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sábado 25 noviembre 2017

Sociedad

Greenpeace denuncia que la ‘Ley Mordaza’ incumple la legislación internacional

La ONG alerta en un informe de la falta de protección de derechos del proyecto impulsado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

27 febrero 2014
14:03
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Greenpeace denuncia que la ‘Ley Mordaza’ incumple la legislación internacional
Manifestación contra la 'ley mordaza' en las cercanías del Congreso de los Diputados. FERNANDO SÁNCHEZ

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Ministerio del Interior conlleva una gran inseguridad jurídica, aumenta la impunidad de las fuerzas policiales en el uso de la fuerza y vulnera convenios internacionales como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe elaborado por Greenpeace que se ha presentado este jueves. La organización ha analizado el anteproyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado por la mayoría conservadora en el Congreso y ha recogido los análisis de organismos e instituciones europeas sobre la norma, para concluir que el actual redactado de la ley atenta contra principios básicos del derecho internacional.

La ONG recoge las conclusiones del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que en su informe del 9 de octubre de 2013 denunció la falta de protección de derechos y libertades, en particular el derecho a la libertad de reunión y la impunidad de los malos tratos policiales.

Asimismo, se hace eco de las conclusiones  del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai, que en una visita en 2012 comunicó al Gobierno español que “no procede categorizar como violenta a toda una manifestación por actos esporádicos de violencia perpetrados por un grupo reducido de personas”. Ello entraría en contradicción con algunos de los aspectos que contempla la nueva normativa, como es el de castigar a aquellas personas que convoquen o promuevan una manifestación en la que se acaben produciendo actos violentos.

El triple de conductas sancionadas

El informe sostiene que la reforma era “innecesaria”, puesto que no existía una demanda social para llevarla a cabo, según indican los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, y España es uno de los países con tasas más bajas de delincuencia de Europa. Esta reforma, junto a la Ley de Tasas del Ministerio de Justicia y la reforma del Código Penal, señala Greenpeace, “convierte el Estado de Derecho en un Estado policial represivo y alarmista que pretende acallar toda protesta pacífica”. En comparación con el texto de 1992, la conocida como “Ley Corcuera”, la nueva ley triplica el número de conductas consideradas infracciones y la cuantía de las sanciones.

La ONG lamenta que las infracciones leves sean en las que más hayan aumentado las multas, pasando a ser objeto de sanciones de hasta 1.000 euros. “Son precisamente estas las infracciones proporcionalmente más cometidas y entre las que se incluyen muchas de las vinculadas con formas de protesta pacífica”, constata el informe, que alerta de que “no hay criterio explicativo, lo que daría pie a interpretar su carácter puramente disuasorio o recaudatorio”.

“Es una reforma que produce una gran inseguridad jurídica, que atenta contra el principio de legalidad al introducir vaguedad e imprecisión en sus articulados”, señala el informe. Un ejemplo de ello es la inclusión como infracción de “las reuniones o manifestaciones (…) en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas”. “Dado que el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene la calificación de ‘secreto oficial’”, indica Greenpeace, estas son desconocidas para el potencial infractor.

La organización considera que el Gobierno “está ignorando los informes y las recomendaciones de instituciones internacionales de derechos humanos, que instan a las autoridades españolas a garantizar la libertad de expresión y el derecho de manifestación y reunión”, por lo que piden al Ejecutivo que retire la conocida como “Ley Mordaza”.

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Brais Benítez

Brais Benítez

3 comentarios

  1. Mancuso
    Mancuso 03/03/2014, 14:08

    Es muy recurrida la palabra democracia. Aún recuerdo aquello de la República Democrática Alemana.
    Pero también puede que ocurra que la democracia es intermitente: si ganan los míos hablo de democracia; si ganan los demás no. Como las veletas, no cambian ellas, cambia el viento.

    Responder a este comentario
  2. María
    María 02/03/2014, 20:46

    Bien por Greenpeace.
    Siempre nos quedarán demócratas.

    Responder a este comentario
  3. Mancuso
    Mancuso 28/02/2014, 00:06

    Supongo que los de Greepeace saben que una protesta, para ser legal, requiere una simple comunicación. Tan simple como en estas, normalmente usan formularios estandar, dicen “le comunicamos que hemos acordado concentrarnos…” e indican día, hora y recorrido. Así de sencillo. Todo lo demás, palabrería.
    También me gustaría que me explicansen que tiene que ver una ley administrativa con una ley penal, porque los malos tratos policiales pueden ser delito o falta y este hecho no cambia con la ley se seguridad ciudadana.
    También me pregunto que tiene que ver el nivel general de delincuencia, entendido como comisión de delitos, con una ley administrativa. Otra metedura de pata más, y ya van muchas. Por otro lado se les ha olvidado que el 62% de los españoles son favorables al endurecimiento de medidas ante las protestas violentas ¿para las pacíficas? Ten sencillo como una simple notificación. Se pierde más tiempo en escribir un artículo que en cubrir un formulario.

    Responder a este comentario

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