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miércoles 18 julio 2018

Sociedad

Clandestinas: cuando el aborto es un crimen

Cada dos días, una brasileña (pobre) muere por abortar de forma insegura, un problema de salud pública ligado con la criminalización de la interrupción del embarazo y la violación de los derechos de la mujer

02 enero 2014
14:26
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Clandestinas: cuando el aborto es un crimen

Por Andrea Dip // Sobre la mesa de madera delante de la puerta de una sala de tribunal Penal de São Paulo, reposa una lista de casos que serán juzgados por la tarde. En unos pocos minutos, será el turno de Martha, que podría ser absuelta o bien comparecer ante un jurado popular en el que puede afrontar una pena de hasta cuatro años de prisión, explica la abogada de oficio Juliana Belloque, que lleva este caso. La primera hoja del sumario dice que Marta “se provocó un aborto”, lo que basta para que sea condenada, ya que esta práctica es un delito en virtud del artículo 124 del Código Penal brasileño.

Pero si se sigue leyendo el archivo, se descubre que Martha tiene 37 años, es madre soltera de tres niños pequeños, de entre uno y seis años de edad, y que esta mujer viene de una historia de abandono por los padres de los niños (incluyendo el del embarazo que interrumpió). También que estaba en el paro en 2010 cuando,  en un acto de desesperación , compró un remedio abortivo a una prostituta por 250 reales brasileños (unos 76 euros), tomados de su única fuente de supervivencia, la pensión de su hija.

El sumario revela también que Marta es pobre, sólo completó el primer grado [ primaria], y que vivía con sus hijos en un suburbio de la ciudad de São Paulo, cuando, tres días después de haberse introducido la droga abortiva en la vagina (de forma incorrecta, pues no tenía a nadie que pudiera asesorarla sobre cómo se utilizaba el remedio), aún no había dejado de sangrar y de sentir dolores agudos, por lo que al final tuvo que acudir a las urgencias de un hospital público de su vecindario. El lector puede ahora sorprenderse o sentirse aliviado, en función de cuales sean sus creencias, al enterarse de que la médico que la atendió presentó inmediatamente una denuncia ante la Policía Militar a la que explicó que había retirado una ” masa amorfa” del vientre de la mujer, “probablemente” una placenta fruto de un aborto mal practicado.

“No hay pruebas de embarazo, lo único es este testimonio médico diciendo que se retiró una gran cantidad de masa amorfa que definió como placenta del útero de la mujer, que llegó al hospital con una hemorragia. Mientras que esta mujer estaba hospitalizada la doctora llamó a la policía militar, que aprovechó la circunstancia para entrar en su casa sin orden judicial y recoger una manta sucia y un cubo con sangre. No encontraron ningún medicamento abortivo y ni siquiera la caja del remedio, nada. Apenas una manta sucia y un cubo con sangre en una casa muy pobre. Sólo sobre eso se basó la investigación policial. Cuando Martha recibió el alta médica en el hospital, la llevaron a una comisaría donde hizo una confesión extrajudicial a un funcionario, pero esta mujer no ha sido nunca oída en un tribunal para confirmar o desmentir esta confesión”, resume la abogada.

Martha aceptó firmar la confesión para lograr la suspensión condicional del procedimiento judicial-una posibilidad prevista para las penas mínimas de hasta un año o si el acusado no tiene antecedentes penales- que paraliza el caso por un periodo de entre 2 y 4 años si el imputado cumple ciertas condiciones, como comparecer periódicamente ante el tribunal para informar si cambia de domicilio, demostrar que tiene un trabajo en regla o prestar servicios a la comunidad entre otros. Sin embargo, Martha no cumplió con estas condiciones y el proceso siguió su curso. La abogada dice que nunca ha visto a una mujer comparecer ante un jurado popular en las mismas circunstancias, pero que no es imposible.

La letrada explica que pretende demostrar al juez que el proceso está viciado por falta de pruebas ya que no hay feto, Martha nunca ha ofrecido un testimonio oficial ante el tribunal, la doctora que la denunció lo hizo rompiendo el deber de confidencialidad hacia sus pacientes, los registros se hicieron sin orden judicial y tampoco ningún médico forense examinó a la acusada.  “Las mujeres suelen firmar una confesión en estos casos porque llegan [a la policía] muy vulnerables y quieren poner fin a esa situación lo antes posible. Los casos a los que accedemos son muy similares: mujeres pobres y solteras con hijos, sin antecedentes penales, que se someten a un aborto inseguro en un momento de desesperación y luego son denunciadas por los trabajadores de los hospitales públicos. En estos casos no figuran los compañeros de estas mujeres ni sus nombres son mencionados en los procesos”, dice la abogada. Como Martha está en paradero desconocido, la audiencia estaba prevista sin su presencia, aunque al final no se celebró porque la médico que la denunció, la única testigo de la acusación, estaba de vacaciones.

