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“Aborto libre. Nosotras decidimos”. Podría ser el lema de una de las pancartas que encabezaron las manifestaciones y protestas a finales de los años 70 y principios de los 80 en el estado español, pero se trata del eslogan unitario bajo el que el Movimiento Feminista de Madrid saldrá a las calles del centro de la ciudad el próximo viernes.

La primera regulación de la interrupción voluntaria del embarazo tras el duro “tiempo de silencio” experimentado por toda la sociedad española y, de forma muy contundente, por las mujeres y su sexualidad, se produjo en 1985. Recordemos que hasta octubre de 1978 suponía un delito castigado con arresto o multa la mera información sobre cualquier método anticonceptivo. Las cifras sobre abortos clandestinos y mujeres muertas como consecuencia directa de los mismos era en esa época escalofriantes. Según los propios datos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en 1974 se produjeron 300.000 abortos y 3.000 mujeres perdieron la vida sobre como consecuencia de las penosas condiciones y ausencia total de higiene y seguridad en las que se realizaban estos.

A pesar de esta sangría, la cuestión del aborto se seguía dirimiendo en el ámbito privado. Las mujeres acomodadas viajaban a Londres o a Portugal y las pobres recurrían a métodos como el famoso perejil y otros muchos hierbas y mejunjes caseros con los que ponían en grave riesgo su salud. Fue necesario que el gobierno sentase en el banquillo en 1979 a 10 mujeres y 1 hombre (“las 11 de Bilbao”), a quienes consideraba culpables del delito de aborto para que el debate alcanzase a toda la sociedad. Los actos, manifestaciones y muestras de solidaridad se multiplican y estrategias posteriormente utilizadas con éxito, como las autoinculpaciones, consiguen la adhesión de figuras públicas.

En los primeros años de la década de los 80, la reivindicación de la legalización del aborto es uno de los puntos centrales en la incipiente y amplia agenda feminista. En 1983 el gobierno socialista presenta un proyecto de ley que no satisface al movimiento feminista, ya que mantiene la interrupción voluntaria del embarazo tipificado como un delito dentro del código penal y no garantiza su realización en la sanidad pública, y genera un rechazo absoluto en las filas de Alianza Popular, que presentan un recurso de inconstitucionalidad. Finalmente, en abril de 1985 el Tribunal Constitucional dicta una sentencia positiva a la ley y en julio entra en vigor la despenalización parcial del aborto.

Con el despegue de la cooperación internacional durante la década de los 90, parecía que el concepto de derechos sexuales y reproductivos, que institucionaliza la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas en 1994 en El Cairo, se reservaba para hablar de países pobres. Actualmente, y a través principalmente de los movimientos feministas de América Latina y Caribe, se está recuperando su uso en un sentido integral también en el estado.

Las últimas reformas del gobierno del PP que afectan a los derechos reproductivos suponen un fuerte retroceso en un logro precario y parcial. Por un lado, la regulación del acceso a la reproducción asistida en la red sanitaria pública, anunciada por Ana Mato, inicialmente excluía a todas las mujeres que no estuviesen acompañadas por un varón en su búsqueda (infructuosa) de la maternidad. Por otro, el ministro Alberto Ruiz Gallardón parece empeñado en llevar a cabo un plan por el que todas las mujeres que se queden embarazadas están obligadas a ser madres.

La modificación de la legislación vigente implicaría un grave empeoramiento de una situación que, a pesar de los avances que supuso la regulación de 2010 (la conocida entre ciertos sectores como Ley Aído), dista mucho de ser ideal. Uno de los mitos más extendidos es que “el aborto es legal”, pero, en el caso de no cumplir con los plazos y formas administrativas establecidas, puede suponer un delito. Uno de estos trámites formales consiste en la entrega de un sobre con información que, en la práctica y en la mayoría de comunidades gobernadas por el Partido Popular, se reduce a folletos de organizaciones religiosas que animan a continuar con ese embarazo no deseado con la promesa de ayudas caritativas.

Otro de los mitos más extendidos y espoleados por los grupos antielección se puede resumir en esta imagen: chica de 16 años abortando en avanzado estado de gestación y a espaldas de sus padres. Sin embargo, las estadísticas oficiales ofrecen una imagen bien distinta. En 2011, las mujeres de entre 20 y 34 años supusieron un 67% de las que se practicaron una interrupción voluntaria de su embarazo y más del 88% lo hicieron en las primeras 12 semanas, porcentaje que se amplía hasta más del 95% en las primeras 14.

El derecho al aborto, esto es, a la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo y su vida, y la plena consecución de los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo, 35 años después, un logro pendiente para la sociedad española. Pero los cambios legislativos no son concesiones de gobiernos concienciados sino fruto de la lucha por parte del feminismo. Por eso, con motivo de la celebración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, en la España del año 2013 sigue siendo necesario salir a la calle para defender tanto el derecho a interrumpir un embarazo no deseado como a ejercer una maternidad buscada.