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miércoles 14 noviembre 2018

Sociedad

Margarita Robles: “Se pone pegas a los jueces en los casos de corrupción”

La magistrada del Tribunal Supremo critica en esta entrevista que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, obstaculice la labor de los magistrados.

07 febrero 2014
09:27
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Margarita Robles: “Se pone pegas a los jueces en los casos de corrupción”
Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo. FERNANDO SÁNCHEZ

Versión íntegra de una entrevista que forma parte del dossier sobre el mal funcionamiento de la Justicia y las maniobras del Gobierno para controlar a los jueces en el número actual de la revista mensual de La Marea.

MADRID // La magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una de las voces más críticas con las reformas del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón dentro de la judicatura. Antes, Margarita Robles Fernández (León, 1957) había servido como subsecretaria de Justicia y secretaria de Estado de Interior en los gobiernos socialistas de Felipe González.

Los españoles consideran que la justicia en este país es injusta y lenta, según las encuestas.

Aquí hay dos temas. Primero, los jueces y segundo la administración de la justicia. Yo creo que la opinión pública sobre los jueces está cambiando mucho. En este momento los jueces españoles están siendo valorados muy positivamente porque están luchando contra la corrupción. También han sido pioneros en la lucha contra los desahucios y están teniendo mucho protagonismo en otros temas que afectan a los ciudadanos como las preferentes o las cláusulas abusivas. Creo que en estos momentos la percepción que hay es que los jueces están tutelando los derechos de la gente más desfavorecida socialmente, como muestra también el tema de la reforma laboral. La gente ve como la última confianza que tiene es acudir al juez. ¿Qué ocurre? Los medios que tienen los jueces son absolutamente limitados y por eso la justicia es lenta. La culpa es del Ministerio de Justicia que está haciendo reformas que limitan los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo no dan los medios suficientes a los jueces para que luchen contra la corrupción. El ministerio sabe que la situación está mal que faltan medios y que la justicia está colapsada y lo que hace es aprobar una ley de tasas judiciales que limita el acceso de los ciudadanos a la justicia de tal manera de si no tienes dinero no puedes acceder a la justicia. Por otro lado se está poniendo pegas a la actuación del juez.

¿Como la justicia es cara y lenta es muy difícil que un ciudadano normal pueda tener éxito en demandar a una gran empresa?

Puede hacerlo pero cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Hay un caso emblemático que es el del abogado de un ciudadano marroquí que logra que el Tribunal Europeo le de la razón en un caso de desahucio 14 anos después. Es verdad que ha perdido la casa y todo pero hay muchos casos de David contra Goliat. Ahora debes tener paciencia, tiempo y luego un abogado que tenga ganas de dar la batalla. Es difícil, porque un abogado de oficio te dirá que también tiene que vivir.

El Gobierno defiende las tasas judiciales diciendo que para la gente sin recursos está la defensa de oficio.

Es mentira. Primero, la defensa de oficio está muy mal pagada. Me constan casos de Canarias donde los abogados de oficio tuvieron que pagarse ellos mismo el viaje para ir de Lanzarote a Las Palmas. La historia es la de siempre. Si tu tienes mucho dinero no te importa pagar tasas y además puedes acudir a un gran bufete de abogados. La gente sin recursos tiene que recurrir a un abogado de oficio que muchas veces tiene que suplir la falta de medios que pone a su disposición el Ministerio de Justicia. Por ejemplo en el caso del Prestige había un abogado de oficio que defendía al capitán. Alguien cree que un abogado de oficio puede estar nueve meses en un juicio. Eso no es razonable. En este momento hay un maltrato de la justicia por parte del ministerio.

¿Si todos los abogados fueran de oficio se solucionaría el problema de la desigualdad?

No puede ser porque tu tienes derecho a elegir tu abogado. Es un principio básico en una democracia, es como el médico, puedes tener una sanidad pública estupenda pero nadie te puede obligar a acudir a ella si prefieres otro médico. La gente va al abogado que le da confianza.

¿Qué le parece la recomendación del comité de expertos de limitar la acusación popular?

Eso desde la perspectiva del Gobierno es lógico porque, en definitiva, en este momento el ministerio fiscal tiene una dependencia del Gobierno. Con la acusación popular al Gobierno se le escapa el control. Ya que puede darle instrucciones al fiscal, para el Gobierno es mucho más cómodo que solo pueda ejercer acusaciones el ministerio fiscal. En principio la fiscalía defiende la legalidad, pero el problema es que en apariencia –no digo que sea así- el Gobierno puede darle instrucciones a la fiscalía. Mientras esta apariencia o percepción de que el Gobierno siempre le diga al fiscal que tiene que hacer persista se generaría duda en el sistema de justicia.

Pero no es solo la percepción de la gente. En un informe reciente el consejo de Europa advirtió del peligro de la politización y falta de independencia de la Justicia en España.