Martha es sólo un número, un crimen que será juzgado en unos meses, pero también es una del millón de mujeres que, a pesar de la ley, la religión y sus convicciones personales, buscan cada año que se les practique un aborto ilegal en Brasil. Con suerte, escapará a la peor de las estadísticas: la de que esta práctica insegura mata a una mujer cada dos días en el país y es la quinta causa de muerte maternal.

Un millón de abortos ilegales y 250.000 ingresos hospitalarios por complicaciones

“Nosotros no clasificamos un fenómeno como un problema de salud pública si no cumple al menos con dos indicadores: en primer lugar, no puede ser algo que sucede raramente sino que tiene que acontecer en números que sirvan como advertencia. En segundo lugar, tiene que afectar a la salud de la población. En Brasil cumplimos con estos dos criterios sobre el aborto, aunque éste es un enfoque totalmente nuevo”, explica el obstetra y  ginecólogo representante del Grupo para el Estudio del Aborto (GEA ) Drezett Jefferson, quien desde hace más de diez años coordina un servicio de aborto legal en el país.

“Para contextualizar la actualidad sólo hay que considerar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 20 millones de abortos inseguros se practican cada año en el mundo. La OMS considera aborto inseguro cuando la interrupción del embarazo la practica un individuo sin la práctica, la habilidad y el conocimiento requerido, o bien en un ambiente sin condiciones higiénicas. El aborto inseguro tiene una estrecha asociación con la mortalidad femenina. Cerca de 70.000 mujeres fallecen cada año por esta práctica. Y resulta que estos 70.000 fallecimientos no se distribuyen democráticamente en el mundo, el 95 % de los abortos inseguros se producen en países en desarrollo, la mayoría con leyes restrictivas. En los países donde el aborto no es un crimen , como Holanda, España [Nota de La Marea: este reportaje fue publicado en Brasil antes de la aprobación de la reforma del aborto de Gallardón] y Alemania, se observa una tasa de mortalidad muy baja y una caída en el número de interrupciones del embarazo producto de una política de planificación familiar efectiva” .

Uruguay, que despenalizó el aborto en octubre de 2012 , también ha registrado un descenso muy significativo tanto del número de abortos realizados como de la mortalidad maternal.  Según cifras del gobierno uruguayo, entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, no se registró ninguna muerte materna como resultado de un aborto y el número de interrupciones del embarazo pasó de 33.000 anuales a 4.000. La razón es que, con la despenalización, las autoridades de ese país aplicaron políticas públicas en materia de educación sexual y  salud reproductiva, planificación familiar y uso de anticonceptivos, así como servicios de salud sexual y reproductiva.

Jefferson asegura que en la actualidad en Brasil se producen todavía cada año un millón de abortos y 250.000 ingresos hospitalarios para tratar las complicaciones. “Es el segundo procedimiento más común en los servicios de ginecología de los hospitales. Por eso sostengo que, si bien el aborto puede ser discutido bajo ópticas diversas, pues no hay consenso y nunca lo habrá porque hay un feto, no se puede negar que estamos ante un grave problema de salud pública y que la ley que prohíbe la práctica no ha impedido que las mujeres aborten pero sí ha demostrado ser muy eficaz para matar mujeres”.

Mujer pobre, riesgo multiplicado por mil

“El aborto no es un objetivo. Ninguna mujer se despierta un día y dice ‘Voy a quedarme embarazada de un canalla que me va a abandonar sólo para tener el placer de que me practiquen un aborto’. Las mujeres recurren al aborto para solucionar una situación extrema. Pero es importante decir que hay una diferencia entre clandestinidad y aborto inseguro. El aborto clandestino no es necesariamente peligroso. Cuando la mujer tiene dinero para pagar la intervención, puede ser realizado en clínicas clandestinas pero con todas las condiciones de higiene por médicos entrenados. Y la diferencia entre las probabilidades de morir en un aborto inseguro o sólo clandestino pero en buenas condiciones es de 1.000 veces. De esta manera, se termina creando una desigualdad social, porque las mujeres que tienen un buen nivel socioeconómico -las de los mejores barrios de la ciudad de São Paulo-, tienen acceso a clínicas clandestinas, que no son legales pero sí son seguras. Este tipo de aborto puede llegar a costar más de dos mil dólares, mientras que el aborto inseguro cuesta sólo 50 reales [alrededor de 15 euros]” dice el ginecólogo.

