toda la actividad médica (en los hospitales privatizados) está ligada al dinero”. Y ponen tres ejemplos muy claros y llamativos de incentivos: “por cada paciente atendido en urgencias que no ingrese en el hospital, 10 euros; por cada paciente dado de alta y por cada paciente tratado con anestesia local, en lugar de general”, aseguran en un comunicado.

Esta asociación cuantifica que entre un 30% y 50% del salario de los médicos está vinculado a objetivos de ahorro económico que, aseguran, “con toda seguridad ponen en riesgo la salud y la seguridad de los pacientes”.

Por su parte, la consejería de Sanidad de Madrid elude la polémica al asegurar que «la política de recursos humanos de cada hospital externalizado no es competencia del Sermas» e inmediatamente recuerdan que «estos hospitales son de los mejor valorados por los pacientes de toda la red pública, con niveles de satisfacción por encima del 92,6%». De la política de incentivos de las empresas, ni palabra.

En la guía de Ribera Salud para sus médicos se recuerda que «cada acto médico tiene una valoración económica y un reflejo en los incentivos». Los conceptos que se valoran son las consultas externas, las interconsultas hospitalarias, los exámenes (que excluyen las pruebas en los servicios centrales, mucho más caras) o las altas hospitalarias.

La política de incentivos también se da, según CAS, en centros de Atención Primaria privatizados en el País Valenciano. “En Torrevieja se premiaba con incentivos de hasta 24.000 euros al año si se reducían las derivaciones al hospital y a la atención especializada” denuncian.

También en Andalucía las unidades de gestión clínica establecen una serie de incentivos a cambio de reducir el gasto que pueden llegar a 13.000 euros para los directores de las unidades y hasta 7.000 euros al año. Para la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad “este modelo empresarial de gestión promueve la competencia entre profesionales y unidades por la consecución de objetivos”.