El Tribunal de Estrasburgo paraliza el desalojo de un bloque ocupado por la PAH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado la suspensión temporal del desalojo del bloque ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Salt (Girona). El tribunal insta a las autoridades españolas a garantizar el derecho a la vivienda de las 16 familias que viven en el edificio ocupado y suspende el desalojo hasta el 29 de octubre. La justicia europea da así la razón a la PAH, como lo hiciera con la sentencia que abría la puerta a paralizar desahucios en el caso de existir cláusulas abusivas en las hipotecas.

La noticia llegó en forma de fax a última hora del martes al despacho del abogado de la PAH Benet Salellas, pero no se conoció en el bloque hasta pasadas las ocho de la mañana. La suspensión del desalojo ha hecho estallar de júbilo a las centenares de personas que habían pasado la noche en el bloque ocupado y el edificio colindante abierto por la PAH para acogerlas. Bomberos de toda Cataluña, PAHs de todo el Estado, activistas, músicos e incluso diputados se habían acercado a Salt para detener el desalojo ordenado para este miércoles por el juez a instancias de la SAREB (conocida como banco malo).

“Estamos muy contentos, el tribunal de DDHH demuestra que las autoridades españolas no estaban haciendo lo que tenían que hacer. La sentencia vuelve a demostrar la inoperancia de la Justicia y el Gobierno español”, expresa Pau Llonch, portavoz de la PAH. “Es una victoria enorme que nos da un pequeño descanso y más margen para negociar con la SAREB para llegar a una solución consensuada que permita poner los pisos en régimen de alquiler social”, añade.

Quince viviendas vacías

El bloque fue ocupado hace siete meses por la Plataforma. Es uno de los 13 que la plataforma ha recuperado en Cataluña para destinarlos a familias desahuciadas y se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda. Y es que el edificio de 15 viviendas, que acoge a 43 personas (entre ellas 21 menores), era originariamente propiedad del Banco Mare Nostrum, pero actualmente pertenece a la SAREB, que absorbió el inmueble después del rescate de la entidad financiera. Quince viviendas que forman parte de las cerca de 80.000 que las entidades rescatadas traspasaron a la SAREB como “activos tóxicos”, y que restan vacías.

El inminente desalojo había generado un gran movimiento de solidaridad y durante este martes una multitud se desplazó hacia Salt. Solo desde Sabadell (Barcelona) salieron hacia allí dos autocares, y también desde Barcelona, Terrassa y Manresa. Durante el martes por la tarde se llevaron a cabo actividades y conciertos de apoyo al bloque, en los que actuaron el grupo catalán Gossos, Feliu Ventura, Amparo Sánchez (Amparanoia) y Lágrimas de sangre.

Las negociaciones emprendidas por la PAH tanto con la SAREB como con la Generalitat no habían dado los frutos esperados. “Desde el bloque se ha intentado negociar con la SAREB un alquiler social para las personas que lo habitan, instando también al Ayuntamiento de Girona y de Salt a interceder en la negociación. La SAREB ha respondido solicitando la orden de desalojo del bloque”, había informado la PAH.

Varios diputados instaban a desobedecer

Varios partidos catalanes también habían dado su apoyo al bloque. A principios de octubre, 37 diputados del Parlament de Catalunya de ICV-EUiA, ERC, las CUP y uno del PSC firmaron una solicitud dirigida al conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, instándolo a desobedecer la orden de desahucio y a no movilizar a los Mossos d’Esquadra para llevarlo a cabo. Espadaler se negó a desobedecer el dictamen judicial.

La presión ejercida por la plataforma forzó a la Agencia de la Vivienda de Cataluña a solicitar el pasado viernes un aplazamiento del desalojo para encontrar una alternativa de vivienda para las personas que habitan en el bloque, una petición que también remitió al juzgado la PAH, pero que fue desestimada este lunes. El Tribunal europeo ha tenido en cuenta también la petición de la Agencia de Vivienda de Cataluña y da de plazo hasta el 24 de octubre al Gobierno para que acredite qué medidas ha adoptado para proteger a las familias que viven en el bloque.

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