El juez anula las cláusulas de la hipoteca que motivó la sentencia del tribunal europeo

BARCELONA// Mohamed Aziz fue desahuciado en enero de 2011 de su piso de Martorell, después de haber firmado una hipoteca con CatalunyaCaixa a la que no pudo hacer frente. Su caso motivó que el magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a la postre acabaría provocando la sentencia que declaraba ilegal la ley hipotecaria española y abría la puerta a paralizar procedimientos de desahucio en caso de existir cláusulas abusivas.

Pocos meses más tarde, la sentencia europea comienza a ser aplicada. El juez Seijo ha declarado nulas tres de las cláusulas del contrato hipotecario que Aziz firmó con la entidad financiera, lo que en última instancia podría comportar que se le devuelva la vivienda. Esta era la principal reclamación de su abogado, Dionisio Moreno, si bien el juez matiza en la sentencia que la devolución del piso es “compleja de articular”, puesto que desconoce si el piso donde vivía Aziz ya está ocupado por otras personas.

La deuda que Aziz debía abonar al banco estaba cifrada en 139.746 euros. Tras anular tres de las cláusulas de la hipoteca, esta deuda ha quedado reducida a 3.154 euros. Las cláusulas anuladas por considerarlas abusivas son la que fijaba los intereses en caso de incurrir en mora, la del vencimiento anticipado por un solo incumplimiento, y la de liquidez, que “permitía la determinación unilateral por parte del prestamista de la cantidad exigible”.

El desahucio se podría haber paralizado

“No tiene sentido que en el contexto de la crisis económica, cuando se debate sobre si es o no suficiente una moratoria de dos años en el lanzamiento respecto de personas especialmente vulnerables, se entienda como no abusiva una cláusula que permite el vencimiento anticipado de un préstamo con un solo incumplimiento de una cuota”, alega el juez.

El magistrado concluye que Aziz debiera haberse podido defender frente a las cláusulas abusivas durante el proceso de ejecución hipotecaria que le dejó en la calle, y que en base a ello podría haber pedido la suspensión del desahucio. Además, el juez critica en el fallo que la vivienda se valorara en más de 194.000 euros, “por un piso de poco más de 50 metros cuadrados en una barriada de una ciudad dormitorio a pocos kilómetros de Barcelona”.