TARRAGONA// “Antes de empezar con el proceso de descontaminación tuvimos que concienciar al pueblo para convencer a la gente de que no queríamos cerrar la empresa sino, simplemente, limpiar todos los vertidos tóxicos del embalse de Flix”, aseveraban el jefe de asistencia técnica de la UTE Flix, José Manuel Plaza, y la jefa de proyectos de Acuamed, Azahara Peralta, durante un viaje pagado por esta última empresa a varios periodistas afiliados a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental a finales de marzo para mostrar en qué consiste su labor y en qué proceso de su trabajo se encontraban.
Este pueblo tarraconense, Flix, fue el lugar que la empresa Ercros, alemana en sus orígenes y actualmente de capital español, eligió para instalar una fábrica de productos químicos y farmacéuticos a finales del siglo XIX. Esta compañía llegó a emplear a la mitad de los más 4.000 vecinos en su mejor época económica. Fruto de su actividad productiva, la empresa estuvo durante un siglo derramando vertidos tóxicos tales como uranio, materiales pesados como el mercurio u organoclorados como los PCBs o DDT, lo que propició una contaminación generalizada del Delta del Ebro desde Flix hasta su desembocadura, situada a 80 kilómetros.
Un vertido de sustancias contaminantes impune, ya que no fue hasta 1988 cuando entró en vigor la normativa que limitaba estas prácticas nocivas. A pesar de las nuevas imposiciones legales que los obligaba a respetar el medio ambiente, Ercros no varió la forma en la que operaba hasta 1993, cuando un grupo de investigadores analizó las aguas del embalse de Flix y demostró que continuaban derramando vertidos en cantidades que, esta vez sí, superaban los límites marcados por ley. Y este fue el motivo por el que la Audiencia Provincial de Tarragona, tras un largo proceso judicial, consideró a la compañía culpable de contaminar de forma continuada el medio ambiente entre 1988 y 1993.
Marta Pujadas es una investigadora de Ciencia y Tecnología Ambientales de la ICTA-UAB. Actualmente se encuentra realizando una tesis junto con Joan Martínez-Alier (economista ecológico) y Agustí Nieto-Galán (historiador de la ciencia y la tecnología) sobre los pasivos ambientales y la historia ambiental de la fábrica, los impactos sociales y económicos de la contaminación provocada más allá del embalse, así como la distribución de responsabilidades entre Ercros y las administraciones y el posicionamiento de la población.
Pujadas explica que “el procedimiento penal acota dos fechas concretas: desde 15 de septiembre del 88, momento de la concesión de la última autorización ambiental de vertidos de la fábrica, y el 28 de agosto de 1993 cuando, después de una inspección, se hizo la denuncia de delito ambiental”. Durante el juicio, los peritos solamente pudieron demostrar que Ercros era responsable de la contaminación de estas aguas entre ambas fechas porque tenían los datos de las muestras que tomaron. “El resto es prácticamente imposible demostrarlo desde el punto de vista legal, ya que la acumulación de vertidos tóxicos en el embalse se produjo desde finales del XIX, por lo que no se puede datar exactamente, dentro de los fangos, hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa en cada período”, señala la investigadora.
A pesar de que la condena llegó en 2003, no fue hasta siete años más tarde cuando comenzaron los trabajos para aislar los lodos contaminados del embalse de esta localidad, por lo que los vertidos siguieron contaminando el Delta del Ebro hasta el año 2010. De las, aproximadamente, 70.000 toneladas de lodos tóxicos que contiene el embalse de Flix, ya ha sido descontaminado algo más del 30%, aunque desde Acuamed aseguran que para mediados o, como muy tarde, finales de 2015, el trabajo de limpieza habrá concluido. La labor de la empresa pública finalizará una vez depositen todos los residuos tóxicos en el vertedero habilitado exclusivamente para ello, y de cuyo control se encargará el Ayuntamiento de Flix, al menos, durante los 30 años siguientes a su clausura.
