Un aumento de un 1 a un 1,5% el PIB es lo que promete el Ministerio de Industria, Energía y Turismo si la banda ancha de Internet se expande un 10% más en España. Ésta es una de las abultadas promesas con las que el Gobierno justifica económicamente la nueva ley de telecomunicaciones, que llega este jueves al Congreso y que supone prácticamente la liberalización absoluta del sector.
En la documentación aportada por los promotores de la norma, donde se ensalzan los beneficios económicos y sociales de la implantación de la alta velocidad, se incluyen estudios elaborados por Ericsson, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo. En el informe Analizando el efecto de la banda ancha en el PIB, la multinacional sueca asegura que si se dobla la velocidad de la banda ancha el PIB podría crecer un 0,3% adicional y que todas estas mejoras se distribuirán mucho más rápido por aquellos países “con una economía más competitiva y con un mercado de trabajo flexible”.
De este modo, Ericsson es en este proceso juez y parte. Es la encargada de sustentar la justificación científico-ideológica para la nueva ley, se lanza también a proponer medidas que le son claramente favorables y, por último, espera los beneficios que el nuevo marco le ofrecerá cuando la norma entre en vigor.
La ley, además de partir de las premisas de las multinacionales del sector, guarda también bastante sintonía con las propuestas que la CEOE presenta en materia de telecomunicaciones. La patronal plantea en materia de infraestructuras la necesidad de “facilitar el despliegue de redes”, “promover un acuerdo en los diferentes niveles de la Administración Pública (local, autonómico y estatal)” y “definir un marco que permita la rentabilidad adecuada a la inversión”, además de fomentar la competencia con la mejora de la información que tiene el usuario del servicio.
Por su parte, la ley que se presenta este juves ante el Parlamento dispone, casi con las mismas palabras:
- Facilitar el despliegue de redes, permitiendo que los operadores utilicen las canalizaciones ya existentes, tanto públicas como privadas para lanzar sus nuevas redes para minimizar el coste de la inversión
- Recuperar la unidad de mercado, para que las diferentes normas regionales y locales no entorpezcan la actuación de los operadores
- Eliminar o reducir las cargas administrativas a los operadores. Las licencias urbanísticas y medioambientales dejan de ser necesarias y se sustituyen por declaraciones responsables
- Impulsar la competencia para mejorar los servicios a los usuarios, aumentando los controles y las sanciones ante posibles infracciones de los operadores
Con estas medidas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pretende que los usuarios opten a redes de telecomunicaciones mucho más rápidas y sobre todo a un coste menor. Este objetivo también se esperaba con la privatización en 1998 del monopolio estatal de Telefónica pero en realidad la empresa siguió actuando como monopolio en lo que respecta a la red, con la diferencia de que después de la reforma los beneficios que suponía esa posición eran privatizados.
Posibles incidencias
En lo que respecta a los beneficios que este nuevo panorama supondrá a la economía española en general, el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Palazuelos se muestra reticente. “Hacer afirmaciones del tipo ‘si subo este factor, sube tanto el PIB mecánicamente’, es una simplificación y una deformación de cómo funciona el PIB”, asegura el académico. Para Palazuelos, el PIB «depende de muchos factores como para poder hacer una relación directa entre el cambio de una variable, como pueden ser las TIC, y su crecimiento. Por ejemplo, si a la vez que aumenta la incidencia de la banda ancha se tiene que pagar la deuda y sus intereses, y a la vez se producen recortes presupuestarios, etcétera, es difícil que el PIB crezca”.
Además de la dificultad de asumir estas relaciones directas, el profesor de la Universidad Complutense hace referencia al caso concreto de Estados Unidos, donde tanto la incidencia de las TIC como los estudios que la han medido son más amplios, para desmentir que las TIC por si mismas sean un trampolín para el crecimiento de la economía. “En Estados Unidos podemos observar como la explosión del uso de las TIC supuso la creación y crecimiento del sector que las produce. Sí se ve ahí una relación directa, pero lo que los estudios no han sido capaces de demostrar, lo que queda más difuso, es que los beneficios de las TIC se hayan expandido al resto de la economía, por la dificultar de aislar su incidencia de la de otros factores”, concluyó el académico.
«Mitos ecológicos»
Los documentos que el Ministerio de Industria usa para justificar su ley muestran que los beneficios económicos no son los únicos que auguran. Además, estos estudios aseguran que aumentar la extensión y la velocidad de la banda ancha da lugar a mejores relaciones sociales, mejoran la educación, la calidad de vida y contribuyen al cuidado del medioambiente gracias a la desmaterialización de procesos (videoconferencias en lugar de viajes, visores digitales en lugar del papel, etc.) y a nuevos sistemas inteligentes que pueden regular el gasto energético de casas y oficinas.
Para el equipo de Fuhem Ecosocial afirmaciones como éstas “no son más que los mitos ecológicos que tienen las TIC, que no tienen en cuenta, por ejemplo, que para hacer uso de la banda ancha hay que utilizar ordenadores, un artilugio muy difícil de reciclar ya que los componentes se diseñan para ser útiles sólo en un modelo y no se permite el intercambio”. Santiago Álvarez, director de Fuhem, hace referencia también a la posibilidad de que con las TIC, igual que con otros avances tecnológicos, aparezca el conocido como efecto rebote o paradoja de Jevons, que consiste en que el teórico ahorro de recursos que permiten las nuevas tecnologías se vea sobrepasado por el aumento exponencial de su uso, lo que supondría finalmente un mayor consumo de recursos.
Según el Gobierno esta ley está en concordancia de los planes de la Agenda Digital para España, que tiene como objetivo que en 2020 todos los hogares de España tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha superiores a los 30 megas por segundo. Para llegar hasta ahí, en España es necesario realizar una inversión de 25.000 millones de euros en los seis años restantes, inversión que el Ministerio de Industria no ha aclarado si debe corresponder exclusivamente a las empresas de telecomunicación, al Estado o a una contribución de ambos actores. Redtel, la asociación de operadores de telecomunicaciones (en la que de nuevo aparece Ericsson), asume como propia esta inversión pero destaca la necesidad de que las administraciones fomenten el mercado único, impulsen la demanda y reduzcan los impuestos que las gravan, sobre todo a nivel local.
Quién será el encargado de la gran inversión que requiere los objetivos de la Agenda Digital no es el único interrogante que queda abierto. La verdadera incidencia de las TIC en la economía española también queda en el aire, mientras que está por ver el papel que juega Telefónica como gigante de las telecomunicaciones en España y en el exterior frente a la posibilidad de aumentar la competencia en su sector.
