Más allá de aprobar anteproyectos como el de la reforma de la ley del aborto, que ha hecho que la frase “en solidaridad con las mujeres españolas” vuelva a oírse en capitales europeas y latinoamericanas, las cifras son elocuentes. Desde el primer día en que Mariano Rajoy presentó a los miembros de su Ejecutivo quedó claro que la igualdad no estaba en su agenda. Las mujeres del actual Gobierno sólo representan el 28,5% del total. Pero lo más grave es ver cómo se han ido recortando sistemáticamente las partidas destinadas a Igualdad en los dos últimos años.
En 2012, con los primeros presupuestos de la era Rajoy, descendió el dinero destinado a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en un 19,9% (la media del conjunto de los ministerios fue el 16,9%), y el de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, un 21,3%. El año siguiente aún fue peor. En 2013, las políticas de igualdad se recortaron un 24% respecto a 2012 (casi el triple de la media de los ministerios -8,9%-), y la lucha contra la violencia de género, el 7%.
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Desde 2011, las políticas de Igualdad han sufrido un recorte del 38,79%. En el mismo periodo de tiempo, el presupuesto destinado a combatir la violencia de género ha descendido en un 28% y el Instituto de la Mujer acumula un recorte del 34,2%. Del total del presupuesto en Igualdad para este año, el 33,13% está destinado a gastos de personal y el 39,58% a gasto corriente, por lo que sólo el 27,29% se dedica a actuaciones específicas. Los programas de Formación y Fomento de Empleo Femenino que llevaban a cabo las comunidades autónomas se han recortado en un 64,46% respecto a los presupuestos del año anterior y en un 97,02% en los últimos tres años. También se reducen este año en un 5,7% las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, lo que supone un ajuste total del 8,77% respecto a 2011.
En un amplio reportaje publicado en la revista de febrero de La Marea, la periodista Nuria Varela analiza con detalle todas esas políticas, así como las reformas que el Gobierno quiere que aparezcan como políticas “neutras”, pero que tienen un impacto directo sobre las mujeres.
Entre estas normas “sin impacto” destaca la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La norma amplía el período de prueba de tres a 12 meses, modifica el contrato a tiempo parcial, abarata el despido y facilita el descuelgue de los convenios colectivos (muchos de los cuales introducían mejoras en la conciliación de la vida familiar y laboral). La presencia de mujeres en la jornada a tiempo parcial es mayoritaria y, por ello, medidas como el contrato indefinido con periodo de prueba de un año, la regulación de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial o la distribución irregular de la jornada, afectan a su empleabilidad. A ello hay que unir la eliminación de la bonificación empresarial por maternidad.
Pérdida de empleo en sectores feminizados
Otra norma aparentemente neutra es el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que contemplaba, entre otras actuaciones, la aplicación de la tasa de reposición del 10% en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013. Los presupuestos para 2013 modificaron este Real Decreto estableciendo que, a lo largo de dicho año, no se procedería en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Medidas que, señalan desde CCOO, “están generando una pérdida de empleo en sectores claramente feminizados como la Enseñanza, la Sanidad o la Administración local. Sólo en el sector educativo, en un año se han perdido (tanto en lo público como en lo privado) más de 39.000 empleos, de los cuales el 70,25% correspondía a mujeres.
En los Presupuestos de 2012, el Estado reducía en un 42% su contribución al Plan Concertado de Servicios Sociales, pasando de 600.000 a 423.000 las personas con ayuda a domicilio. A ello se suma la suspensión en 2012 y 2013 de la atención a las personas con Dependencia Moderada, y la eliminación en los Presupuestos de 283 millones de euros que se transferían a las comunidades autónomas para residencias geriátricas y la organización administrativa del nivel acordado de la Ley de Dependencia.
Las consecuencias de estas políticas son más que evidentes. En 2010, España se encontraba en el puesto número 11 en el informe que elabora el Foro Económico Mundial sobre la brecha de género. En 2013, ya había descendido hasta el 30. Más lamentable aún es comprobar que en lo que respecta a la brecha salarial -la diferencia entre lo que cobran mujeres y hombres por el mismo trabajo-, España ocupa el puesto 116.
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