A pesar de las diferencias en el trato , la Encuesta Nacional de Aborto (PNA) , realizada en 2010 por Anis -Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, muestra que , a los 40 años , una de cada cinco mujeres brasileñas ha abortado al menos una vez. Y ese es el perfil medio de la mujer en la edad reproductiva. “No es ninguna sorpresa: mujeres de diferentes creencias y clases sociales corren riesgos porque la clandestinidad los conlleva. La diferencia radica, una vez más, en el hecho de que, cuanto más pobre es la mujer, más riesgo corre a causa de los métodos para abortar a los que tiene acceso”, explica la autora del estudio Deborah Diniz .

Esta lectura también se confirma en el informe realizado por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en colaboración con la organización internacional IPAS “Mujeres incriminadas por aborto no RJ: un diagnóstico a partir de los actores del sistema de Justicia” , que analizó los casos  de mujeres acusadas de abortar y entrevistó a magistrados, jueces, fiscales y agentes judiciales en general. El estudio llegó a la conclusión de que “es mucho más común que una mujer sea procesada por abortar cuando utiliza un método abortivo casero” (medicamentos que se obtienen en el mercado negro y otros métodos) que cuando se recurre a una clínica. Estos casos son precisamente aquellos en los que el procedimiento sale mal, (la mujer reacciona a la medicación ) y cae en el sistema de salud público, donde un funcionario (en algunos casos el médico que la atiende; en otros, un policía de servicio) la denuncia a la policía.

Este aspecto demuestra claramente el sesgo socioeconómico de este tipo de criminalización : la mayoría de las mujeres que utilizan los servicios de salud pública son pobres, muchas de ellas están desempleadas, o bien desempeñan ocupaciones de baja remuneración”. El informe también compara dos sentencias a dos mujeres diferentes: una de ellas de clase media, profesora, madre de dos hijos, detenida después de que se le practicara un aborto en una clínica ilegal, que salió en libertad bajo fianza tras pagar 300 reales, y otra mujer sola, prostituta, que apenas sabía leer y escribir y cuya fianza se elevó a 3.000 reales. “En general, el perfil de la mujer se repite: pobre, sin educación y residente en la periferia. Éste no es, sin embargo, el perfil de la mujer que se practica un aborto, sino sólo el de la mujer que es arrestada por tener un aborto. En ese aspecto, se percibe una gran diferencia pues el sistema sólo captura a aquellas mujeres que necesitan acudir al sistema de salud público. Las que encuentran soluciones privadas no se ven afectadas. Una imagen clara del sesgo socioeconómico” .

Abortos sin anestesia para dar una “lección”
Mariana tenía 20 años cuando llegó a la sala de urgencias de un hospital de su seguro médico privado en  São Paulo con un aborto involuntario y terminó siendo tratada como una criminal. “Estaba embarazada de dos meses, desperté una noche con un montón de calambres y sangrando y me llevaron al hospital. Aunque ya no estaba con el padre del bebé y mi familia me había dado la opción de abortar en una clínica, no consideré esa posibilidad a causa de mis creencias religiosas”.

“Una vez que llegué al hospital, sola, e informé a la recepcionista de lo que me estaba pasando, noté un cambio de tono. Me trató con desprecio e incluso teniendo una hemorragia tuve que esperar mucho más tiempo que los demás para ser atendida”. Mariana recuerda que cuando entró en la consulta, el doctor le preguntó si ella había provocado el aborto y, ante su negativa, siguió preguntando una y otra vez. “Antes de atenderme, me preguntó también muchas veces si había tomado alguna droga en esos días. Me dijo que tenía un aborto retenido y que padecía una grave infección en el útero. Estuve hospitalizada varios días en la planta de maternidad y cada vez que salía al pasillo en silla de ruedas, todas las madres , enfermeras y asistentes me miraban con reprobación. Yo estaba triste por haber perdido el bebé y encima tenía que pasar por eso sin haber tenido nada que ver”.

Aunque el Consejo Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP ) y el Consejo Federal de Medicina (CFM) han criticado varias veces las denuncias de mujeres que abortan por parte de los médicos y el Ministerio de Salud brasileño aprobó un reglamento que precisa que “Toda mujer que sufra un aborto, sea espontáneo o inseguro, tiene derecho a ser admitida y a  un trato digno en el Sistema Único de Salud” lo que se ve en los hospitales públicos y los convenios es lo que explica Mariana, o algo peor. “El número de mujeres que recurren al SUS para las complicaciones del aborto ha disminuido y no es debido a un descenso del número de abortos. Se debe a que los profesionales sanitarios reciben esta mujer con juicios morales, insultos o bien la dejan sangrando durante horas antes de ingresarla. A menudo le practican procedimientos sin anestesia “para que aprendan”, dice la socióloga integrante del Frente Integral contra la criminalización de las mujeres y por la legalización del aborto Dulce Xabier , que durante muchos años ha seguido estos casos.