Contamina una empresa, pagamos todos
Fruto de la sentencia emanada de la Audiencia Provincial de Tarragona, la empresa fue condenada a pagar algo más de 10 millones de euros para contribuir a la descontaminación del embalse de Flix. Sin embargo, durante la visita a las instalaciones de Acuamed, una de las personas que trabajan en esta empresa, y que prefirió no darse a conocer, consideró poco factible que vayan a desembolsar este dinero. “Actualmente la sentencia está recurrida, pero dudo mucho que finalmente paguen –aseveró-. De hecho, creo que si tuvieran que poner ahora esos 10 millones quebrarían; dudo que pudieran afrontar un pago de tal envergadura”.
Quien se está encargando de llevar a cabo la tarea de descontaminación es la empresa estatal Acuamed, quien a su vez tiene subcontratadas a una serie de empresas especializadas en este tipo de trabajos. Su jefa de operaciones, Azahara Peralta, cifró en 165 millones de euros el precio total de este trabajo; el 70% proveniente de fondos europeos y el 30% restante entre fondos estatales y de la Generalitat. Sin embargo, según las investigaciones que está realizando Marta Pujadas, esta cantidad supera los 200 millones de euros. “Contando todos los proyectos técnicos, la extracción de los lodos, las obras complementarias que se han tenido que realizar, el plan que la Generalitat ha tenido que desarrollar para garantizar agua potable a los pueblos situados a lo largo de la desembocadura en el caso de que hubiera filtraciones de contaminantes durante el procedimiento, el coste total asciende a unos 213 millones de euros, de los que Ercros, según la sentencia de 2003, solo tiene que pagar sobre un 5%”.
El motivo por el que Pujadas comenzó su tesis sobre la contaminación en Flix tiene que ver con la responsabilidad ambiental objetiva; aquella en la que, independientemente de si ha habido mala intención, el que produce un daño es el responsable. “Esta responsabilidad es la que incorpora actualmente en el ordenamiento legal la ley de responsabilidad ambiental de 2007, que es una transposición de la directiva de responsabilidades ambientales europea de 2004″. Esta ley no es retroactiva, por lo que solamente es aplicable a los casos existentes a partir del 30 de abril del 2007. “Para mí –explica la investigadora- lo interesante es comparar qué hubiera pasado si la ley se hubiera aprobado años atrás. Existen muchos casos de impactos de grandes empresas que históricamente han “olvidado” la aplicación de ciertos principios y cuyas consecuencias están llegando ahora. Y es la sociedad la que está asumiendo los costes ambientales en casi todos los casos”.
Síndrome de Estocolmo
“Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de Ercros en Flix -explica una de las personas que trabajan para Acuamed- porque en el pueblo hay una especie de síndrome de Estocolmo respecto a la empresa”. De las 2.000 personas que llegaron a estar contratadas por Ercros, actualmente solamente conservan su puesto unas 150. Y a pesar de que los vecinos de Flix históricamente han sido conscientes de lo que estaba haciendo la fábrica, siempre han tratado de preservar la continuidad de esta empresa en su población. El ejemplo más reciente lo encontramos a principios del año pasado, cuando los 225 empleados que entonces trabajaban allí iniciaron una huelga de hambre para impedir que la compañía ejecutara un ERE que iba a afectar al 75% de la plantilla.
Junto con la mayoría de los concejales de Flix, se encerraron en el Ayuntamiento mientras que se suspendió la actividad comercial en el pueblo y los centros educativos ofrecían únicamente servicios mínimos, a la par que los escolares leyeron diversos manifiestos en los que solicitaban la continuidad de la actividad de la empresa. Unas protestas que, a principios de marzo de 2013, se trasladaron a Barcelona, en una manifestación que congregó a 1.000 vecinos, y cuyo objetivo era solicitar en la ciudad condal alguna medida que evitara la drástica medida que pretendía tomar Ercros. Y lo consiguieron ya que, finalmente, consiguieron que se quedaran 150 trabajadores.
En enero de este año, tras conocer que en 2017 estará prohibido incluir mercurio en el proceso de producción de cloro (el producto estrella de la empresa hoy en día), Ercros hizo una lista de requisitos para que le compensara seguir abierta. Esta empresa, a quien el Ayuntamiento de Flix ya le ha concedido bonificaciones especiales en todos los impuestos municipales posibles, solicitó, a cambio de quedarse, reducciones en la factura eléctrica y subvenciones públicas para adaptar su proceso de producción a la normativa, además de condicionarlo a un incremento de la demanda que haga lucrativa su actividad.
