Un juez decidirá hoy sobre el desalojo de Ofelia Nieto

MADRID // Este miércoles, probablemente, será uno de los días más importante para la familia Gracia González. Tendrá la posibilidad de que el tribunal del juzgado número 13 de lo Contencioso Administrativo de Madrid escuche sus peticiones y declare nulo el proceso de desahucio administrativo dictado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital española.

La lucha de las tres familias que residen en Ofelia Nieto, 29 contra el Ayuntamiento comenzó en 2004, cuando el consistorio aprobó un plan urbanístico de remodelación, que consiste en sustituir las viviendas unifamiliares típicas de la zona cercana a la parada de metro Francos Rodríguez por bloques de pisos. Aunque les fue comunicado el año pasado, las escrituras de la casa están a nombre del Ayuntamiento desde el año 2010, fruto de la expropiación que pesa sobre la casa de los Gracia González.

Llevan desde ese momento intentando frenar por vía legal la orden de derribo que pesa sobre su vivienda, aunque no existe todavía una sentencia en firme que los obligue a marcharse de su casa, dividida en tres viviendas separadas en las que viven el matrimonio y sus dos hijas con sus familias.

Ya en septiembre del pasado año varios funcionarios de Urbanismo se presentaron en la puerta de Ofelia Nieto para comunicarles que debían irse. Sin embargo, al no tener una orden judicial que avalara su petición, los Gracia González se negaron. Este hecho fue lo que hizo que Ángeles, una de las víctimas, pidiera ayuda a la Asamblea de Tetuán. Una decisión que, probablemente, fue determinante para que continúen viviendo en la que lleva siendo su casa desde los años 60.

Permiso judicial

El Ayuntamiento había conseguido este verano un permiso del juez que le daba derecho a derribar la vivienda, aun cuando no había una sentencia en firme que hubiera avalado que el consistorio era el legítimo propietario del inmueble. La comunicación del derribo inminente por parte del ente público generó un apoyo masivo por parte de activistas y vecinos de la familia Gracia González, que se tradujo en 15 días de permanente vigilancia, desde la propia vivienda y desde las calles, con el fin de evitar que la orden se llevara a cabo.

Conseguirlo gracias al apoyo popular fue una de las primeras victorias que se vivieron en Ofelia Nieto, aunque de sabor agridulce, ya que la mañana del 29 de agosto, fecha en la que ya no era legal derribar la vivienda, se enteraron de que el consistorio había solicitado una prórroga del permiso para echarla abajo. Tuvieron que pasar alrededor de 10 días para que se conociera la noticia de que el juez Carlos Gómez Iglesias les había denegado la solicitud. Según explicaba el magistrado en la resolución, “no corresponde a este órgano judicial la labor de remediar la inoperancia de la Administración solicitante de la autorización para llevar a efecto sus propios actos y resoluciones, al estar dotada de medios materiales y personales suficientes para efectuarlo, dentro del plazo, más que razonable, concedido para ello”.

La familia Gracia González volverá de nuevo este miércoles a los juzgados para tratar de dar un paso más en la defensa de su derecho a permanecer en Ofelia Nieto, 29, su hogar. Una casa que, según explicó otra de las afectadas, Luisa, a lamarea.com, “lo significa todo para nosotros. No sé si mi hermana y yo saldríamos adelante si consiguen echarnos. Lo que sí que tengo claro es que si obligan a mis padres a irse de aquí, se morirían“. Una nueva batalla en la que, como siempre durante todo este proceso, no pelearán solos. Los activistas de la Asamblea de Tetuán, así como todo aquel que se solidarice con ellos, les acompañarán en el empeño.