“No tenemos una política de planificación familiar en Brasil, faltan condones en los centros de salud pública, muchos de los servicios  se encuentran en manos de organizaciones religiosas que se niegan a practicar la ligadura de trompas y a distribuir píldoras del día después -tanto que el presidente tuvo incluso que sancionar una ley que garantizara los derechos de la víctimas de violencia, norma que debería haber sido aprobada en la década de los 80, lo que provocó protestas- y encima, cuando una mujer se queda embarazada sin querer y aborta en un acto de desesperación, es discriminada por asistentes, enfermeras y médicos “, se lamenta.

El ginecólogo Drezett añade: “He trabajado durante 22 años como jefe del centro de atención telefónica obstétrica hospitalaria Eleonora Mendes de Barros y siempre preguntaba a los residentes qué conducta debían mantener si una mujer llegaba diciendo que había tenido un aborto. No tenían ninguna información al respecto. Los médicos no saben qué hacer. Muchos piensan que tienen el deber de notificar a la policía. No todos, pero todavía existen casos. Y hay algunos que practican procedimientos sin anestesia para que las mujeres aprendan que no tienen que volver a abortar. Piensan que de lo contrario se quedará embarazada cada dos por tres y luego acudirá para abortar. Este razonamiento sería ridículo si no fuera porque es patético. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? La falta de claridad en el reconocimiento del aborto como un problema de salud pública ” .

El trauma del aborto

Cansado de ser testigo de escenas como las descritas, el obstetra y ginecólogo Oswaldo Queiroz comenzó hace 18 años una labor de humanización de la atención post aborto en colaboración con la organización Ipas en la Maternidad Assis Chateaubriand ( MEAC ) en Fortaleza. “Nos dimos cuenta de que muchas veces la mujer es la enemiga de las mujeres. Una paciente llegaba sangrando y cuando la sanitaria que la atendía descubría que se trataba de un aborto ella misma rechazaba a esa pobre mujer a la que a veces se dejaba 4 o 6 horas esperando sin recibir atención. En 18 años de trabajo nunca he conocido a una mujer que quisiera abortar. Abortan porque están desesperadas, no saben utilizar los métodos anticonceptivos y a menudo no tienen orientación cuando su pareja, tras conocer su estado, desaparece. Y no ha habido ninguna que no haya llorado tras el aborto. No es una situación agradable para ellas”, dice.

Durante todo ese tiempo, las niñas y mujeres que han llegado a la maternidad con abortos con complicaciones son atendidas con prontitud. “Nadie pregunta si el aborto fue provocado o natural. Nosotros simplemente les proporcionamos atención a través de un equipo multidisciplinario que cuenta con un médico, una enfermera, un psicólogo y un trabajador social. Les hacemos un legrado, conversamos con ellas, fijamos una revisión y si quieren disponen de atención psicológica. Lo más importante es que estas mujeres y niñas salen de aquí con un método anticonceptivo, adecuado, prescrito y explicado en sus manos”, explica el doctor Oswaldo en una pequeña sala de urgencias. Recuerda que Ipas empezó a colaborar en este ámbito con hospitales públicos pero que los servicios fueron cerrando por la resistencia de los profesionales y los propios gestores .

El equipo de Oswaldo atiende a cerca de 100 mujeres al mes, incluyendo abortos provocados, espontáneos y de víctimas de violencia sexual. La edad promedio de los pacientes es de entre 16 y 24 años. “Son mujeres sin orientación, pobres, que ya tienen otros hijos y con compañeros que desaparecen cuando les dicen que están embarazadas. Cuántas pacientes llegan con infecciones, necesidad de ser hospitalizadas y perforación del útero, por lo que quedan estériles. Todo esto recae después sobre los hombros del contribuyente. Esto podría evitarse si Brasil tuviera una política de planificación familiar. Bajo mi punto de vista, cualquier centro de salud debería disponer de anticonceptivos, dispositivos intrauterinos y preservativos. Pero no es así. Yo mismo hago ese trabajo pidiendo personalmente donaciones a los laboratorios. Ya ve, si no hiciera yo ese trabajo, el servicio cerraría porque es una tarea en la que nadie quiere involucrarse”, se lamenta.

[Extracto de un amplio reportaje publicado originalmente en la Agencia Pública de Brasil]

 

 

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1 comentario

  1. ateo666666
    ateo666666 02/01/2014, 20:22

    ¿cuántas mujeres habrá que sacrificar ante el siempre intolerante y ávido de sangre diosecillo cristiano? http://diario-de-un-ateo.blogspot.com/2013/12/los-irrenunciables-principios-del-nuevo.html

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