MADRID// Los medios de comunicación han estado especialmente centrados en el proyecto para reformar la ley del sector eléctrico durante estos últimos meses. Una reforma que, según aseguran desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nace de la necesidad de reducir el déficit de tarifa que asciende a casi 30.000 millones de euros. Un desequilibrio insostenible, aseveran, entre lo que cuesta generar electricidad y los beneficios que se obtienen de esta producción, y que muchos achacan a las primas de fomento que reciben las energías renovables.
Las últimas noticias relacionadas con este proyecto versan sobre la decisión emanada del Tribunal Supremo respecto a quién debe financiar esta deuda. Ya en enero de este año, la Audiencia Nacional dictaminó que debían ser las grandes eléctricas quienes debían hacerse cargo del déficit. Gas Natural y Endesa recurrieron esta sentencia, que ahora ha ratificado el Alto Tribunal sobre la base de que son las principales protagonistas del sistema y que representan casi la totalidad del sector. «La razón por la que se ha impuesto la obligación a unos grupos de empresas y no a otros (…) es sencillamente la de que son las principales del sector eléctrico“, señala la sentencia, que añade que es el mismo motivo por el que se les reconoció el derecho a percibir la compensación por los costes de transición a la competencia.
Al margen de este nuevo giro, positivo para los usuarios porque implica que no serán ellos quienes asuman esta deuda, la norma pretende evitar que se sigan produciendo desequilibrios en el sistema, para lo cual se asienta en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, los recortes retroactivos sobre el parque renovable existente. Esta medida, según el responsable de servicios al socio de la cooperativa comercializadora de energía renovable Som Energia, Marc Roselló, genera una incertidumbre absoluta respecto a la política energética. “Está claro que quieren beneficiar a las grandes eléctricas pero no establece un marco definido, sea malo o bueno, que permita situar al sector de las renovables y saber por dónde movernos». Esta inseguridad genera un “parón absoluto porque nadie se atreve a mover un dedo y cada vez va a peor. Esto es lo más grave en cuanto a pensar en desarrollar nuevos proyectos relacionados con energías limpias“.
De hecho, al menos dos inversores internacionales, RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure II Lux por un lado, y Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar BV por otro, han demandado a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que media en los conflictos contra los diferentes países para la protección de las inversiones. Ambas empresas habían invertido en centrales termosolares sobre la base de una determinada rentabilidad asociada a las primas de las renovables establecidas por ley, y ambas demandas se basan en que estas nuevas medidas retroactivas que propone el Ministerio de Energía vulneran la seguridad jurídica de sus inversiones.
En segundo lugar, esta norma limita casi de forma definitiva que los consumidores puedan tener un sistema propio para generar energía. El primer aspecto que sorprendió cuando salió a la luz esta propuesta de ley fue que no regula el mecanismo de autoconsumo con balance neto. Actualmente, está establecido que el consumidor utilice la energía en el momento que la produce. Sin embargo, es durante las horas centrales del día cuando más electricidad general las fotovoltaicas y cuando menos se consume porque la gente no está en casa. Lo que permite el balance neto es una especie de intercambio, es decir, que el usuario pueda volcar a la red la energía que produce mientras no está en casa y sacar de ella lo que necesite cuando vuelva. De esta manera, no solo se abaratan los costes de producción, sino que se evita desperdiciar la energía producida.
A la ausencia del balance neto hay que añadirle que la nueva norma penaliza a aquellos que quieran instalarse paneles fotovoltaicos para generar su propia energía. Además de imponer una tramitación excesiva que dificulta su implantación y su desarrollo, la ley establece un peaje de respaldo, conocido como “impuesto al sol“, que asciende a alrededor de 130 euros anuales, casi el 40% del ahorro que supone el autoconsumo.
Finalmente, la reforma del sector eléctrico que aun se está debatiendo, prevé un aumento del término fijo de la factura de la luz. Esta parte fija contiene, básicamente, los costes de producción del sistema y se establece en función de la potencia contratada. En la parte variable de la factura, por otro lado, se cobra en función de la energía consumida. La coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, patrona de la Fundación Renovables y miembro de ecooo, Cote Romero explica que “la reforma incrementa la parte fija en un 63% para la gran mayoría de los consumidores domésticos». Una propuesta que penaliza el ahorro energético y garantiza los beneficios de las grandes eléctricas.