Este informe pone clarísimamente de relieve lo que está pasando en el sistema judicial español. Una fiscalía aparentemente controlada por el Gobierno, un CGPJ que a consecuencia de las reformas de Gallardón ha quedado reducido a la mínima expresión y luego unos jueces trabajando con medios muy muy limitados. A veces se critica que los jueces tardan mucho en instruir casos de corrupción pero hay que ver que muchos veces cuando piden informes a organismos públicos estos no les contestan. O cuando piden comisiones rogatorias es imposible tramitarlo. El sistema está basado en poner todo tipo de pegas a los jueces cuando investigan casos de corrupción.

Algunos abogados se quejan de que los jueces tienen una proclividad excesiva decretar prisión preventiva. ¿Comparte esta opinión?

No estoy muy de acuerdo. Con los proceso penales siempre hay juicios paralelos. Una cosa es lo que hay en los papeles que tienen que estudiar los jueces y otra cosa es cómo se ve el caso desde fuera. En este país todos opinamos de todo. La opinión pública está muy dada a hacer juicios sobre las cosas y si alguien debería estar en libertad o en prisión. Hay que ver cada caso en concreto. A lo mejor puede parecer que la prisión preventiva es excesiva pero igual resulta que esta persona esta destruyendo pruebas. Es verdad que la prisión provisional tiene que ser una excepcionalidad pero es muy importante recordar –y a veces los abogados se olvidan- que los jueces solo pueden decretar la prisión provisional si una parte acusadora la pide. Los jueces por ellos solos no pueden decretar la prisión. Se cambió con la reforma del 1995. Antes los jueces sí podían decretar prisión sin que nadie lo pidiera.

¿Hay que reforma la figura del indulto?

Es una figura rara. Tendría que ser absolutamente excepcional pero en los últimos tiempos ha habido un abuso del indulto.

El Supremo, en enero, anuló el indulto al conductor kamikaze que mató una persona diciendo que no era suficientemente justificado. Pero entiendo que el Gobierno no está obligado a dar razones…

Es verdad que formalmente no hay ninguna obligación para explicar los indultos, pero cualquier acto del Gobierno debería conllevar una mínima explicación a los ciudadanos. Es verdad que la ley del indulto, que es de 1870, no lo exige pero en el año 2014 se puede esperar que el Gobierno no puede hacer lo que quiere sin dar explicaciones.Con la anulación del indulto en el caso del kamikaze, el TS deja claro que eso puede repetirse si no se explica bien la medida de gracia.

