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Opinión

El juez Velasco y la criminalización de los movimientos sociales

La autora mantiene que, con la interpretación del juez Velasco para imputar a los manifestantes ante el Parlament catalán en 2011, se rememora la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo

10 abril 2013
06:00
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El juez Velasco y la criminalización de los movimientos sociales
El juez Eloy Velasco en una imagen de archivo.

El pasado 3 de abril, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó un auto de imputación contra 20 jóvenes, en relación a los hechos acaecidos en el Parlament de Cataluña, el día 15 de junio de 2011. En este auto, anima, de paso, a la fiscal a pedir una pena de entre 3 y 5 años de prisión.

Este procedimiento se había iniciado a raíz de denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias el 16 de junio de 2011 ante la Audiencia Nacional.

Con independencia de la falta de imparcialidad demostrada por este magistrado, al facilitarle a la fiscal la pena que ella deberá pedir más tarde en su escrito de acusación, llama la atención del auto la excesiva creatividad jurídica demostrada, al inventarse un término hasta ahora desconocido en el Derecho Penal: “La intimidación ambiental”. Con este concepto, se refiere a la concentración del 15 de junio de 2011, a la puerta del Parlament en Barcelona, y, de paso, la tilda de violenta, agresiva y coactiva.

Así se expresa este innovador del Derecho Penal, el magistrado Velasco: “Los imputados identificados asumen, de ese modo, el contexto ambiental gravemente violento e intimidante del grupo que ayuda, acomete y fuerza el sometimiento del representante de la voluntad popular…” Se apoya, incluso, en la supuesta consigna política del grupo, Aturem el Parlament (Paremos el Parlamento) que tenía presuntamente previsto llamar la atención a los diputados antes de aprobar los presupuestos para 2011, que incluían grandes recortes sociales en sanidad, educación y otras prestaciones sociales.

A esta manifestación acudieron unas 2.000 personas, de las que 20 fueron detenidas en días posteriores por los Mossos d’Esquadra, una vez que esta fuerza policial extrajo de sus archivos datos personales obtenidos de protestas anteriores y con un proceso de identificación ilícito. Nuestro Derecho Penal exige la taxatividad, es decir, la concreción de los delitos y de las circunstancias que los agravan. No caben las interpretaciones extensivas ni, por tanto, las invenciones.

En el presente caso, el magistrado inventor fuerza la calificación de los hechos con un calzador, a la medida de las pretensiones políticas del órgano en el que ejerce sus funciones, la Audiencia Nacional, con el fin de criminalizar una conducta absolutamente lícita. Se busca, así, un castigo ejemplarizante para 20 personas con el fin de amedrentar a la población discrepante de las políticas neoliberales imperantes.

Mediante la creación de un nuevo término, la “intimidación ambiental”, los hechos aislados producidos, entre ellos pintar la gabardina de una parlamentaria, se exacerba la aplicación del Código Penal. De tal forma que, hechos que en un principio serían considerados, presuntamente, meras faltas, por la aplicación de un novedoso concepto inexistente hasta la fecha, se transforman en delitos, que prevén una pena de 3 a 5 años de prisión.

Todo esto nos suena a lo que se viene calificando como “invasión de la intimidad”, “coacciones” e “intimidación” a políticos en relación a los llamados “escraches”. En este caso, la libertad de expresión se penaliza erróneamente mediante la aplicación de conceptos ya existentes. Una conducta y otra conducen a la misma pretensión: la criminalización de los movimientos sociales y su estigmatización como grupos “violentos y antisistema”.

Todo esto, que no tiene parangón en nuestro Código Penal, nos recuerda a la Ley de Vagos y Maleantes, abierta a la arbitrariedad y carente de de concreción penal, que sirvió en su día de instrumento para privar de libertad a todo aquel elemento antisocial que se opusiera al orden establecido. En el marco de esa ley, los jueces eran los encargados de inventar e innovar, en cada caso, la conducta antisocial imputada al detenido, en aras a prevenir el comportamiento futuro y peligroso de la persona que tenían ante sí.

Es evidente, por tanto, que el juez Velasco, en un gran esfuerzo metonímico, parte de unos pocos hechos aislados, para llegar a la criminalización del todo, despreciando, de paso, las legítimas expectativas de la sociedad civil en el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión.

Volvemos, así, a reminiscencias de un pasado que se supone superado tras la promulgación de la Constitución Española. Esperemos que, finalmente, el trato futuro a estos jóvenes imputados se corresponda con lo exigible en un Estado de Derecho, donde los jueces están limitados a la aplicación de la ley, sin que quepa invadir el espacio propio del órgano legislativo, que diría Montesquieu.

