Versión íntegra de una entrevista que forma parte del dossier sobre el mal funcionamiento de la Justicia y las maniobras del Gobierno para controlar a los jueces en el número actual de la revista mensual de La Marea.
MADRID // La magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una de las voces más críticas con las reformas del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón dentro de la judicatura. Antes, Margarita Robles Fernández (León, 1957) había servido como subsecretaria de Justicia y secretaria de Estado de Interior en los gobiernos socialistas de Felipe González.
Los españoles consideran que la justicia en este país es injusta y lenta, según las encuestas.
Aquí hay dos temas. Primero, los jueces y segundo la administración de la justicia. Yo creo que la opinión pública sobre los jueces está cambiando mucho. En este momento los jueces españoles están siendo valorados muy positivamente porque están luchando contra la corrupción. También han sido pioneros en la lucha contra los desahucios y están teniendo mucho protagonismo en otros temas que afectan a los ciudadanos como las preferentes o las cláusulas abusivas. Creo que en estos momentos la percepción que hay es que los jueces están tutelando los derechos de la gente más desfavorecida socialmente, como muestra también el tema de la reforma laboral. La gente ve como la última confianza que tiene es acudir al juez. ¿Qué ocurre? Los medios que tienen los jueces son absolutamente limitados y por eso la justicia es lenta. La culpa es del Ministerio de Justicia que está haciendo reformas que limitan los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo no dan los medios suficientes a los jueces para que luchen contra la corrupción. El ministerio sabe que la situación está mal que faltan medios y que la justicia está colapsada y lo que hace es aprobar una ley de tasas judiciales que limita el acceso de los ciudadanos a la justicia de tal manera de si no tienes dinero no puedes acceder a la justicia. Por otro lado se está poniendo pegas a la actuación del juez.
¿Como la justicia es cara y lenta es muy difícil que un ciudadano normal pueda tener éxito en demandar a una gran empresa?
Puede hacerlo pero cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Hay un caso emblemático que es el del abogado de un ciudadano marroquí que logra que el Tribunal Europeo le de la razón en un caso de desahucio 14 anos después. Es verdad que ha perdido la casa y todo pero hay muchos casos de David contra Goliat. Ahora debes tener paciencia, tiempo y luego un abogado que tenga ganas de dar la batalla. Es difícil, porque un abogado de oficio te dirá que también tiene que vivir.
El Gobierno defiende las tasas judiciales diciendo que para la gente sin recursos está la defensa de oficio.
Es mentira. Primero, la defensa de oficio está muy mal pagada. Me constan casos de Canarias donde los abogados de oficio tuvieron que pagarse ellos mismo el viaje para ir de Lanzarote a Las Palmas. La historia es la de siempre. Si tu tienes mucho dinero no te importa pagar tasas y además puedes acudir a un gran bufete de abogados. La gente sin recursos tiene que recurrir a un abogado de oficio que muchas veces tiene que suplir la falta de medios que pone a su disposición el Ministerio de Justicia. Por ejemplo en el caso del Prestige había un abogado de oficio que defendía al capitán. Alguien cree que un abogado de oficio puede estar nueve meses en un juicio. Eso no es razonable. En este momento hay un maltrato de la justicia por parte del ministerio.
¿Si todos los abogados fueran de oficio se solucionaría el problema de la desigualdad?
No puede ser porque tu tienes derecho a elegir tu abogado. Es un principio básico en una democracia, es como el médico, puedes tener una sanidad pública estupenda pero nadie te puede obligar a acudir a ella si prefieres otro médico. La gente va al abogado que le da confianza.
¿Qué le parece la recomendación del comité de expertos de limitar la acusación popular?
Eso desde la perspectiva del Gobierno es lógico porque, en definitiva, en este momento el ministerio fiscal tiene una dependencia del Gobierno. Con la acusación popular al Gobierno se le escapa el control. Ya que puede darle instrucciones al fiscal, para el Gobierno es mucho más cómodo que solo pueda ejercer acusaciones el ministerio fiscal. En principio la fiscalía defiende la legalidad, pero el problema es que en apariencia –no digo que sea así- el Gobierno puede darle instrucciones a la fiscalía. Mientras esta apariencia o percepción de que el Gobierno siempre le diga al fiscal que tiene que hacer persista se generaría duda en el sistema de justicia.
Pero no es solo la percepción de la gente. En un informe reciente el consejo de Europa advirtió del peligro de la politización y falta de independencia de la Justicia en España.
Este informe pone clarísimamente de relieve lo que está pasando en el sistema judicial español. Una fiscalía aparentemente controlada por el Gobierno, un CGPJ que a consecuencia de las reformas de Gallardón ha quedado reducido a la mínima expresión y luego unos jueces trabajando con medios muy muy limitados. A veces se critica que los jueces tardan mucho en instruir casos de corrupción pero hay que ver que muchos veces cuando piden informes a organismos públicos estos no les contestan. O cuando piden comisiones rogatorias es imposible tramitarlo. El sistema está basado en poner todo tipo de pegas a los jueces cuando investigan casos de corrupción.
Algunos abogados se quejan de que los jueces tienen una proclividad excesiva decretar prisión preventiva. ¿Comparte esta opinión?
No estoy muy de acuerdo. Con los proceso penales siempre hay juicios paralelos. Una cosa es lo que hay en los papeles que tienen que estudiar los jueces y otra cosa es cómo se ve el caso desde fuera. En este país todos opinamos de todo. La opinión pública está muy dada a hacer juicios sobre las cosas y si alguien debería estar en libertad o en prisión. Hay que ver cada caso en concreto. A lo mejor puede parecer que la prisión preventiva es excesiva pero igual resulta que esta persona esta destruyendo pruebas. Es verdad que la prisión provisional tiene que ser una excepcionalidad pero es muy importante recordar –y a veces los abogados se olvidan- que los jueces solo pueden decretar la prisión provisional si una parte acusadora la pide. Los jueces por ellos solos no pueden decretar la prisión. Se cambió con la reforma del 1995. Antes los jueces sí podían decretar prisión sin que nadie lo pidiera.
¿Hay que reforma la figura del indulto?
Es una figura rara. Tendría que ser absolutamente excepcional pero en los últimos tiempos ha habido un abuso del indulto.
El Supremo, en enero, anuló el indulto al conductor kamikaze que mató una persona diciendo que no era suficientemente justificado. Pero entiendo que el Gobierno no está obligado a dar razones…
Es verdad que formalmente no hay ninguna obligación para explicar los indultos, pero cualquier acto del Gobierno debería conllevar una mínima explicación a los ciudadanos. Es verdad que la ley del indulto, que es de 1870, no lo exige pero en el año 2014 se puede esperar que el Gobierno no puede hacer lo que quiere sin dar explicaciones.Con la anulación del indulto en el caso del kamikaze, el TS deja claro que eso puede repetirse si no se explica bien la medida de gracia.
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