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Thilo Schäfer

Thilo Schäfer

1 comentario

  1. Charo San Román
    Charo San Román 09/02/2014, 17:11

    La culpa es del Ministerio de Justicia
    Señora Robles:
    Lamento decirle que tengo serias dudas de que mi PENOSA EXPERIENCIA CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, como la denominó un Juez valiente, que se atrevió a contradecir al CGPJ en una sentencia que fué confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, sea debida únicamente a la escasez de recursos materiales en las sedes judiciales
    Creo más bien que la Administración de Justicia, en su conjunto, y salvo honrosas excepciones, adolece de otro tipo de recursos más sutiles pero considerablemente más importantes que los materiales, cuya carencia podría paliarse si hubiera voluntad de defender LA JUSTICIA.
    Lamento también que el CGPJ del que usted forma parte, y que conoce sobradamente las innumerables irregularidades que denuncié tan pronto tuve constancia de ellas, consideró reiteradamente que mi penosa experiencia no era tal, que me quejaba de puro vicio… o que esas cosas me sucedían por no llegar a acuerdos con mi ex marido… o que desde pequeñitos teníamos que aprender a defendernos… Sin comentarios.
    Y consideró que en mis asuntos judiciales NO SE HABÍA PRODUCIDO ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA… y el Consejo de Estado no le enmendó la plana…, como tampoco lo hizo el Ministro de Justicia, que desestimó mi Recurso de Responsabilidad Patrimonial del Estado por Anormal Funcionamiento de la Administración de Justicia.
    Parece ser que los funcionarios que tenían que instruir ese expediente, TENÍAN ÓRDENES TAJANTES DE NO INFORMAR FAVORABLEMENTE los expedientes que no hubieran obtenido el placet de ambos Consejos. O sea que, ni miraban la ingente documentación que aportaba. Sin comentarios.
    Y, para completar el “todos a una” como Fuenteovejuna, el Ministerio Fiscal parece que tuviera por norma mirar hacia otro lado cuando se vulneran los derechos de los honrados españolitos de a pie, pero… cuando se trata de defender a poderosos de dudosa moralidad y/o de alta alcurnia, se erige en su más ardiente ABOGADO DEFENSOR
    Hasta el ICAM me amenazó con iniciar acciones legales si seguía denunciando a colegiados de más que dudosa honorabilidad.
    Seguí denunciando irregularidades judiciales, y pasada más de una década, esas acciones legales no se han producido, aunque sí me he enterado de otras menos legales que me han obligado a vivir errante y escondida desde el año 2002, cuando los insistentes “avisos” de que estaba en el punto de mira de algún que otro poderoso hacían peligrar mi vida.
    Desconozco si tales avisos tienen que ver con el ARSÉNICO que ha aparecido en mi organismo, y que sólo fue detectado, cuando ya me moría, por expertos profesionales en Argentina, país en el que solicité REFUGIO…, o dos inexplicables accidentes que sufrí al volante de mi coche… o la introducción bajo la puerta de mi vivienda de un potente pesticida… o los tornillos que aparecían sobre el asiento del conductor de mi coche cada dos por tres, y que, tal vez, se habrían caído de mi cabeza… hechos todos silenciados a pesar de mis reiteradas denuncias
    Pues bien, mientras me debatía entre la vida y la muerte en Buenos Aires, una Juez de Lérida, se empeñó en perjudicar aún más mis intereses (casi 18.000 euros) en una demanda interpuesta por mi abogado, CUATRO MESES DESPUÈS DE QUE YO SALIERA HUYENDO DE ESPAÑA, acompañada por dos personas, una de ellas médico, dado mi grave estado de salud.
    El Juzgado me denegó reiteradamente el derecho a declarar mediante exhorto internacional…, a través del Consulado en Buenos Aires… porque considera que me marché de España, repito, VARIOS MESES ANTES de interponerse la DEMANDA, cuando aún se estaba negociando un posible acuerdo con la otra parte… y, según el Juzgado, salí de España con el único fin de eludir la acción de “la justicia”… para después negarme a cruzar el Atlántico a fin de comparecer en el Juzgado tal y como exigía la parte demandada, que tenía un gran interés en conocerme personalmente. Sin comentarios.
    El Juzgado estaba para complacer a la parte demandada. ¿Por qué será?
    El Juzgado fue generoso con el delincuente, que, previamente había accedido a devolverme el dinero con la EXIGENCIA de que yo lo recibiera en efectivo=negro… en mi casa…, de manos del gerente de la empresa fabricante que viajaría desde Hungría a para hacerme el honor de presentarme a la firma un documento redactado por ellos, en inglés según el cual me comprometía a no hablar del asunto NEVER, NEVER, NEVER. Sin comentarios
    Casualmente???, un Inspector de los Servicios de Consumo de la Generalitat de Cataluña, fue a cometer perjurio en el acto del juicio, contradiciendo sus propias afirmaciones, que me había enviado por mail, y que obraban en autos. ¿Por qué será?
    Y a pesar de todo ello, se me condena en costas.
    Así es que no sólo pierdo los 18.000 euros en litigio, sino el costoso sistema de diagnóstico y terapia, que NO SIRVIÓ NI PARA LO UNO NI PARA LO OTRO, pues no supo detectar los venenos que llevaba en mi organismo…, que está en poder del Juzgado, y, parece ser, que si pretendo recogerlo y dejo pistas sobre mi paradero, podrían embargar mis bienes para pagar las costas. Increíble pero cierto.
    Así es que todos contentos, menos yo, que aún sigo esperando algún atisbo de JUSTICIA y respeto por mi derecho más fundamental: LA VIDA.
    Mientras, los órganos de control, que deberían evitar estos atropellos, consideran que esto es NORMAL, en España, claro está, que SIGUE SIENDO DIFERENTE, pero a peor
    ¿Considera usted que esta situación, y una larguísima serie de otras del mismo tenor, son consecuencia de la escasez de recursos materiales del Juzgado?
    Sinceramente, lo dudo
    Lamento también que mi delicada salud, consecuencia de mi azarosa vida y de los venenos con los que he convivido durante cuatro décadas, que ningún órgano jurisdiccional se tomó la molestia de investigar, sino de todo lo contrario, de cubrirlo de un tupido manto de silencio, y de intentar SILENCIARME, no hace aconsejable reescribir el relato de lo que yo denomino VEINTITANTOS AÑOS DE DIFAMACIÓN, INDEFENSIÓN, TORTURA, EXPOLIO y posible ENVENENAMIENTO CON LA BENDICIÓN DEL ESTADO DE DERECHO.
    Por lo que pongo a disposición del CGPJ del que forma parte, todos los documentos que acreditan mis duras palabras. aunque conoce sobradamente los hechos
    Y digo veintitantos años, porque comencé mi torturante recorrido por sedes judiciales en el año 1984 y aún no ha finalizado, pues me sobran los motivos para seguir pidiendo JUSTICIA.
    ¿Hasta cuándo?
    Saludos y SALUD

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