[La autora es abogada defensora de varios de los imputados] @isaelbal

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Isabel Elbal

Isabel Elbal

9 comentarios

  1. roncero
    roncero 13/04/2013, 16:26

    No cabe duda alguna de que Velasco es un esbirro de la derecha. Si uno habla con él se da cuenta inmediatamente de que su enorme inteligencia, su exitosa locuacidad y su indudable ambición, que le llevaron a ostentar cargos de libre designación en gobiernos ultraderechistas (o sea, del PP).
    .
    Es el mismo juez -recordaréis- que admitió inicialmente como prueba un ordenador portátil requisado a guerrilleros colombianos tras haber sido “custodiado” por los servicios secretos estadounidenses… Alucinante que con esa “evidencia probatoria” se hubiese pretendido demostrar una insólita relación entre aquéllos activistas y la ETA. A eso se le llama procesalmente “instrucción creativa”, una de las habilidades del prepotente Velasco.
    .
    Fuera de eso, tampoco convendría exagerar con el conservadurismo de los todos jueces. Es indudable que, como privilegiados sociales, defienden el sistema que los mantiene en lo alto (como un farmacéutico, un encargado de obra o un sindicalista, por cierto) , pero también lo es que si de algún estamento del poder se puede decir que está evitando los excesos más sangrantes de los recortes de derechos, esa es la judicatura. Hay sentencias francamente arriesgadas (jurídicamente la ley es muy conservadora) mediante las que sacan el jugo que pueden: condonaciones de deudas, recursos ante tribunales europeos por los desahucios, aplazamientos de lanzamientos a pesar de los imperativos legales… El bombero que se negó a romper la puerta en un desahucio le echó huevos, pero no menos que el juez que declaró ilegales las preferentes o el que envío alguna ley a la justicia europea (valga la contradicción en los términos) para que apreciasen que en materia hipotecaria en España somos, simplemente, medievales.
    .
    Ser de izquierdas implica elegir cabalmente al enemigo. Y hay jueces que son enemigos (en la Audiencia Nacional, todos) pero la mayor parte, no. Seamos justos.

    Responder a este comentario
  2. vicent76
    vicent76 11/04/2013, 02:10

    La pena es que este tipo de jueces que parecen salidos de epocas pasadas, son mayoria dentro del sistema judicial español, y asi no hay manera.

    Responder a este comentario
  3. bakunin
    bakunin 10/04/2013, 22:48

    http://www.meneame.net/go.php?id=917652

    EL JUEZ VELASCO FUE DIRECTOR GENERAL CON EDUARDO ZAPLANA. ES DEL PP!

    ESCRACHE YA!

    Responder a este comentario
  4. bakunin
    bakunin 10/04/2013, 22:46

    El Juez Velasco fue Director General de Justicia en los gobiernos de E. Zaplanay de Fco. Camps. Es por tanto, sino mlitante, colaborador del PP. Hace falta decir más?
    http://www.meneame.net/go.php?id=917652

    Responder a este comentario
  5. Psicoloco
    Psicoloco 10/04/2013, 21:27

    Una razón más para creer que estamos en un fin de régimen.
    Parece un coletazo más de deseesperación. Y la suma de éstos sigue…

    Responder a este comentario
  6. Flanagan
    Flanagan 10/04/2013, 21:01

    LA POLICIA DE RAJOY acaba de proclamar el espacio en donde exista algún domicilio de político pepero en el que no se permitirán manifestaciones ciudadanas de protesta:

    Círculos de 95 metros de radio prohibidos a los que protestan.

    Haced esta prueba gráfica y vereis en lo que van a quedar huelgas y manifestaciones del Pueblo con el desgobierno Pepé.

    Coged un compás y marcad en un plano urbano un círculo con un radio de 95 metros en cualquier punto de una ciudad en donde supuestamente anide un político canalla pepero; otro mas allá, otro y así hasta ocho círculos en distintos puntos sabiendo que hay muchos más personajes peperos en una ciudad.

    Con diez círculos de trescientos metros de perímetro habreís cubierto todo el espacio de la ciudad de Barcelona, Madrid o Bilbao.

    ¿ Y en donde se van a manifestar los ciudadanos asaltados por el Pepé?

    Esto confirma que Rajúa Buey con su banda gurtelera es el Angel Exterminador.

    No vengan con cuentos del *sufrimiento* de unos hijitos de políticos que están confortablemente protegidos en sus apartamentos de lujo ganados por sus papás a gurtelazo limpio, porque aunque sea deplorable, mucho mas lo es el caso de los niños que ven a corta edad como sus padres que tienen que protegerlos, son maltratados y lanzados a patadas de sus hogares hacia la nada. Estos niños traumatizados para toda su vida posiblemente no sobrevivan y si lo consigue alguno, solo podrá ser para intentar en el futuro descargar su odio y su venganza contra la sociedad que le agredió sin razón.
    La diabólica máquina pepera fabrica monstruos para el futuro, exactamente igual que lo hizo Franco.

    Responder a este comentario
  7. parado
    parado 10/04/2013, 19:50

    Una parte importante de la judicatura, no se cuanta ni si es mucha o poca, está a favor de esta represión necesaria para mantener el “status quo”.
    Ya no saben que inventarse y más ahora que puede a ver otro tipo de movimientos parecidos contra los representantes del poder popular.
    Este juez se merece un escrache ya verás como no dice tantas tonterías.

    Responder a este comentario
  8. Pedro
    Pedro 10/04/2013, 15:47

    Por un lado, endurecimiento de las penas y acciones policiales contra los sin techo y manifestantes, por otro se suaviza hasta el extremo la legislación contra los evasores de capitales y de impuestos. Esto no es un Estado de Derecho que actúa conforma a la legislación sino el cortijo del terrateniente en el que el juez-capataz interpreta la ley de acuerdo con los deseos del señorito.

    Responder a este comentario
  9. álex
    álex 10/04/2013, 11:52

    Desconozco los cauces legales para hacerlo, pero hay que empezar a impugnar las decisiones judiciales que intentan socavar los derechos de la ciudadanía y a quienes las toman e interponer denuncias por prevaricación o por la figura legal que sea contra los magistrados que ejerzan su poder para tratar de intimidarnos y mantener el “statu quo”, criminalizando la discrepancia.

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