Las ong denuncian que el reglamento de los CIE abre la puerta a su privatización

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el reglamento que regulará la estancia de los internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), una normativa prometida por Alfredo Pérez Rubalcaba cuando era ministro del Interior y postergada año tras año.

La principal novedad del reglamento es la división de los CIE en dos ámbitos. Por un lado, la seguridad, que recae en la Policía, y por otro, el ámbito asistencial, que será asumido por empleados públicos o por personal de entidades con las que haya convenios y de contratos.

Como explicó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este reglamento abre la puerta a que sean las organizaciones no gubernamentales las que “organicen y gestionen la asistencia sanitaria, social y cultural”.

Fuentes de la Campaña estatal por el cierre de los CIE han explicado que “ninguna” de las entidades que trabajan con ellos “apoyará semejante atrocidad”. Además, en una primera valoración califican el reglamento (a la espera de conocer su articulado por completo) de “poco garantista”, por lo que exigen “el cierre de un espacio que produce un sufrimiento innecesario y que genera un gasto añadido de las arcas públicas”.

Las asociaciones que trabajan con los internos han hecho una declaración conjunta en la que acusan al ministro del Interior de evidenciar «una concepción de la migración en términos criminalizadores, bélicos e inhumanos». «El Reglamento presentado por el Gobierno mantiene el monopolio del Ministerio del Interior sobre el control de los CIE, consolida el modelo de gestión policial y concentra la autoridad en el Director, también funcionario policial. Los derechos de las personas internas son supeditados a los criterios policiales de seguridad y control, una práctica policial consolidada durante casi tres décadas de existencia, caracterizada por la opacidad, arbitrariedad, el abuso y la impunidad, y que ha tenido consecuencias fatales para los derechos y la integridad de las personas internas y su entorno social», reza el comunicado conjunto.

Según explicó el ministro en rueda de prensa, este año se destinarán 5,5 millones de euros más a convenios y contratos con asociaciones y a mejoras de los centros. Su presupuesto inicial previsto era de 8,8 millones de euros.

Respecto a la posible participación de Cruz Roja en una futura gestión del CIE de Aluche, desde la Campaña por el cierre de estos centros recuerdan que “en Madrid se supone que ya llevan el apoyo psicosocial”. Para las asociaciones, «este reglamento abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social» y se reafirman en que «ninguna organización social que de verdad defienda los Derechos Humanos entrará a negociar la gestión de estos campos en los que se producen violaciones de derechos diarias».

Por su parte, el ministro del Interior quiso destacar que este reglamento nace con “el máximo consenso posible” y ha sido aprobado de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, “lo que quiere decir que se han asumido todas sus observaciones”.