Una exigente lista de peticiones con la que los vecinos del pueblo parecen no tener ningún problema. “Existe una relación amor-odio entre los habitantes de Flix y la empresa”, cuenta Pujadas. “Una de las cuestiones que intento demostrar en la tesis es que la fábrica ha nucleado un cambio en la mentalidad en la comunidad. Es evidente que Flix pasó a ser un municipio rural a uno industrial gracias a Ercros, pero lo único que ha hecho la compañía no ha sido dar trabajo a los habitantes. También ha logrado que hayan dejado de tener en cuenta su entorno, el medio y hasta su salud para fijarse exclusivamente en los beneficios que la empresa aportaba a nivel laboral”.
La investigadora también cuenta como en Flix hay una frase muy común que acuñó un historiador que vive en el pueblo: “Mal que mal, que la fábrica siga haciendo humo”. Esto, según Pujadas, refleja que “ellos ya sabían que la fábrica estaba contaminando; muchas veces, de hecho, eran ellos mismos quienes lanzaban grandes cantidades de contaminantes a su entorno, o veían cómo la población sufría determinadas patologías respiratorias. Pero, como estos efectos son a muy largo plazo, de alguna manera se le quita importancia comparativamente en contraposición con los beneficios económicos que genera la empresa anualmente. Es una comparativa entre los costes ambientales a largo término y los beneficios inmediatos que genera la empresa”.
Consecuencias sobre la salud
En los años 90 se elaboró un estudio mediante el cual se trató de hallar evidencias de las consecuencias en la salud que el desastre ambiental de Flix podía tener sobre sus habitantes. En esta investigación participaron, por un lado, el equipo del CSIC de Joan O. Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, y por el otro, el de Jordi Suñé del Instituto Municipal de Investigaciones Médicas, IMIM. Pujadas cuenta que “a principios de los 90 observaron que en el ambiente de Flix había unas concentraciones de compuestos orgánicos clorados muy por encima de otras poblaciones de control situadas en Barcelona o en Menorca”.
Los investigadores plantearon un proyecto en el que trataron de involucrar a la Generalitat, el Ayuntamiento del pueblo y Ercros para tratar de determinar qué correlación existía entre los niveles de HCB (HexaCloro Benzeno, uno de los componentes que en el ambiente de Flix está más presente) y patologías relacionadas con el cáncer de tiroides y el de tejidos blandos. A pesar de las trabas que se encontraron, tanto por parte de la empresa como de algunos vecinos del pueblo, consiguieron demostrar que hay una evidencia sobre esta incidencia.
El problema fue que, por un lado, la población de Flix en sí no es demasiado numerosa, y, por el otro, desde el punto de vista de la epidemiología, la muestra que consiguieron era poco representativa. “Esto ha pasado en casi todos los estudios que se han hecho aquí, siempre aparecen los mismos inconvenientes –relata Pujadas-, que son la falta de datos y la poca representatividad de la muestra poblacional sobre la que se puede trabajar. Esto provoca que los epidemiólogos nunca te vayan a aseverar que hay una evidencia flagrante o una certeza de que la contaminación ambiental en Flix esté generando tantos casos de cáncer al año porque es parte de su disciplina. Y esto es a lo que se han acogido los vecinos, a la incertidumbre en la que siempre están inmersos este tipo de estudios”.
Pujadas no pretende negar en su tesis que “Ercros haya generado un beneficio a la población ya que, gracias a esta empresa, en Flix han vivido de una forma que muchas otros pueblos en otras regiones de Cataluña no han podido hacerlo”. Sin embargo, su intención es que la gente amplíe la lista de requisitos para evaluar los beneficios que una empresa puede reportar. “No se tienen en cuenta los costes que después hay que asumir. Es la misma población que dice que se ha beneficiado de estas actividades la que también sufre sus consecuencias”. Por tanto, uno de sus objetivos es “demostrarle a la gente que, al valorar los beneficios que pueda reportar a una localidad una determinada empresa, hay que poner los costes ambientales y de salud en la balanza para determinar si estos beneficios económicos realmente son tales o, a la larga, pesan más los perjuicios que la empresa puede causar”.
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