Otros acontecimientos destacables
Este anteproyecto de ley no es el único acontecimiento destacable que ha tenido lugar relacionados con el sector energético durante 2013. Cote Romero ha hecho un repaso por este año para La Marea en el que incluye otros hechos reseñables. El primero, que tuvo lugar el pasado mes de julio, es el cierre de la central nuclear Santa María de Garoña, propiedad de Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Romero explica que el Gobierno trató de mantener abierta esta central, “la más antigua y obsoleta del Estado (con un reactor del mismo tipo que el número 1 de Fukushima)“. Esta situación, según la patrona de la Fundación Renovables, “llegó incluso a poner al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en una posición incómoda», ya que se le pedía que elaborase un informe sobre la posibilidad de continuar abierta Garoña “en un plazo imposible para este tipo de trámites, en palabras del propio consejo».
Finalmente, la empresa decidió cerrar la instalación por motivos económicos, tal y como aseveraron desde Nuclenor mediante un comunicado. Y es que, según afirma Romero, “a raíz del desastre de Fukushima, los criterios de seguridad para continuar prestando el servicio“ se volvieron más exigentes, lo que supone realizar nuevas inversiones que se adapten a ellos. “El grado de deterioro de Garoña es de tal magnitud –señala Romero- que económicamente no era rentable realizar las inversiones necesarias para mantenerla abierta». A pesar de este pequeño revés, las eléctricas continúan presionando al Gobierno para ampliar a 60 años el plazo de funcionamiento de las nucleares “y poder así seguir exprimiendo del mercado eléctrico las onerosas sobre-retribuciones que obtienen estas plantas, ya que, aunque están amortizadas, cobran la electricidad a precio de gas o fuel».
Otro hecho destacado de 2013 está relacionado con la Plataforma Castor. Las inyecciones de gas en los depósitos submarinos que esta plataforma realizó en el Delta del Ebro provocó más de 500 movimientos sísmicos entre el 8 de septiembre y el 5 de octubre de este año. Cote Romero ha considerado que es relevante ya que, asevera, “pone de manifiesto cómo la actividad humana ligada a este tipo de actuaciones, muy parecidas a las operaciones de fracturación hidráulica (fracking), generan riesgos a menudo inasumibles para la población. También es una demostración más de la complejidad y los impactos económicos, sociales y ambientales de un modelo energético basado en el consumo desmesurado y las energías fósiles“.
La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia gallego sobre el desastre del Prestige otro de los acontecimientos señalados respecto al sector energético. Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2002, cuando un navío monocasco con 77.000 toneladas de fueloil se partió por la mitad frente a Muxia, en la Costa da Morte. Su marea negra se extendió a lo largo 2.980 km de litoral y afectó a 1.037 playas. “Once años después –lamenta Romero- se ha puesto de manifiesto que los estragos del Prestige no solo alcanzaron al medioambiente, sino también a la Justicia. Es evidente la total impunidad con que opera la gran industria de los hidrocarburos, después de que se publicara el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que resolvió no declarar culpable alguno del mayor desastre ambiental vivido en nuestro país“.
Pero en medio de este preocupante panorama hay una noticia positiva, que está relacionada con los pasos que se han dado para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Se trata de la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013, que impone la obligación de obtener la calificación energética para todos los inmuebles que se alquilen o se vendan; la Ley 8/2013 de Rehabilitación, regeneración y renovación o que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA) disponga de fondos para mejorar la eficiencia energética en hoteles y comunidades de vecinos.
Además, el Ministerio de Fomento ha promulgado una orden que actualiza el Código Técnico de la Edificación (CTE) para priorizar la eficiencia energética y la mayor utilización de energías renovables en la edificación, mediante la que reconoce sus beneficios para reducir la dependencia energética y las emisiones de CO2.
“Esta regulación viene impuesta por la UE –destaca Romero- y aunque ha llegado tarde, es un avance importante, puesto que la propia Comisión Europea estima que el 40% de la energía que se consume en nuestro continente tiene lugar en los edificios y que hay un potencial muy importante para su reducción“. Y aunque este avance resulte muy positivo para el sector de las renovables, Cote Romero ha querido advertir que “la buena orientación del Ministerio de Fomento entra en contradicción con el desincentivo de facto a las medidas de ahorro que pretende el Ministerio de Industria, presionado por el sector del gas para rentabilizar sus ruinosas inversiones“.
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