MADRID // El presidente de la Corte Constitucional egipcia, Adly Mansur, ha jurado esta mañana su cargo de presidente interino en un Egipto de nuevo sometido al poder de un Ejército que ayer derrocó a un jefe de Estado elegido democráticamente, el islamista Mohamed Morsi, en medio del júbilo de buena parte de la población que espera una nueva transición mientras la que se inicio hace dos años naufraga.
El golpe de Estado ha llegado tras 18 días de protestas protagonizadas por un pueblo decepcionado por la deriva autoritaria del gobierno islamista, su incapacidad para mejorar la terrible situación económica del país y la sensación de que la revolución del 25 de enero de 2011 les ha sido arrebatada. En estas algo más de dos semanas, medio centenar de ciudadanos del país del Nilo han muerto en las protestas.
Los egipcios que ayer se fotografiaban entusiastas con los soldados y aclamaban el sobrevuelo de los helicópteros del Ejército sobre la emblemática plaza Tahrir han depositado ahora sus esperanzas en lo que parece una paradoja: que las fuerzas armadas del país, la misma institución que durante más de medio siglo dirigió con mano de hierro sus destinos, sean quienes les devuelvan la revolución que culminó con el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak- él mismo un exmilitar- el 11 de febrero de 2011.
Mientras Adli Mansour -un gran desconocido para la población, que ocupó cargos de responsabilidad en el poder judicial durante el régimen de Mubarak- juraba su cargo, el presidente derrocado, Mohamed Morsi, seguía retenido en manos de los militares en el Ministerio de Defensa, según AFP. El Ejército ha emitido también al menos 300 órdenes de detención contra dirigentes del movimiento de los Hermanos Musulmanes, en un intento de descabezar el liderazgo de la organización. Fuentes judiciales y militares citadas por Reuters confirmaron que entre esas órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía egipcia se encuentran las del líder del movimiento islamista, Mohamed Badie, y su número dos, Jairat al Shater.
El futuro de Egipto es ahora mismo muy incierto. Pese a las promesas de Abdul Fattah Al Sisi, comandante en jefe de las fuerzas armadas egipcias, de que este período desembocará en unas nuevas elecciones, algunos analistas han expresado el temor de que los militares hayan simplemente aprovechado el descontento popular para volver al poder que detentaban antes y durante el régimen de Mubarak. La decisión de acabar con un gobierno cada vez mas impopular pero elegido en las urnas por la vía de la asonada militar no apunta a una voluntad de respetar los mecanismos ni las instituciones de la democracia.
La división de la oposición egipcia no prefigura tampoco un poder civil que sea capaz de poner freno a las derivas a un Ejército acostumbrado a dirigir el país durante más de medio siglo. De momento, el llamado Frente de Salvación Nacional (integrado por partidos tradicionales, por formaciones surgidas tras la revolución y por sindicatos y asociaciones juveniles) se apresta a confiar en que los militares golpistas permitan que se concreten sus principales demandas, tal y como demuestran las declaraciones de uno de sus líderes, Mohamed El Baradei, que ha participado en la hoja de ruta para el país pactada con los militares.
Entre estas demandas, se encontraba una ya adoptada ayer: la derogación de la Constitución. Otras dos exigencias de este frente son la anulación del decreto presidencial del pasado 22 de noviembre, que otorgó a Morsi inmunidad y discrecionalidad absoluta para algo tan ambiguo como «proteger los objetivos de la revolución», así como la puesta en marcha de una nueva Asamblea Constituyente.
Un golpe bien preparado
El corresponsal de la BBC en Oriente Próximo, Jeremy Bowen, resaltaba hoy cómo el golpe militar obedece a un plan bien estructurado de los militares para desalojar a los Hermanos Musulmanes (conocidos como Ijwan -hermanos- en Egipto) del poder, con la evidente tolerancia de Washington, que no ha condenado el golpe. Una portavoz del Departamento de Estado se limitó ayer a llamar a la calma y a precisar que su país «no tomaba partido por ninguno de los bandos», una declaración llamativa tratándose de unas autoridades que fueron elegidas democráticamente.
El ejército egipcio es, después del israelí, el principal aliado de Estados Unidos en la región. En 2011, el año de la revolución, la ayuda militar norteamericana a Egipto fue de 1.300 millones de dólares. La actuación de los militares llega además en un momento muy conveniente para ellos, ya que los Hermanos Musulmanes y el gobierno de Morsi han dilapidado la popularidad, la reputación de honradez y los réditos electorales que les dio el hecho de haber sido represaliados con saña por Mubarak, algunas de las razones de su éxito en las urnas el año pasado.
Como señalaba el analista Ignacio Álvarez-Ossorio, en un artículo publicado en El País el pasado día 3, «Morsi prometió ser el presidente de todos los egipcios y que no trataría de imponer una agenda islamista, exactamente lo contrario de lo que ha hecho después». Los Ijwan, precisa este analista, se han dedicado a intentar controlar todos los resortes del poder del Estado, sin mover ficha para tratar de asociar a otras fuerzas políticas en la compleja transición egipcia, exceptuando a los salafistas, el movimiento reaccionario y rigorista que no sólo no acepta la democracia sino que aspira a instaurar un califato islámico (un movimiento que cuenta con abundantes medios gracias a la financiación de Arabia Saudí).
A la creciente sectarización y polarización de la vida política egipcia se suma una situación económica que para buena parte de la población se resume en una palabra: miseria. La mitad de la población de Egipto vive bajo el umbral de la pobreza, mientras que otro cuarto de sus habitantes, casi el 25%, está también al borde de la privación extrema. Muchos egipcios no caen en la inanición debido a que algunos productos de primera necesidad, como la harina para fabricar el pan, están subvencionados.
El año pasado, la economía egipcia apenas creció un 1,8%, una tasa insuficiente para proporcionar alimento, educación y vivienda a una población que mayoritariamente es joven, con lo que ello implica, por ejemplo la necesidad de crear empleo para los numerosísimos jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo. El endeudamiento extremo del Estado, con una deuda pública que supera el 85% del Producto Interior Bruto, llevó al gobierno de Morsi a negociar un préstamo de 4.800 millones de dólares con el FMI, lo que atizó un justificado temor a que esta institución impusiera un duro plan de ajuste que dejara a la población sin las subvenciones que permiten a muchos egipcios sortear el hambre.
